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Investigadores de Morelos expresaron los puntos preocupantes de la ley general de ciencia diseñada por Cona(h)cyt y aprobada “inescrupulosamente” por legisladores en semanas pasadas.
Durante la mesa “Mitos y realidades sobre la nueva ley de ciencias”, académicos de la UNAM Campus Morelos y la UAEM, miembros de la Academia de Ciencias de Morelos (Acmor) así como el presidente municipal de Cuernavaca, expresaron la necesidad de seguir informando y ampliando la discusión en torno a la ley general, que afectará la libertad académica, desincentiva la innovación y deja en desventaja a estados y municipios, ya ni qué decir que deja a ambos (academia y gobiernos estatales y municipales) “fuera de la ecuación” en la toma de decisiones.
Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología y presidente de la Acmor, recordó que, si bien el objetivo de la ley general es dar acceso a la ciencia y sus beneficios, ésta no explica cómo lograrlo. Por otra parte, limita la libertad de investigación.
Por su parte, Patricia Mussali, académica y directora de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recordó que sólo se llevaron dos de los siete parlamentos abiertos para la discusión de la ley en la Cámara de Diputados y que, desde la perspectiva de la comunidad de la institución, las opiniones vertidas en los primeros dos no están reflejadas en la ley; por lo tanto, es una legislación que careció de consenso.
“Además, vemos que la agenda de humanidades, ciencia, tecnología e innovación dictada por Conacyt –dirigido por Elena Álvarez-Buylla– canaliza recursos únicamente a los temas que forman parte los Programas nacionales estratégicos (Pronaces), entonces, con la ley el desarrollo de la ciencia básica estará enmarcada en ellos, lo que limitaría el quehacer científico, la ciencia aplicada, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Queda además la duda de qué sucederá con los temas de investigación no contemplados en los Pronaces, ¿ya no tendrán apoyos?”.
También que se establecen, agregó, ejes estratégicos y prioridades de investigación, pero “¿quién los define?”. Recordó además que la legislación genera incertidumbre para la nueva generación de científicos, puesto que no contempla cómo se abrirán nuevas plazas de investigación.
Durante su participación, David Romero –investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM– recordó que el documento elaborado por el entonces Conacyt no tiene el perfil de una ley general, sino un híbrido extraño entre ésta y una ley de reestructuración del Conacyt y sus funciones. “No tiene los atributos de ninguna de las dos, es rara. Además, tuvimos ese resultado en un proceso que fue poco participativo, a pesar de lo que diga Conhacyt aunque hubo muchos foros, las opiniones no fueron tomadas en cuenta”.
Recordó también la discriminación que hace a las instituciones de educación privadas, cuyos investigadores y estudiantes estarán a la cola del financiamiento y becas. “Es extraño que una ley que pretende extender los beneficios de la ciencia a toda la sociedad establezca mecanismos para limitar a uno de sus sectores. No se entiende y los argumentos son, las más de las veces, falsos o exagerados, siguiendo una costumbre que ya parece ser el estilo político del momento”.
Añadió que son muchos temas cuestionables en la ley, pero “todos palidecen ante el proceso legislativo más inescrupuloso que hayamos visto en mucho tiempo. Fue sucio e inescrupuloso y va a llevar a protestas que pueden conducir a la invalidación de la ley, pero no debemos esperar, tenemos la obligación de volverlo un tema de discusión y de expresión”.
En su turno, Brenda Valderrama –investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y ex titular de la extinta Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos– enfatizó que uno de los problemas de fondo es que la ley general legitima lo que ya se había desmantelado de facto, la desconexión de todos los sectores que participan en el desarrollo económico a través del conocimiento.
“Sin fideicomisos, proyectos multianuales, estimulación de la innovación, universidades y jóvenes no podrán obtener recursos para proyectos empresariales basados en ciencia”.
No obstante, dijo, “hay una batería de acciones legales que se están orquestando desde diferentes sectores, ámbitos que lleven a la derogación de la ley general de ciencia para iniciar desde cero, con una discusión amplia e incluyente, que no sólo escuche los científicos, sino a todos los ciudadanos, beneficiarios de la ciencia y tecnología”.
Se rompe el pacto federal
Durante su mensaje, José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, mencionó que la ley general de ciencia, “si bien tiene algunas cosas novedosas e incluso algunas positivas, en el fondo no es nada favorable a la investigación y reduce al mínimo la posibilidad de que más personas se integren a la investigación”.
Es de preocupación para entidades municipales y estatales, dijo, puesto que los obliga a ciertas responsabilidades y competencias que antes no tenían, “y que obligan a la canalización de presupuesto, el cual no tenemos”.
Es por ello, dijo, que esta municipalidad respalda a su comunidad de investigadores (as), que han mostrado su valía en emergencias como la pandemia, “puesto que sabemos que la ley no beneficia a la sociedad, marca un retroceso”. Es por ello, agregó que, como sociedad y autoridades “debemos de fijar una posición clara y contundente en apoyo a quienes nos han ayudado a mejorar la calidad de vida de muchos mexicanos”.
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