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El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha sido un laboratorio para la 4T y el Cona(h)cyt dirigido por Elena Álvarez-Buylla. Ha sido el emblemático ejemplo de la devastación y degradación institucional que puede ocurrir en un Centro Público de Investigación bajo la injerencia directa de Conacyt, plagada por la ilegalidad desde el nombramiento de su actual director, José Romero Tellaeche.
En su larga cadena de imposiciones se encuentra la destitución de personal académico en sus órganos de gobierno, la modificación ilegal de sus estatutos, la eliminación de los contratos de nuevos Investigadores por México (ex Cátedras Conacyt) y, más recientemente, la aplicación de una “ley mordaza” que llegó a ser “desmentida” al más puro estilo de Ana Elizabeth García Vilchis en la conferencia mañanera de este 21 de junio.
La historia reciente del CIDE incluye otros ataques desde ese patíbulo matutino a cargo de Álvarez-Buylla, que acusó –sin pruebas– a integrantes de la institución de expandir una perversa red de intereses por toda la administración pública y hasta organizaciones civiles; la acusación salpicó al INAI, que solicitó a la funcionaria pruebas y “transparencia” en dichos señalamientos.
Este relato también tiene imbuidos el bochorno y la ignominia que Romero Tellaeche ha arrastrado desde su oficina hasta la Cámara de Diputados, donde fue citado en más de una ocasión para defender la ley general de ciencia, en el mismo número de veces que fue increpado por legisladores de la oposición egresados de la institución y para quienes sólo tuvo pobres respuestas. En uno de los dos de siete malogrados parlamentos abiertos, Antonio Lazcano sacudió la sala con su discurso, en el que acentuó los agravios de la actual política científica; coincidentemente a su lado se encontraba Romero, quien no pudo ocultar su sorpresa al ser aludido por el biólogo en tan elocuente exposición.
Bochornoso el día en que persiguió por los pasillos del CIDE a un estudiante que le espetó “espurio”, bochornoso el día que en el comedor los gritos de estudiantes interrumpieron la ingesta de sus alimentos, bochornosos todos los días en que sus oficinas fueron tapizadas con caricaturas y mensajes de inconformidad, plasmados del mantra del que no puede escapar: “espurio”; bochorno haber sido descubierto en más de un plagio de artículos científicos, bochornoso que una revista indexada haya retirado su artículo. Bochornoso ser aborrecido por toda una comunidad que gritó consignas contra su nombramiento en más de una marcha en Reforma, en las oficinas de Conacyt o en el cierre de la carretera México-Toluca.
Pero bochornoso también fue el trato “maternalista” que Álvarez-Buylla dio a su comunidad al inicio del intento de diálogo que jamás se materializó.
LEY MORDAZA (“ORIENTACIÓN”).
En un oficio (OIC/CI/38/128/071/2023) de la Secretaría de la Función Pública, dirigida a la dirección del CIDE, se hace la “recomendación” de difundir entre “los servidores públicos que prestan servicio [todos los académicos], cargo o comisión en este Centro Público, que deberán abstenerse de difundir mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este Centro de Investigación”.
Los académicos del CIDE son conocidos por su posicionamiento político y pensamiento crítico, inherente al objeto mismo de investigación que llevan a cabo. Esto incluye muestras de inconformidad ante los atropellos de la dirección expresadas en redes sociales (Twitter) o aplicaciones de mensajería móvil (¿Whatsapp?), lo cual significaría que no podrían expresar sus opiniones como lo han hecho desde la incubación de esta dirección.
La copia del oficio filtrado hace ilegible la fecha, pero podría ser del 13 o 18 de junio. El 19 del mismo mes, la SFP “aclaró” en una Tarjeta informativa lo que quiso decir con dicha “recomendación”, y exhibió se emitió “como resultado de una consulta de las autoridades directivas de la institución”.
Por si faltaba ser “aclarado” este asunto, el performance borgiano-cantinflesco de Ana Elizabeth García Vilchis para interpretar y explicar la realidad (“mañanera” del 21 de junio) explicó que se trataba de una medida para “orientar” a las personas trabajadoras en el ejercicio de su libertad de expresión.
Bajo lo expuesto por la SFP en su Tarjeta informativa del 19 de junio, sería el mismo Romero Tellaeche quien auto solicitó la “recomendación” (bochorno) para después difundirlo por correo electrónico ante los académicos de la comunidad, ante un acto más de autoritarismo para tratar de evitar la ya socavada imagen de este académico.
“La consulta al OIC [Órgano Interno de Control] y su posterior circulación desde el Buzón de la Dirección General evidencia un intento premeditado de José Antonio Romero Tellaeche de intimidar a profesores, administrativos y trabajadores en el ejercicio de su libertad de expresión y entrometerse en sus comunicaciones privadas”, señala un comunicado de la Asamblea Académica Permanente del CIDE, conformada por el grueso de su comunidad, incluyendo a estudiantes.
Sin hacer mucho esfuerzo, los miembros de la comunidad del CIDE pertenecientes a esta Asamblea voltean la ofensa de la que se intentó hacer mártir el director sin legitimación: “Debemos insistir en que denunciar el acoso laboral [destitución de académicos], las faltas a los estatutos [elección ilegal (bochorno)] y al Código de Ética [plagios (bochorno)] del CIDE por parte de las actuales autoridades del CIDE no constituye ‘daño a la dignidad e integridad’ de las personas denunciadas ni a la imagen institucional. Quienes provocan daño a la reputación del CIDE y faltan a la ética son aquellas personas que infringen los reglamentos con sus actos u omisiones, quienes plagian y faltan a los principios básicos de integridad académica, quienes atentan contra la colegialidad o designan a personas que no cumplen los requisitos para el puesto, quienes excluyen a las mujeres y quienes vulneran los derechos laborales de los jóvenes investigadores”.
El comunicado publicado este 21 de junio concluye enfatizando su rechazo a este “contundente intento de censura”, por lo que exigen “fin al acoso y a la intimidación sistemáticos a la comunidad del CIDE”.
Ximena Millán es egresada de la licenciatura de ciencias políticas de la institución. Al final de su ciclo la académica fue una de las líderes estudiantiles del movimiento Yo Defiendo al CIDE, que marchó como ningún otro grupo de estudiantes en la capital en los últimos años. Millán partió de la institución no sin dejar un mensaje a los estudiantes que se quedan:
“Me rompe el corazón que estudiantes que merecen tanto se queden con una dirección espuria que les puede ofrecer tan poco. Sin embargo, cuando la ansiedad me inunda, pienso en algo que hoy les quiero transmitir: sepan que ustedes son los que determinan lo que es el CIDE, no una agenda política, no el ideal de un espurio o lo que diga un tweet”. Finaliza: “Les toca hacer lo más emocionante, que es decidir cuál será su historia en el CIDE”.
Hace algunas semanas, Conahcyt anunció que no renovaría convenio con aquellos Investigadoras e Investigadores por México (ex Cátedras Conacyt) adscritos al CIDE.
“Los cambios nacionales, regionales y globales, así como cambios de paradigma en la investigación social hacen inviable dar continuidad de su estancia en el CIDE en tanto que, sus líneas de investigación y los programas a los que están adscritos fueron sujetos a evaluación, detectándose la necesidad de realizar cambios”, refirió una comunicación institucional.
El Consejo Directivo del Sindicato Independiente de Trabajadoras (es) de Investigación de Cátedras Conacyt (SIINTRACATEDRAS) alertó sobre las consecuencias de estas medidas, que vulneran los derechos laborales de estos académicos. “En este escenario pierden tanto las instituciones receptoras como las y los investigadores”.
En su artículo “La mezquindad que reina”, de Catalina Pérez Correa –académica del CIDE–, publicado en “El Universal”, explicó lo que se pierde con estos “cambios” y enfatiza la indolencia con la que la dirección de la institución ha manejado la situación.
“La estulticia y la mezquindad reinan en la política de ciencia y tecnología. Desde la pequeñez, descarrilan carreras, afectan vidas, destruyen proyectos valiosos y se minan esfuerzos construidos lentamente, con empeño y con recursos públicos”.
La académica finaliza el artículo enfatizando que el despido-no renovación de contratos de este cuerpo académico en el CIDE “ilustra a la perfección la pequeñez de quienes dirigen el Centro”.
Esa pequeñez también censura, es ilegal, autoritaria, servicial y, sobre todo, bochornosa.
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