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Científicas (os) y especialistas convocados por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IPPG) de la Universidad de Guadalajara (UdG) publicaron el documento “Propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México”.
La publicación conjunta el análisis, diagnóstico y propuestas de instituciones y organizaciones como la AMC y ProCienciaMx –abordadas en la primera parte de esta entrega. En la segunda parte, el texto recoge el trabajo y opiniones de diversas académicas (os) expertas en política pública de ciencia, ex funcionarios o que se han involucrado en el área a raíz de la gestión del actual Cona(h)cyt.
Estos son Rafael Bojalil, Enrique Cabrero, Gabriela Dutrénit, Jorge Flores Moreno, José Franco, Crescencio García Segundo, Antonio Lazcano, Sergio López-Ayllón, Martín Puchet, Raúl Rojas, Gloria Soberón, José Luis Solleiro, Julia Tagüeña y Brenda Valderrama.
“Crónica” retoma parte de sus exposiciones en esta segunda entrega.
En su artículo, Enrique Cabrero –ex director del CIDE y del Conacyt–, recoge la estructura y panorama de la política científica en las últimas décadas, enmarcada en los indicadores de desarrollo globales, como la inversión en ciencia, tecnología e innovación. “La conclusión es clara, en las últimas décadas si bien se observan en nuestro país ciertos momentos de mayor esfuerzo por mejorar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en general la inversión se ha llevado a cabo con estancamientos y caídas recurrentes, particularmente en los años más recientes como puede confirmarse con la caída en el presupuesto del Conacyt”.
También hace hincapié en la debilidad institucional del aparato científico nacional, a partir del mismo Cona(h)cyt, por lo que propone una alternativa de diseño institucional bajo el cual se “rescate” y consolide esta institución. “Esto es, recuperar su diseño anterior, reintegrar la red de la política de CTI que se había logrado configurar, restaurar el Foro Consultivo o un espacio institucional similar que fuera el vehículo de la participación de las comunidades del sector, y reestablecer la dinámica de trabajo con entidades federativas, universidades, empresas, y estudiantes, a partir de una reorganización de los mecanismos de colaboración, financiamiento y definición de las prioridades del sector”.
Entre otras alternativas, plantea la creación de una Secretaría de Estado y la creación de una Fundación Mexicana para la CTI.
Por su parte, en su artículo “Del desmantelamiento a la reconstrucción del sistema de CTI”, Dutrénit, Puchet y Tagüeña, explican cómo la actual Ley General de Ciencia rompió el marco institucional de la legislación anterior, la contracción del presupuesto en el rubro, la desaparición de fideicomisos y el financiamiento sólo de los proyectos Pronaces, el declive del Sistema Nacional de Investigadores y de las Cátedras Conacyt, así como el descuido de los jóvenes becarios, entre otros temas.
“El Conahcyt actual ha desmantelado el sistema de CTI que había sido el resultado de muchos años de lucha de la comunidad científica desde muy diversas ideologías. No se trata hoy de regresar al pasado, sino de caminar hacia una propuesta propia del siglo XXI”, escriben y enfatizan la relevancia crear un nuevo organismo que dirija el sector en el país.
El organismo que sustituya al Conahcyt deberá emplear los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su planeación y apoyarse en las comunidades de CTI, señalan. “También deberá, a través de buenas actividades de comunicación pública de la ciencia, promover en la sociedad la cultura científica, sin olvidar la perspectiva de género y la participación comunitaria”.
Deberá tener un financiamiento multianual ininterrumpido, además de comisiones evaluadoras de expertos y una gran transparencia en las decisiones tomadas. “Aquí se propone, reconociendo las condiciones iniciales del desmantelamiento actual, iniciar un proceso que suponga una nueva fase que rescate y aprenda de los aciertos y busque nuevos caminos para el futuro”.
En su artículo “Algunas ideas para la reconstrucción del sistema de CTI en nuestro país”, José Franco recuerda que el actual Conacyt, con “H”, encabezado por Elena Álvarez-Buylla, ignoró la legislación vigente antes de su sustitución con la Ley General de Ciencia; la ilegalidad con la que actuó en temas como el cambio de dirección en el CIDE, la desaparición del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como la persecución de ex miembros de esta organización y de Conacyt a los que se buscó encarcelar –él entre los 31 señalados por la dependencia y la FGR.
“Es entonces urgente revertir los daños hechos por la actual administración y proponer cambios que fortalezcan a la planta de CTI y estimulen su vinculación con los sectores productivos y la industria”, escribe el astrónomo.
Además de retomar la necesidad de un rediseño institucional, entre los temas urgentes plantea la creación de un observatorio de CTI: “Un observatorio nacional que sea una fuente confiable de información, que nos permita conocer la implementación y los avances en los programas y acciones de los sectores de la CTI en todo el país”.
Este observatorio deberá ser autónomo, relevante en la toma de decisiones y con facultades para la planeación, añade.
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