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Existen cuatro proyectos de iniciativa de Ley General de ciencia en la Cámara de Diputados: dos de las organizaciones civiles Rednacecyt y ProCienciaMx, una de legisladores de la oposición y la del gobierno federal, elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Las tres primeras tienen puntos de encuentro y son perfectibles, pero la de Conacyt es diferente sustancialmente, señala Brenda Valderrama, investigadora de la UNAM y experta en política pública en ciencia y tecnología. “No creo que haya manera de mejorar la iniciativa de ley oficial, tiene tantos errores de fondo que no hay forma de decorarla y hacerla presentable, por lo que corremos el riesgo de generar un engendro; es mejor borrón y cuenta nueva e iniciar una nueva en mesas de trabajo” a partir de un parlamento abierto (como ocurrió con la Ley de Educación Superior), explicó la ex presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos.
Junto con los también investigadores de la UNAM, José Luis Solleiro –Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología– y David Romero –Centro de Ciencias Genómicas–, la académica expuso y argumentó algunas de estas fallas de origen, en el marco de la respuesta con la que Conacyt ha buscado contrarrestar y desacreditar este tipo de críticas.
Durante el espacio informativo “Presencia Universitaria”, de la Universidad Autónoma de Querétaro, los universitarios argumentaron por qué la iniciativa de ley del Ejecutivo es un retroceso a la existencia misma del Conacyt.
Una de las fallas terribles de la iniciativa de ley de Conacyt es que no contempla dos grandes problemas “que tenemos como comunidad”, enfatizó Valderrama. Uno, que la planta académica está envejeciendo y aunque algunas cosas no dependen directamente de Conacyt, la institución debe establecer condiciones básicas. De lo contrario “tendremos una comunidad académica fuera de la modernidad”.
Dos: en la iniciativa no hay instrumentos para llevar a cabo los beneficios de la ciencia a la sociedad, como marcó la reforma al Artículo tercero y que ha dado pie a la generación de una iniciativa de Ley general. En este sentido, es una “ley academicista”.
“La directora de Conacyt (Elena Álvarez-Buylla) es una investigadora exitosa en su área, pero sin experiencia en la administración pública y, aparentemente, estos años frente al Conacyt no se los ha dado. Entonces, no lo ve como un tema de política pública y que el beneficiario de la ley es la sociedad en todo su conjunto, de los niños jóvenes, investigadores, empresarios y funcionarios, lo sigue viendo como una ley de investigadores para investigadores. Esa es una más de las fallas en el fondo por lo cual veo difícil que se pueda parchar de manera exitosa”.
AUTORITARISMO.
Por otra parte, la iniciativa de ley de Conacyt no contempla la distribución de competencias para todo el país, por lo que supedita a los estados de las decisiones que se tomen a nivel federal, lo cual puede generar una controversia constitucional al romper el pacto federal, añadió Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología y ex secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos. “Esto nos llevaría a un vacío que nos dejaría por años sin una ley funcional”.
Otro aspecto es la asignación de recursos con base en criterios que no son claros, pero que no serán meritocráticos, sino de las necesidades que establezca la propia institución. Eso, a su vez, limita la libertad de investigación. “Con esto es suficiente para darnos cuenta de que esta no es la ley que necesitamos”.
Por otra parte, la iniciativa de Conacyt desaparece la meta de financiamiento del 1% del PIB al sector (recomendación de la UNESCO), jamás alcanzado desde el establecimiento de la ley actual (de 2020), pero desaparece una meta clara que deja en la ambigüedad cuál es la estrategia y meta presupuestal para el sector. “Nos deja en la incertidumbre y nos desorienta, no sabemos ni queda claro hacia dónde dirigir los esfuerzos”.
Otro problema de la gobernanza de la iniciativa propuesta por la dependencia que encabeza Elena Álvarez-Buylla. En esta propuesta las decisiones de la institución estarán coordinadas por una Junta de Gobierno compuesta por secretarías de Estado (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina), sin una participación plural de la academia, que elegirá a algunos representantes de forma discrecional, señaló David Romero.
Romero recuerda que, en la iniciativa, la Junta de Gobierno definirá la agenda nacional de las prioridades del gobierno para ciencia y tecnología (…) hacia dónde irá el financiamiento de las investigaciones, en tanto que el resto estarán supeditadas a un segundo nivel, eso ya es una amenaza fuerte para la libertad de investigación.
Otro aspecto de la Junta de Gobierno, expuso Solleiro, es que será presidida por el o la titular del mismo Conacyt y tendrá voto de calidad. “Esto es muy atípico en la gobernanza de las instituciones, lo que da cuenta de una centralización tremenda”.
David Romero enfatizó que es obligación del Poder Legislativo discutir una Ley general que se nutra de diferentes iniciativas. “Hay cuatro sobre la mesa más las que se acumulen. Es momento de que el Legislativo haga un balance de estas y abra la posibilidad de establecer una ley útil para todos los habitantes del país y no sólo para el gobierno en turno”.
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