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Este 20 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que Conacyt suspenderá diversas de sus actividades debido al incremento de casos de Covid entre su personal. Entre las áreas que suspenden sus actividades se encuentra la Unidad de Asuntos Jurídicos, por lo que la Oficialia de Partes del Conacyt “deberá abstenerse de recibir promociones, demandas, juicios de amparo, emplazamientos, requerimientos judiciales, así como otra notificación proveniente de autoridades jurisdiccionales…”.
Al respecto, la comunidad del CIDE agrupada en la Asamblea Permanente señaló que la medida coincide con el amparo interpuesto por miembros del Consejo Académico de la institución para suspender la próxima reunión de la Asamblea de Asociados del CIDE, reprogramada para el lunes 24, y que tiene como objetivo reformar sus estatutos de manera ilegal y legitimar “ex post” la designación de José Romero Tellaeche como director.
“Esta estrategia está destinada a obstaculizar la defensa del CIDE que su comunidad ha emprendido por vías legítimas, en las que el interés máximo siempre ha sido la restitución de la legalidad en la institución”, suscribe la Asamblea en un comunicado.
A su vez, Conacyt, a través de un comunicado, refiere que se han reportado casos aislados de COVID-19 en todas las áreas administrativas del Conacyt, sin embargo, "éstas no presentan los altos niveles de contagio registrados en la Unidad de Asuntos Jurídicos, por lo que se informa que el resto de las unidades y áreas de este Consejo continúan activas, trabajando de manera habitual y atendiendo de manera estricta la normativa y medidas recomendadas por las autoridades sanitarias".
Por su parte, en la Asamblea Estudiantil denunció que el acuerdo es evidentemente inconstitucional por innecesario y desproporcionado. “Existen otras alternativas que permiten proteger el derecho a la salud de los trabajadores y, al mismo tiempo, evitar las afectaciones a los derechos de acceso a la justicia ya la educación”.
La medida, refieren los estudiantes, es un reconocimiento implícito de la ilegalidad de las acciones de Conacyt, así como “un intento desesperado por frenar lo inevitable y una manifestación de desprecio a la justicia. Confiamos en que judicatura federal rechazará estos atropellos y que, en su momento, nos protegerá de los abusos de Conacyt”.
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