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Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura de la UNAM, el CCH Azcapotzalco, la ENES Mérida, el CIDE, así como investigadores y miembros de organizaciones como ProCienciaMx, ADIAT y académicos a título personal, entre otros, se sumaron al paro nacional de 24 horas en protesta por la aprobación de la Ley General de Ciencia, por parte del Poder Legislativo.
En otras instituciones, como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el paro fue voluntario y apoyado por su sindicato; en tanto, en el campus Morelos de la UNAM, académicos llevaron a cabo una concentración para protestar y rechazar la aprobación en “fast track” de la ley de ciencia por parte de la Cámara de Diputados y el Senado, en jornadas y sesiones que reflejaron sin decoro la desaparición de la división de poderes y el mayor desaseo legislativo en muchos años. El tema llegó este martes a las páginas de la revista “Science”.
Por otra parte, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) externó su rechazo a la Ley general de ciencia aprobada en “fast track” por legisladores de Morena y aliados, y se unió al paro de labores este martes.
En un comunicado señalaron que la ley aprobada “representa un abuso de poder y una imposición que ignora la realidad de nuestro país, al pretender gobernar centralmente y promover una ciencia imaginaria que produce beneficios sin requerir de empresarios, ingenieros ni tecnólogos”.
Tras enumerar las inversiones que sus agremiados han realizado con el gobierno federal, exigió que “se revise la ley y se tome en cuenta la realidad del país, para que se promueva una ciencia real que genere beneficios para todos los mexicanos, que no solo gobierne para unos pocos en el sector público”.
El descontento atomizado y paro de labores se difundió a través de redes sociales, donde académicos de Centros Públicos de Investigación, de la Universidad Nacional hicieron público su descontento y paro de actividades a lo largo de este dos de mayo.
RECHAZO.
Por otra parte, en suma al rechazo de la aprobación de la ley general de ciencia, expuesta por distintas organizaciones académicas como las academias de Ciencias, Ingeniería, Medicina y de Ciencias de Morelos, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) expresó su preocupación por la legislación y enumeró –como se ha hecho hasta el cansancio y con el desdén de las autoridades y legisladores– los puntos clave en gobernanza, financiamiento y libertad de investigación que son vulnerados.
“Preocupa de manera particular a los estudiantes e investigadores que hacen ciencia en instituciones particulares de educación superior. Bajo la ley aprobada, las becas y los estímulos otorgados por el Estado en el marco del Sistema Nacional de Investigadores sólo serán reservados para aquellas personas adscritas a instituciones públicas. Ello resulta discriminatorio y violatorio de lo establecido en el Artículo 1 de la Constitución, pero también contradictorio del objetivo primordial perseguido por la norma, que constituye en garantizar a todas las personas el derecho humano a la ciencia”.
Por otra parte, sólo Conacyt se ha congratulado por la aprobación de la ley general elucubrada en sus oficinas, ninguna institución académica ni asociación científica, empresarial o civil y menos algún grupo estudiantil se ha pronunciado favorablemente. En cualquier momento se pronunciarían los directores de los Centros Públicos de Investigación, como lo han hecho en otros actos de febril obediencia.
EN REVISTA “SCIENCE”.
El artículo “In frenzied vote, Mexico's lawmakers pass controversial science reform bill” (En votación frenética, los legisladores de México aprueban controvertido proyecto de ley de reforma científica), recuerda que muchos científicos se opusieron a la reforma, bajo el argumento de que reforzará el control del gobierno sobre la ciencia. “Pero fue aprobada en una serie de votaciones rápidas la semana pasada, incluida una el 29 de abril cuando los senadores del partido gobernante abandonaron su cámara debido a una protesta y aprobaron la medida después de solo 14 minutos de debate, sin la presencia de legisladores de la oposición”.
El artículo realizado por Alejandra Manjarrez, en el que entrevista a académicos del Cinvestav, UNAM y UABC –publicado en el portal de noticias de la prestigiosa revista– recuerda que después de que muchos científicos se opusieran a un primer borrador de la ley publicado a fines de 2020, en parte porque dijeron que otorgaba demasiado poder a Conacyt, administrado este sexenio por Elena Álvarez-Buylla, el gobierno dijo que revisaría el plan. “Pero esa revisión, presentada al Congreso en diciembre de 2022, hizo poco para calmar las preocupaciones de muchos científicos. Y los críticos dicen que la versión ahora aprobada conserva una serie de disposiciones problemáticas”.
El texto recupera además la historia de ilegalidad y desaseo legislativo ocurrido en el Senado, así como las preocupaciones de los entrevistados, entre ellos David Romero, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y miembro de ProCienciaMx.
El texto refiere que la ley aprobada aún tendrá el reto de probar su legalidad. “Los científicos mexicanos han tenido que enfrentar una gran cantidad de obstáculos”, dijo Romero. “Este es un obstáculo más que podremos superar”.
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