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Quedan meses de este gobierno y de la actual administración del Consejo Nacional de (Humanidades) Ciencia y Tecnología (Conahcyt), y frente al cisma generado este sexenio entre la institución y su comunidad, muchos de sus miembros ven hacia el final del túnel y hacia una etapa post Elena Álvarez-Buylla, con expectativas del futuro gobierno y de las consecuencias desde el gremio, tanto legales, que enfrentará la directora más polémica en la historia de esta dependencia.
Así lo plantea al menos Brenda Valderrama, investigadora de la UNAM, miembro de la red ProCienciaMx y una de las científicas que mejor conoce la política científica del país, quien en entrevista expone algunos de los puntos torales a atender en el sector en el futuro y que recaerá en la próxima presidenta (e) y en quien dirija al próximo Conahcyt.
Antes, la investigadora del Instituto de Biotecnología señala parte de la personalidad que ha definido al Conacyt con “h”, cuya “humanidad” ha sido cuestionada por investigadores, becarios y miembros de la comunidad, como los 31 señalados para ser encarcelados en un penal de máxima seguridad. Uno de los sellos de este Conahcyt ha sido su inoperancia administrativa, enfatiza Valderrama.
“Hay que tomar en cuenta todas dimensiones que tiene un cambio de sexenio, lo primero es que Conahcyt ha mostrado bastante impericia en la operación de programas: lo habitual es que no se cumplen plazos, que no se tengan las listas de beneficiarios a tiempo, la falta de pagos, retrasos en las asignaciones mensuales…, es decir, ha tenido deficiencias administrativas de manera recurrente, las cuales ya no son posibles de solventar en los pocos meses que quedan de gobierno”.
El caso más reciente fue la protesta de académicos posdoctorales que se manifestaron por la falta de pago de sus becas. Así, la inoperatividad del Conahcyt seguirá siendo la tónica de los próximos meses –agrega la ex presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos– y que atraviesa por fallas como las de la plataforma Rizoma.
Por otra parte, el área presupuestaria sigue siendo grave, aún con los recortes que hicieron al programa de becas de posgrado, puesto que mantiene un déficit. “En tanto, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sigue creciendo sin control, aumentaron el número de investigadores que pueden solicitar el esquema de ‘15 años’ sin evaluación y aumentar el recurso comprometido del SNI a largo plazo, ya no sólo de los investigadores eméritos, sino de toda la población arriba de 65 años”.
Eso tan sólo en la operatividad de la dependencia, pero hay un entorno todavía más complicado, el legal: La Ley general de ciencia está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con varios recursos de inconstitucionalidad y más de 700 amparos colectivos e individuales, recuerda Valderrama. “Estamos seguros de que algunos procederán, sino es que los más importantes y eso llevaría a la derogación de la ley”.
Esto ocasionará un impasse en cuanto a la legalidad con la que opera el Conahcyt y dejará a la próxima persona a cargo de la institución, quien sea, una camisa de fuerza. Los escenarios son: una ley muy mala que lo deja operar muy poco, porque todo queda tremendamente constreñido, o la falta de una ley, apunta.
“Desde el colectivo ProCienciaMx, hemos trabajado para orientar este proceso. Se hizo pública una propuesta puntual que puede ser incorporada a planes de gobierno sobre cómo redefinir algunos aspectos críticos en la operación de la política científica aún sin la ley, eso facilitaría las cosas, además, estamos esperando el acercamiento con las candidatas a la Presidencia. Por ahora lo que reina es la incertidumbre y la confusión, porque no estamos tan acostumbrados a cambios tan bruscos en el Cona(h)cyt”.
Sobre las propuestas de ProCienciaMx, abundó, lo primero es asesorar a la Cámara de Diputados para que sustituya Ley general de ciencia por una buena. “En paralelo esperamos que Conhacyt, o quien quede a cargo, entienda las consecuencias de las decisiones tomadas y no pretenda seguir con esa misma lógica, porque un sexenio más así no lo aguantamos”.
Una de las propuestas principales, añade, es la creación de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para concentrar en un solo espacio de alta jerarquía todos los temas relacionados con la educación superior –como los posgrados–, el financiamiento de proyectos científicos, el fomento a la cultura científica y divulgación, así como el desarrollo de tecnología e innovación en las empresas de base tecnológica.
“Concentrar estas atribuciones en una entidad de alta jerarquía podrá destrabar las islas que quedaron deforestadas desde un inicio de este gobierno y que se han perdido con el tiempo”.
–Con una secretaría de ciencia, ¿se mantendría un Cona(h)cyt?
– Como agencia dispersora de recursos, sí.
–Lo que era antes.
–Lo que siempre ha sido… La política científica de México nunca se había definido en el Conacyt, excepto a finales de 2023, cuando se publicó la Ley General de Ciencia. A partir de entonces, Cona(h)cyt ha tomado las decisiones en el país. [Anteriormente se realizaba con la participación de las universidades, instituciones de educación y organismos autónomos, así como la misma SEP]. Cona(h)cyt seguiría como agencia dispersora de recursos, pero en una secretaría convergerían todas las facultades que permitirían desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación.
Este tipo de propuestas no son triviales y se realizan desde un conocimiento de la política científica de Conahcyt que los académicos organizados no tenían antes. Los temas de política científica, reconoce Valderrama, nunca habían tenido tanta atención mediática y social como en este sexenio, eso es positivo. “Lo negativo es que nada de lo que hacemos tiene impacto, en Conahcyt son herméticos y están blindados a opiniones”.
–En ese sentido y pasada esta administración, ¿cómo quedará parada ante la comunidad científica la doctora Elena Álvarez-Buylla y la gente que la rodeó en Conahcyt este sexenio?
–Es incierto, pero hay dos juicios: el de la opinión pública, de sus colegas, estudiantes, becarios e investigadores, de entre los cuales no se ve que saldrá bien librada; por otro lado, está el aspecto formal: la revisión de los contratos, la revisión en la modificación de las reglas de operación, la manipulación de las comisiones dictaminadoras y evaluadoras. Hay muchos aspectos que deben ser analizados, pero ya desde una óptica formal hay implicaciones en las responsabilidades de un funcionario público.
Sin importar el destino y juicio social o político de la futura ex funcionaria, lo que para Valderrama y parte del gremio que se ha manifestado, la única manera de resarcir las acciones de este gobierno en el sector es desmantelarlas.
“Si realmente queremos recuperar la estructura básica de lo que era el sistema de ciencia en México, tenemos que desmantelar lo que hizo Elena Álvarez-Buylla, tornillo por tornillo, desmantelar ese esperpento que hizo de Conacyt. Así se recuperará una estructura funcional, con mecanismos de participación y de incidencia y financiamiento funcional, todo lo que teníamos antes y que, si bien había poco dinero, era la estructura correcta. Espero que quien quede en Conacyt comprenda la importancia de esta arquitectura porque, de lo contrario y si no se desmantela lo que dejó Elena, seguiremos construyendo sobre cimientos endebles y se nos va a caer el edificio”.
Dentro del saldo positivo de lo dramático que ha sido este sexenio, dice Brenda Valderrama, destaca la oportunidad de muchos en el sector de entender mejor a Conahcyt. “Ahora entendemos más, sabemos más y queremos participar más. Podemos entrar a debatir a un detalle que hace seis u ocho años no, porque ahora tenemos los elementos; podemos hacer una disección muy precisa de la operación del Conacyt, de sus bases jurídicas, técnicas, operativas y podemos participar mejor. Espero que se abran los espacios para esa participación porque no hay duda de que muchas cabezas piensan mejor que una”.
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