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La iniciativa de Ley General de Ciencia, enviada por la Presidencia de México a la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre, no corresponde a los alcances que ordenó la reforma al artículo 3 Constitucional, realizada en mayo de 2019 y parece un regreso al pasado, señaló ayer la asociación civil Red ProCienciaMX, que agrupa a 600 científicos que laboran en 65 instituciones públicas y privadas.
La organización que agrupa a científicos, tecnólogos, humanistas y médicos elaboró un análisis crítico del contenido de la iniciativa de Ley, que fue turnada a comisiones de la Cámara de Diputados y será discutida por los legisladores el próximo año.
Red ProCienciaMx señaló nueve puntos nodales de la iniciativa que son críticos porque pueden generar problemas difíciles de revertir para el desarrollo saludable del ecosistema de investigación y desarrollo en México, entre los que destaca una gran concentración de atribuciones a la oficina del gobierno federal responsable de ciencia, y una reducción de la voz, autoridad y participación de los gobiernos estatales, municipales, universidades y de los propios investigadores.
Adicionalmente, el análisis crítico de la iniciativa presidencial llama a poner atención al hecho de que el gobierno no queda comprometido a ningún financiamiento específico para investigación, al anular la meta de inversión de 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología, que está contenida en la Ley todavía vigente. También señalan como preocupantes otros aspectos como la intención de cambiar las actuales normas de propiedad intelectual de los hallazgos, desarrollos e innovaciones realizados por investigadores que hayan recibido financiamiento con recursos públicos; la eliminación de todo grado de autonomía a los Centros Públicos de Investigación de la Red Conacyt y la eliminación de la participación de científicos en los órganos de gobernanza de la ciencia; entre otros problemas.
"Esperamos que los diputados usen la razón para analizar la iniciativa y no la aprueben sólo por obediencia. Nuestra obligación, como científicos que trabajamos diariamente investigando y analizando, es razonar profundamente el documento y señalar las deficiencias para que los legisladores también razonen las correcciones necesarias", dijo en entrevista con Crónica el doctor David Romero Camarena, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la Red ProCienciaMx.
ACLARAR TÉRMINOS
El primer señalamiento que hace el análisis de ProCienciaMx es que en la iniciativa presidencial se malinterpreta lo que es una Ley General, que fue lo ordenado por la reforma constitucional, y se presenta es algo más parecido a una Ley Particular o Ley Orgánica, que es la reglamentación interna de un organismo específico.
“El uso de términos es muy importante. Como se trata de una Ley General, lo que se espera es que señale principios generales que se quieren alcanzar; que dé cuenta de los diferentes actores o entidades que van a participar; que señale las responsabilidades de cada participante y que ordene cómo van a interactuar esos actores. Esta iniciativa de Ley General toma demasiados puntos de la Ley Orgánica de Conacyt, que es de otra naturaleza, y los traslada a una Ley General”, indica el investigador que fue director del Centro de Ciencias Genómicas entre 2009 y 2017.
Otro de los puntos donde imprecisiones de lenguaje pueden desembocar en malinterpretación o distorsión es en lo referente al acceso a los beneficios de la ciencia.
Tras la reforma constitucional de 2019, la Fracción V del artículo 3 mandata facilitar el acceso de la sociedad a los beneficios de la ciencia en el renglón que dice “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”, sin embargo, en la iniciativa de Ley General se trastoca este objetivo y se abre la puerta a una centralización del control desde el gobierno federal.
“Lo que indica la Constitución es que debe haber un acceso a todos de los beneficios de la ciencia, pero en aras de hacer el concepto más corto la iniciativa habla del derecho a la ciencia lo cual no es específico, es confuso. Entonces, al no normar correctamente lo que señala la Constitución el texto propuesto parece indicar que Conacyt va a normar cada uso y actividad en torno a la ciencia”, advirtió David Romero.
En contraste con el excesivo poder y control que se busca entregar a Conacyt, hay principios constitucionales que deberían estar incluidos en la Ley General y que no aparecen para ser normados:
“Principios que deberían quedar claros en la iniciativa, como la manera como se va a garantizar la igualdad en el acceso a los beneficios de la ciencia, sin distinción de género o de grupos sociales, aparecen mencionados como buenas intenciones, pero no se crean mecanismos para que esto se haga realidad. Parece que esta iniciativa de Ley estuviera diciendo ‘Sí vamos a estar de acuerdo con lo que dice la Constitución’ pero en el texto no dice cómo”, agrega Romero Camarena.
Otro punto que generará problemas al ser aplicado, si se aprueba tal como está, es el señalamiento de que los derechos de autor y propiedad industrial financiados con recursos públicos deberán redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México. Este punto es confuso porque no precisa cuál es el derecho patrimonial e intelectual de las personas que realizan el hallazgo y sólo otorga los derechos de propiedad a quien pone el dinero, demeritando el valor del trabajo y la creatividad.
NUEVE PUNTOS NODALES
El análisis detallado de la Red ProCiencia puede ser consultado en internet en la dirección:
https://redprociencia.mx/posicionamiento-critico-ante-la-iniciativa-de-ley-general-de-humanidades-ciencias-tecnologia-e-innovacion/ . Los nueve puntos nodales que sugiere sean revisados son:
1. La iniciativa excede los alcances establecidos por la Constitución para una Ley General.
2. La iniciativa en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) no contempla instrumentos de apoyo a la investigación, no incorpora en sus prioridades a la ciencia básica y de frontera, y afecta a la libertad académica.
3. La distribución de competencias es incompleta, lo cual pone en evidencia la alta centralización del sistema e ignora el pacto federal.
4. Los principios de la ley general de CTI que deberían estar basados en los derechos consagrados en la Constitución no se abordan de forma consistente.
5. La iniciativa HCTI no propone un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados.
6. La iniciativa elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y los convierte en organismos al servicio del gobierno.
7. La iniciativa no especifica el monto del financiamiento que el Estado deberá asignar a las actividades de ciencia y tecnología ni establece mecanismos de transparencia para su seguimiento.
8. La iniciativa no incluye de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico.
9. La iniciativa es ambigua respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual y no respeta cabalmente los derechos de los inventores y los creadores.
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