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Las posiciones públicas a favor y en contra de la nueva iniciativa de Ley General de Ciencia se endurecieron en dos de los 27 Centros Públicos de Investigación Conacyt: mientras el Colegio de Investigadores del Instituto Mora difundió la noche del miércoles una carta pública señalando que la iniciativa de Ley atenta contra la libertad de investigación, derechos laborales, seguridad financiera y autonomía de los Centros Públicos de Investigación; el jueves por la mañana el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizó un foro de análisis de cuatro horas, donde el Titular de Articulación Sectorial del Conacyt, Alejandro Díaz Méndez, dijo que los medios de comunicación han difundido mentiras sobre la iniciativa de Ley que mejoraría la transparencia y participación de los investigadores en la toma de decisiones.
La nueva iniciativa de Ley General de Ciencia fue enviada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre del 2022 y fue turnada a Comisiones, donde se espera que inicie su discusión en febrero.
CARTA PÚBLICA
Por considerarla un retroceso frente a los avances en el derecho humano “a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”, que marca la Constitución mexicana en su artículo 3, el Colegio de Investigadores del Instituto Mora emitió el miércoles por la noche una postura pública de “desacuerdo en lo general” con la nueva iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Lay HCTI).
En su carta, de tres páginas, los investigadores del Instituto Mora explican cuál es la causa específica de su preocupación en lo que respecta a diferentes cambios y retrocesos que la iniciativa de Ley puede provocar en los avances actuales en la investigación, en el trabajo de los Centros Públicos de Investigación y en derechos ganados por los mexicanos.
En cinco puntos señalan que la iniciativa Restringe la libertad de investigación; ataca los derechos laborales adquiridos por el personal de los Centros Públicos de Investigación; restringe la participación de la comunidad académica al quitarles el voto en decisiones de gobierno colegiadas; elimina los compromisos y obligaciones del gobierno federal para otorgar presupuesto creciente a la investigación, y crea condiciones para que los Centros Públicos de Investigación pierdan la autonomía que han construido a lo largo de décadas.
Fundado en la Ciudad de México, en 1981, el Instituto de Investigaciones Dr José María Luis Mora, es uno de los 27 Centros Públicos de Investigación Conacyt, que es una red de instituciones de investigación científica, tecnológica y de humanidades que nacieron en procesos diferentes a lo largo de los últimos 53 años y que hasta ahora conservan independencia en sus formas de organización interna, aunque su financiamiento es entregado a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
REVIRA CONACYT
Durante la mañana del jueves, el CIDE realizó un foro de análisis de cinco horas llamado Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación: análisis por jóvenes investigadores, donde se hizo un análisis crítico de los problemas que enfrente el actual ecosistema de investigación científica y, bajo la coordinación del Director José Antonio Romero Tealleche se subrayaron las ventajas de la iniciativa que propone el actual gobierno. En el foro estuvo presente la Coordinadora Temática de Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la legisladora María Eugenia Hernández Pérez.
Al dar la bienvenida, por parte de Conacyt, el Titular de la Unidad de Articulación Sectorial, José Alejandro Días Méndez, dijo que: “En cuanto a los Centros Públicos de Investigación, contrario a lo que se ha dicho en algunos medios, sin sustento objetivo, la propuesta no contempla una desaparición, ni debilitamiento de los Centros Públicos de Investigación. Por el contrario, los reconoce como instituciones fundamentales para alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país”.
EL CONGRESO
A pesar de que las Cámaras de Diputados y Senadores de México se impusieron a sí mismas aprobar una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de que concluyera el año 2020, los legisladores de los grupos mayoritarios de la anterior legislatura, que concluyó funciones en 2021 y de la actual, que ya lleva un año trabajando, han evadido su responsabilidad y se habían mantenido a la espera de la iniciativa de Ley que esperaban que fuera armada por el Poder Ejecutivo, los legisladores crearon y se autoimpusieron la tarea de crear y aprobar una nueva Ley de Ciencia cuando aprobaron la Reforma al artículo 3 Constitucional, en mayo de 2019; hace tres años con ocho meses.
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