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La Fiscalía General de la República (FGR) recibió un nuevo revés en su intento por encarcelar a 31 científicos y académicos mexicanos, a los que acusó en el año 2021 de diferentes delitos, entre los que destacaban lavado de dinero y delincuencia organizada. Este domingo se informó que un Tribunal Penal Federal determinó que debe cancelarse definitivamente la acusación de la FGR contra tres de los investigadores a quienes acusó de haber participado en una supuesta trama para desviar indebidamente 244 millones de pesos para la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México decidieron rechazar, por mayoría de votos, la carpeta presentada por la FGR junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que solicitaba la aprehensión y juicio contra los tres investigadores.
Los tres académicos que reciben la protección legal son Regina María Alarcón Contreras, Inocencio Higuera Ciapara y el ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Luis Mier y Terán. En agosto de 2022 el mismo tribunal también desechó la acusación contra la física Patricia Zúñiga, por lo que cuatro de los 31 acusados ya fueron protegidos por la Ley en juicios separados, pero quedan la amenaza contra otros 27 que no han concluido sus juicios de defensa.
REITERAN POSTURA
La nueva decisión de Tribunal Penal coincide con la determinación que ya había tomado un juez federal en septiembre de 2021, cuando rechazó dos veces las peticiones de la FGR que pedía que se libraran órdenes de aprehensión contra 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt que entre los años 2002 y 20021 ejercieron algún cargo en el FCCyT o en la junta de gobierno de Conacyt que era la responsable de financiar al Foro.
Ahora, el tribunal determinó que el juez que negó dos veces emitir las órdenes de aprehensión debió aclarar que los hechos denunciados por la Fiscalía no constituyen delito y así dar certeza jurídica a las víctimas y detener la amenaza de llevar a los científicos al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez por supuesta delincuencia organizada. Con el nuevo fallo se ordena a la FGR cancelar definitivamente el expediente, no seguir investigando ni nutriendo la carpeta acusatoria.
El argumento central que han usado los científicos para desarticular las acusaciones de la Fiscalía ha sido demostrar que la entrega de dinero público al FCCyT es una obligación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que está incluida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente desde 2002, por ser el foro un mecanismo de consulta donde confluyen gobierno, academia, poder legislativo y sector privado.
El conflicto emergió cuando el actual gobierno federal cuestionó la naturaleza del Foro, que era reconocido como Asociación Civil en el estatuto del Conacyt, pero que al asumir el control un nuevo grupo político modificó el estatuto y canceló el argumento legal para entregar financiamiento.
El juicio trata de detener la amenaza latente que existía contra los investigadores porque, a pesar de que desde el 21 de septiembre de 2021 un juez había rechazado dos veces las solicitudes de orden de aprehensión contra científicos, cuatro días después la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, por tercera ocasión, volverá a pedir órdenes de aprehensión contra 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt que dirigieron o participaron en actividades del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Ese 26 de septiembre de 2021 se presentó una agitación generalizada dentro del ecosistema mexicano de investigación y desarrollo en que se multiplicaron las cartas y exhortos y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, canceló su asistencia a eventos donde hablaría la actual directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Un día antes, el rector de la mayor y más influyente universidad del país habló en el Palacio de Minería había dicho que es “un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”
A pesar de que fue la dirección de Conacyt quien decidió desde 2020 frenar el pago de obligaciones presupuestales al Foro Consultivo Científico y Tecnológico y argumentar públicamente que se trataba de una irregularidad e ilegalidad, cuando la mayoría de la comunidad científica protestó contra las órdenes de aprehensión a investigadores y académicos, el Conacyt quiso deslindarse de las acusaciones y sembrar la idea de que era un plan de los medios de comunicación. En su comunicado de prensa 245, del año 2021, afirmó que “Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”. El tiempo mostró que sí existía y existen carpetas de investigación estructuradas para intentar encarcelar a científicos, con datos aportados por Conacyt, las cuales no prosperaron por no constituir delitos, como sigue señalando el Poder Judicial Federal.
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