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La Cámara de Diputados convocó este fin de semana a la realización de encuentros de Parlamento abierto para redactar una iniciativa final de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. En un video de un minuto de duración y un breve comunicado escrito, las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación difundieron los puntos de contacto para que se inscriban los interesados en exponer puntos de vista a los legisladores y anunciaron que la primera sesión de trabajo se realizará el miércoles 29 de marzo.
Elaborar ese marco normativo es un mandato que surgió en mayo de 2019, cuando se reformó el Artículo 3 Constitucional en materia de educación y acceso a los beneficios generados de los avances de la investigación.
El sentido profundo del Parlamento abierto es que los y las legisladoras conozcan las propuestas, reflexiones e inquietudes de la sociedad mexicana sobre la nueva Ley General, como explican en el video de invitación.
“En la Sexagésima quinta legislatura estamos convencidos que escuchar todas las voces, fortalece nuestra democracia”, indicó en el mensaje de la Cámara, la diputada Flora Tania Cruz Santos, Presidenta de la Comisión de Educación e integrante de la fracción del Partido Morena, originaria de Veracruz.
“Es fundamental para nosotros escuchar tu voz, tus opiniones, tu punto de vista sobre dónde está nuestro país y a dónde tiene que llegar”, agrega en el mismo mensaje el Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier Joaquín López Casarín, integrante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y representante de la Ciudad de México.
Las sesiones se llevarán a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Salón Protocolo del Edificio C.
LEGADO GENERACIONAL.
Aprobar una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, como se ordenó el artículo SEXTO TRANSITORIO de la reforma constitucional de 2019, es el acto político y jurídico más importante que ocurrirá dentro del ecosistema de investigación de México en la presente administración.
Ningún otro cambio normativo es tan importante como el redactar una nueva Ley General, aunque es importante recordar que en los últimos cuatro años y medio se han realizado diferentes cambios en las reglas del juego o normatividad de las oficinas de gobierno e instituciones responsables de que se realice en México investigación en humanidades, ciencia, tecnología e innovación.
Desde fines de 2018, se comenzó a trabajar en cambios al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); se generó una gran controversia y movilizaciones por la desaparición de los fideicomisos de investigación científica; desaparecieron programas y oficinas por los diferentes cambios a los estatutos y Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y explotó un problema laboral que llevaba incubándose desde antes del actual gobierno: la falta de claridad en el régimen laboral de los científicos del programa Cátedras Conacyt, hoy llamados Investigadores por México.
Se han presentado, en las Cámaras de Senadores y Diputados, un total de cinco iniciativas para la elaboración de la nueva Ley General, pero la realidad es que el proceso legislativo sólo comenzó a moverse con celeridad cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó su propia Iniciativa de Ley General a la Cámara de Diputados, el 13 de diciembre de 2022.
Esa iniciativa es la que ha tenido más visibilidad, pues fue elaborada originalmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que organizó consultas y foros antes y después de la elaboración de la iniciativa, para defender sus planteamientos legales. Una de las críticas más repetidas a la iniciativa enviada por el Presidente es el hecho de que muchos académicos han expresado, en decenas de cartas públicas, que los puntos de vista que expresaron y los cambios que pidieron en los foros de consulta no fueron tomados en cuenta para redactar el documento que se envió de Presidencia a la Cámara de Diputados:
¿Cuántas iniciativas se discutirán?
“Crónica” informó en primicia, el 14 de febrero, que se realizaría un Parlamento Abierto para analizar la futura Ley General de Ciencia. Lo cual fue externado por el Presidente de la Comisión de Ciencia, Javier López Casarín. Se dijo que se buscaría aprovechar lo mejor de todas las iniciativas presentadas. Dos semanas después, la Diputada María Eugenia Hernández, secretaria de la misma Comisión, dijo que sólo se discutiría la iniciativa presidencial. Sin embargo, en las mismas semanas decenas de grupos han pedido que se analicen todas las propuestas, incluyendo a directores de Facultades e Institutos de la UNAM, académicos del Instituto Mora, Ecosur, CIDE, CIESAS, Colef, UAM, estudiantes becados en el Reino Unido, Colectivo por la Ciencia y Academia Mexicana de Ciencias, entre otros.
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