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¿Por qué es tan grave la suspensión de las evaluaciones y la destitución de la doctora Catherine Andrews en el CIDE?
La académica fue separada de su cargo como secretaria académica por no cancelar la comisión académica dictaminadora (CADI), la cual evalúa a los profesores de la institución, como lo solicitó el director interino –instaurado por la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, y candidato a director para un periodo completo– José Romero Tellaeche. Debido a lo anterior y ante la defensa de la legislación académica del CIDE, Andrews fue destituida, por un “acto de rebeldía”.
Los académicos del CIDE han sido cautos en emitir opiniones debido a las represalias de las que puedan ser objeto. No obstante, un destacado académico de la División de Historia expuso en redes sociales el trasfondo de lo que acontece en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quizá el Centro Público de Investigación (o Centro Conacyt) con mayor carga política entre éstos.
El académico señala que las CADI son el proceso interno más delicado del CIDE, puesto que definen su estatus laboral y su permanencia en la institución. “Se trata de procedimientos cuidadosamente regulados y preparados con meses de antelación, en los cuales participan no solamente las principales autoridades del centro, sino también un representante de todos los profesores y tres evaluadores externos. La idea es reducir al máximo posible el grado de arbitrariedad de las evaluaciones y evitar que se pongan en riesgo los derechos laborales del profesorado”.
Tras relatar el evento expuesto por la misma Andrews en Twitter la noche del martes, el académico añade que los sucesos no sólo ponen en riesgo el futuro laboral de los investigadores “que íbamos a ser evaluados esta semana, sino que afectan gravemente el funcionamiento regular de la institución” (ante la ausencia de un secretario académico. “Además, sientan un precedente peligrosísimo para todo el personal académico, pues parecería que el director general puede manipular la celebración de evaluaciones a su antojo”.
Añade que el trasfondo de la destitución y cancelación de los CADI “es bastante evidente”: el objetivo real de Romero Tellaeche es postergar las evaluaciones hasta que tenga la capacidad de controlar las comisiones dictaminadoras y de iniciar una purga total de la institución. Estamos ante un comisario político en acción”.
ALUMNOS.
Un día después de que trascendió el incidente administrativo en el centro de investigación, sociedades de alumnos, exalumnos y el sindicato de la institución externaron su preocupación al director interino, así como a la opinión pública.
“Comunicamos nuestra preocupación e inconformidad ante la situación que acontece en nuestra casa de estudios (…) la destitución que responde a criterios arbitrarios y al uso desproporcionado de las herramientas institucionales”, señala una carta firmada por alumnos de las licenciaturas y posgrados de la institución, así como de los colectivos CIDEFem, CIDE+, CIDEOllïn y las sociedades de alumnos Politeia, LexCIDE, SéCIDE. La misiva recuerda que éste no es el primer acto de arbitrariedad del director interino, en referencia a la destitución de Alejandro Madrazo, como director de la región Centro de la institución.
“Como acto solidario con las personas destituidas, y para evitar abusos de poder en el CIDE, exigimos que se abran los canales de diálogo y contrapesos, de no ser así los estudiantes del CIDE estamos obligados a tomar decisiones de difusión, protesta y movilización de forma escalonada (…)
“Nos pronunciamos en contra de esta serie de atropelladas decisiones unilaterales, las cuales han desestabilizado a la institución y ha extendido la preocupación respecto a nuestro futuro y el del CIDE”.
“INACEPTABLE”.
Por su parte, la sociedad de egresados de la institución, CIDE Alumni, publicó un comunicado donde condenan las “remociones sin fundamentos de académicos y directivos, lo que constituye una serie de actos arbitrarios, en detrimento de la calidad académica de excelencia y los principios de libertad de cátedra que ha defendido el CIDE”.
Estos hechos, agrega, se dan en el contexto del proceso de selección del director general del CIDE, el cual concluirá el próximo 29 de noviembre, cuando la directora general de Conacyt designe al nuevo director. “La decisión de Romero es una afrenta directa a la comunidad del CIDE, que ha participado y cooperado con el gobierno federal en este proceso”.
Desde el CIDE Alumni, continúa, la comunidad egresada del CIDE “hace un llamado al director general interino, José Antonio Romero Tellaeche, a explicar de manera pública estas decisiones, que representan actos de abuso de autoridad contra la comunidad de estudiantes y profesores, así como de la institución”.
Finalmente, en una carta dirigida al director interino, el Sindicato del Personal Académico del CIDE (SIPACIDE) externó que es “grave e inaceptable que no se hayan realizado todas las sesiones de las CADI, a pesar de haber sido programadas en tiempo y forma, en estricto apego a la normatividad del CIDE.
La pretensión de suspender, unilateral y repentinamente, la sesiones de las CADI, añade, violenta el debido proceso y, por tanto, genera incertidumbre en cuanto a los derechos laborales del personal académico del CIDE.
“El SIPACIDE condena enérgicamente esta decisión y exige que los procesos de evaluación se lleven a cabo a la brevedad, con la conformación actual de las CADI y con estricto apego a la normatividad del CIDE”.
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