Búsqueda
Los agravios y resistencias de comunidades, ejidos y organizaciones campesinas sufridos en las últimas dos décadas fueron revividos cuando el actual gobierno anunció la construcción del Tren Maya ante los impactos socioambientales y afectaciones que provocarían tanto la obra como los desarrollos turísticos e inmobiliarios derivados de ésta, plantea el doctor Carlos Rodríguez Wallenius, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Este proyecto –sin duda la obra de infraestructura más ambiciosa de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador– ejemplifica la orientación neodesarrollista del régimen y el tipo de respuesta de la política gubernamental frente a los efectos que tendrán en la vida y zonas rurales de la península, en los ámbitos ambientales, territoriales, sociales y culturales.
En el texto Geopolítica de las resistencias socioambientales frente a la construcción del Tren Maya, el investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM analiza las principales resistencias impulsadas por organizaciones indígenas, campesinas y colectivos civiles y ambientalistas en torno al proyecto.
Desde la década de 1970, con la puesta en marcha de Cancún como destino turístico y durante los años posteriores se intensificaron políticas neoliberales impulsadas por gobiernos federales que permitieron el crecimiento de la Riviera Maya, concesiones privadas de autopistas, puertos y sistemas de agua potable.
Todas esas actividades representaron agravios y afectaciones que fueron enfrentadas por algunas poblaciones mayas que trataban de mantener sus modos de vida campesina en los territorios y ahora, de nueva cuenta, se presentan con este megaproyecto de infraestructura a cargo del Fondo Nacional de Fomento Turístico (FONATUR) –que se calcula costará 150 mil millones de pesos y concluirá en 2024– atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Aun cuando el Tren Maya representa una apuesta por impulsar el desarrollo y el crecimiento económico de la región, también acarreará los impactos que tienen los modelos de turismo de enclave, agronegocios y desarrollo inmobiliario relacionados con las afectaciones al modo de vida campesino de un poco más de dos mil comunidades y 300 ejidos en la península de Yucatán, el norte de Chiapas y el oriente de Tabasco.
“También se ha expresado la inquietud por la destrucción de selvas y el hábitat en las áreas cercanas al tren en los trazos Cancún-Bacalar-Escárcega, sobre todo afectaciones por deforestación que sufrirán la Reserva de la Biósfera de Calakmul y la Zona de Conservación Estatal de Balamkú”.
El artículo, que forma parte del libro Llover sobre mojado. Conflictos socioambientales frente al extractivismo y megaproyectos en tiempos de crisis múltiples –editado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco– que fue coordinado por los doctores Aleida Azamar Alonso y el propio Rodríguez Wallenius, refiere que a las afectaciones se suma la interrupción de pasos naturales de aves y animales, que serán cortados por las vías.
En cuanto a las afectaciones territoriales el autor destaca las inquietudes por el posible despojo de terrenos y de bienes naturales como el agua o los paisajes no sólo por el tren –que tendrá mil 502 kilómetros de vía férrea con 19 estaciones y 11 paraderos– sino por el crecimiento urbano y turístico en las áreas donde se instalará.
En varias poblaciones y ciudades ha generado especulación de terrenos y en algunos municipios se ha aumentado el impuesto predial a los terrenos urbanos, además que representa una afectación social pues se están desalojando viviendas y cortando instalaciones de infraestructura urbana construidas en el área de derecho de vía, con lo que son afectadas muchas familias.
También podría provocar problemas al patrimonio arqueológico debido a la construcción de las líneas férreas y estaciones, sobre todo en la franja sur de los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en donde hay centenas de pequeños sitios arqueológicos con basamento, viviendas y templos de la civilización maya que aún no han sido resguardados, a pesar de que han sido denunciados por trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En este contexto, el académico señala que el conjunto de cuestionamientos expresados en comunicados, resolutivos y conferencias de prensa muestran a un sector relevante de actores sociales que rechazan el megaproyecto, sobre todo porque muchas de estas organizaciones regionales y colectivos comunitarios están asentados en los territorios afectados por el ferrocarril.
“Se ha conformado un grupo de organizaciones sociales y colectivos comunitarios, sobre todo en la península de Yucatán, que cuestionan desde diversas perspectivas el Tren Maya”, pues tienen antecedentes, como en el caso del rechazo de ejidos al modelo de turismo de enclave que hizo que hoteles e inversionistas se apropiaran de miles de hectáreas de terrenos en el Caribe mexicano”, enfatiza.
Desde la etapa inicial del proyecto no se tomó en cuenta la resistencia expresada por algunos grupos sociales desde el periodo previo a la consulta, que constituyó una argumentación crítica.
Así, las organizaciones obtuvieron amparos provisionales y suspensiones definitivas en favor de pobladores que limitan la construcción de nuevas instalaciones del tren en los tramos 1, 2, 3 y 7, hasta el momento de concluir el avance, puntualiza el doctor Rodríguez Wallenius.
Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .