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“A través de aseveraciones fundadas en información falsa y tergiversada, la cual algunos medios de comunicación han replicado sin el menor rigor periodístico, organizaciones y personas que ostentan dedicarse a la academia e investigación científica han emprendido una campaña de mentiras y desprestigio sobre la iniciativa de la primera Ley General…” de ciencia, espetó Conacyt a través de un comunicado, días después de que se hizo público un exhorto firmado por “personas que ostentan” pertenecer a la academia científica del país, más de dos mil investigadores e investigadores bien identificados de universidades públicas y privadas de todo el país, Centros Públicos de Investigación e instituciones de salud y de instituciones educativas extranjeras.
Coincidentemente, este jueves, tres de las academias científicas más importantes de México expresaron de igual manera su preocupación ante la iniciativa: la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería de México y la Academia Nacional de Medicina.
“El trabajo científico y la inversión de décadas está hoy en peligro debido a la nueva propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación elaborada por el CONACYT y presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre de 2022. Discrepamos con los descalificativos que constan en el documento de presentación de dicha propuesta”, señala la carta de las academias.
“Nos preocupan varios aspectos de esta propuesta de ley. Es particularmente preocupante que el otorgamiento de apoyo público para investigación y becas para la formación de nuevos científicos esté limitado a los temas establecidos previamente en una Agenda Nacional (artículos 33 y 38). En la propuesta de ley, esta agenda sería establecida por personas dedicadas a la política que no necesariamente conocen las investigaciones y las áreas de oportunidad científicas (artículo 11). La comunidad científica no tendría una participación directa en la elaboración de la agenda”.
Pero si se trata de subir el tono, trivializando la institucionalidad y el decoro, la institución bajo la dirección de Elena Álvarez-Buylla ha mostrado una vez más, amenazante, su falta de diplomacia y diálogo:
“Esta campaña dolosa que encabezan opositores al derecho humano a la ciencia en México ha sido extendida con mecanismos de difusión y convocatoria que violan la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo anterior, el Conacyt ha tomado las medidas pertinentes para que las autoridades respectivas hagan el deslinde de responsabilidades que corresponda por el uso indebido de correos y números telefónicos personales de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), personas investigadoras y becarias del Consejo a donde se envían documentos que exhortan a descalificar la iniciativa de Ley General en Materia de HCTI que se impulsa desde esta institución”.
La última vez que tomó las “medidas pertinentes” fue para acusar, junto con la Fiscalía General de la República, a 31 miembros de la comunidad académica con la intención de trasladarlos al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde se encuentra actualmente Ovidio Guzmán, tras su recaptura en días pasados –los 31 acusados también comparten juez con el narcotraficante, el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien lleva el caso y dictó prisión preventiva al hijo de El Chapo.
“El llamado emprendido por un grupo de personas es una convocatoria a desconocer el Estado de derecho y boicotear el proceso legislativo, al anteponer al interés general intereses particulares y visiones neoliberales, así como una visión productivista de la política de HCTI nacional”, enfatiza Conacyt.
Adicionalmente, como ha dictado la política de este gobierno, Conacyt ha hecho señalamientos directos a los medios a quienes culpa de generar información falsa y engañosa, entre estos “Reforma”, “Proceso”, “Ovaciones”, “Animal Político”, “El Economista”, “El Universal”, entre otros. “Las notas que a continuación se enlistan, citando el medio que las difunde, contienen información falsa, engañosa o reproduce declaraciones fundadas en mentiras, por lo que se invita a todas las comunidades en HCTI y a la población en general a no dejarse sorprender por esta campaña de infodemia”, añade el comunicado de Conacyt, reflejo holográfico del modus operandi de lo que ocurre en las conferencias mañanera del Presidente.
“Invitamos a las Cámaras del Congreso de la Unión a establecer un diálogo constructivo con la comunidad científica mexicana, para lograr una ley en la materia que ayude a mejorar y evite desandar lo que se ha construido durante décadas de trabajo honesto y esmerado para el bienestar de la población”, se lee (claro no el comunicado de Conacyt) en la carta de las academias dirigidas a legisladores.
“En México todavía hay mucho por hacer para conseguir que la investigación científica contribuya de manera significativa a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Se requiere sumar los esfuerzos del gobierno, la academia, el sector productivo y el sector social”. En ese sentido, Conacyt no está sumando.
El análisis detallado de la Red ProCiencia puede ser consultado en internet en la dirección:
https://redprociencia.mx/posicionamiento-critico-ante-la-iniciativa-de-ley-general-de-humanidades-ciencias-tecnologia-e-innovacion/. Los nueve puntos nodales que sugiere sean revisados son:
1. La iniciativa excede los alcances establecidos por la Constitución para una Ley General.
2. La iniciativa en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) no contempla instrumentos de apoyo a la investigación, no incorpora en sus prioridades a la ciencia básica y de frontera, y afecta a la libertad académica.
3. La distribución de competencias es incompleta, lo cual pone en evidencia la alta centralización del sistema e ignora el pacto federal.
4. Los principios de la ley general de CTI que deberían estar basados en los derechos consagrados en la Constitución no se abordan de forma consistente.
5. La iniciativa HCTI no propone un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados.
6. La iniciativa elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y los convierte en organismos al servicio del gobierno.
7. La iniciativa no especifica el monto del financiamiento que el Estado deberá asignar a las actividades de ciencia y tecnología ni establece mecanismos de transparencia para su seguimiento.
8. La iniciativa no incluye de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico.
9. La iniciativa es ambigua respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual y no respeta cabalmente los derechos de los inventores y los creadores.
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