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Prácticamente dentro de todas las escuelas del país se vende comida y bebidas chatarra a los alumnos, pese a que desde hace una década se ha prohibido por ley. Lo anterior de acuerdo a datos obtenidos por las organizaciones civiles El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con motivo del Día del Niño y de la Niña.
Dichas organizaciones han mantenido desde hace 10 años un observatorio ciudadano que ha presenciado que desde entonces el panorama no ha hecho más que empeorar.
“Las escuelas están siendo parte del problema de sobrepeso y obesidad en el país. No son aliadas”, señaló en conferencia Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de estas organizaciones. Esta campaña ha recibido a través de su plataforma más de 37 de mil reportes de más de 21 mil escuelas, realizados por estudiantes, padres de familia y profesores.
Para este ciclo escolar, dijo, se obtuvieron 14 mil reportes de escuelas primarias y secundarias, los cuales refieren que sólo dos de cada 10 alumnos tienen acceso a frutas y verduras, en tanto que en contraparte “hay una venta desmedida e ilimitada de productos ultraprocesados: el 98% de escuelas vende cualquier tipo frituras, galletas, dulces, refrescos, jugos embotellados; el 95% jugos, néctares y lechitas y el 79% refrescos”. Adicionalmente, el 77% de las escuelas a la entrada y salida reportan la venta externa de estos productos chatarra; el 25% publicidad –sólo la visible–. “En conclusión, nueve de cada diez escuelas están vendiendo de forma ilimitada productos ultraprocesados y a veces como única opción, por lo que no cumplen con la regulación vigente desde hace más de 10 años”.
De acuerdo con los conferencistas, si bien, en nuestro país se dio un buen primer paso para hacer frente a la epidemia de obesidad infantil con la publicación en el “Diario Oficial de la Federación” de la reforma a la Ley General de Educación, donde se establece que la Secretaría de Educación Pública tiene hasta junio 2024 para emitir nuevos Lineamientos, diseñados sin conflicto de interés y en garantía de los derechos de la infancia para prohibir totalmente los productos chatarra en todas las escuelas del país, “estamos en espera de que sean publicados en máximo dos meses”.
De acuerdo con Ana Abreu, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realiza modelos de predicción de políticas de salud pública, como los resultados de medidas como el etiquetado de productos procesados o el impuesto a las bebidas azucaradas.
Durante el encuentro, refirió que estudios del INSP han estimado que la reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación, que prohíbe la preparación, venta y distribución de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de las escuelas, reducirá la prevalencia de obesidad infantil hasta un 7% anual si la regulación se aplica efectivamente en un 80%. Estos resultados dependen, dijo, de que las escuelas lo cumplan.
“Por ello, es urgente contar con lineamientos claros y de fácil implementación, así como el monitoreo continuo, incluyendo la aplicación de sanciones cuando sean necesarias. Esto asegurará el bienestar de niñas, niños y adolescentes en las escuelas”.
El Estado está obligado a defender, proteger, respetar y cumplir el derecho a la alimentación, adecuada y acceso a agua potable en todas las escuelas del país, enfatizó. “Son más de diez años de lecciones aprendidas, entonces ya necesitamos de cumplir adecuadamente. Que ahora lo regule la SEP ayuda, pero se requieren lineamientos transparentes”.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, enfatizó que, hasta el día de hoy, no hay ni una escuela sancionada por violar esos lineamientos, por lo que ha prevalecido el interés privado sobre el público. “Con la reforma se da un paso importante porque pone a la autoridad como responsable, la SEP y con ello a los directores de las escuelas. De esta manera, ahora se podrá judicializar el incumplimiento. La SEP ahora debe presentar lineamientos sin los huecos que existen actualmente”.
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