Búsqueda
Académicos de diversos Centros Públicos de Investigación, universidades y otras instituciones se han organizado para ampararse ante los efectos de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en un proceso legislativo “desaseado” y en “fast track” por las bancadas mayoritarias en las cámaras de Diputados y Senadores a finales de abril.
Para ello, grupos de académicos (as), organizados por la red Ciencia Plural Mx, han empleado los servicios legales de la Organización Uniendo Caminos México, que ha llevado a cabo diversas estrategias legales en la defensa de derechos humanos, entre las cuales se encuentra la suspensión definitiva del mando de la Guardia Nacional a la Sedena.
En entrevista, con Joan Ochoa Sada, abogado de la agrupación, explica por qué es importante que las científicas (os) que sientan vulnerados sus derechos se amparen, desechen el miedo y confíen en una estrategia que ha funcionado en otros casos incluso de mayores implicaciones políticas, como el mencionado en materia de seguridad.
“Hay muchas afectaciones de la ley a este gremio, desde la forma en que se aprobó, hasta en la libertad de investigación y cátedra que enfrentarán, relacionado con la conformación de la Junta de Gobierno del nuevo Conahcyt, que contará con la participación de 13 secretarías de Estado, incluyendo a la Sedena y la Semar. El objetivo es generar amparos de estos grupos para declarar inconstitucional la aprobación de esta ley”.
La estrategia legal que llevan a cabo, añadió, consiste en trabajar con grupos colectivos para generar amparos, con lo cual buscan mostrar a la ciudadanía su efectividad ante una violación a los derechos humanos. Estos grupos se conforman por 10 personas miembros de la comunidad científica, pertenecientes a instituciones públicas y privadas, quienes representan un amparo.
Después de la publicación de la nueva ley en el “Diario Oficial de la Federación” (8 de mayo), los interesados tienen un plazo de 30 días para interponer el recurso legal. El abogado explica que el objetivo es lograr, al menos, 30 amparos en diferentes estados del país para que los jueces suspendan provisional o definitivamente los efectos de la ley que, en muchas instituciones, principalmente CPIs, ya han comenzado, según lo compartido por académicos a este diario.
Hasta ahora se tienen casi la mitad de esos 30 amparos, añade el litigante y activista jurídico, teniendo en cuenta que apenas la semana pasada se había establecido la redacción del amparo. Hay más amparos en curso, añade, y se tiene hasta ahora la presencia de miembros de la comunidad científica de los estados de Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Yucatán y la Ciudad de México.
Esta estrategia jurídica es complementaria a la que puedan llevar a cabo legisladores de la oposición, añade, quienes buscarían la inconstitucionalidad de la ley. Cuando se frenó el proceso para que la Sedena tomara el mando de la Guardia Nacional, añade, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró su inconstitucionalidad y resolvió antes que los jueces.
“Pero la agenda de la Suprema Corte no siempre toma estos temas de manera inmediata, como lo fue también el caso del Plan B. En este caso debemos considerar que la aprobación de la ley viene con un paquete de 20 reformas aprobadas en 5 horas el pasado 28 de abril por los legisladores; si la SCJN no considera el tema urgente puede esperar el turno en una agenda establecida, no obstante, un juez puede resolver algo antes”. Por ello, apunta, es importante el amparo.
“De esta forma, los académicos pueden obtener una suspensión provisional o definitiva, lo cual a su vez proporciona tranquilidad al juez o a la misma SCJN para que tengan el tiempo necesario de estudiar el proyecto y determinar su inconstitucional. Cuando suspendes una ley, así tarde uno o dos años en resolverse, sus efectos no pueden continuar. Por eso es importante lograr una suspensión a través del amparo, por eso estamos colaborando con la comunidad científica, una vez lograda no se podrán acelerar los cambios que establece la ley general de ciencia”.
Algunos miembros de la comunidad científica con los que ha tenido comunicación “Crónica” han expresado miedo a entablar un litigio, no obstante, que en este caso se trata de la defensa de sus derechos humanos establecidos en la Constitución. Aun así, el abogado de Uniendo Caminos refiere que, si bien el miedo puede paralizar, las estrategias jurídicas establecidas por esta organización no hacen más que hacer prevalecer la ley. Incluso en temas más complejos y politizados desde la misma Presidencia, agrega, no les ha provocado represalia alguna.
“A pesar de que las cosas están complicadas, prevalece el Estado de Derecho, lo cual puede tranquilizar a científicas y científicos, quienes crean que sus derechos se violan. Al final, decidirá un juez, así funciona la división de poderes”.
Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .