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En estas semanas se han realizado los foros de parlamento abierto sobre reforma electoral, tanto los convocados por el partido gobernante y sus aliados como los convocados por el bloque opositor. Evidentemente el tema central del debate es la iniciativa presidencial en la materia, a pesar de que varios partidos han presentado también sus propias iniciativas.
El presidente López Obrador presentó el 28 de abril su iniciativa, que en realidad fue elaborada por dos funcionarios de áreas alejadas del tema electoral. No está de más recordar que en el pasado, estas iniciativas procedían de la Secretaría de Gobernación, pero, fiel a su propio estilo, ahora el presidente le encargó esta tarea a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Horacio Duarte, titular de las aduanas, pero ambos connotados militantes del partido gobernante.
A pesar de que la iniciativa abarca varios temas de la materia electoral, su núcleo es la reestructuración completa de la organización de las elecciones y de la resolución de las controversias jurisdiccionales en la materia. Las diversas propuestas en torno a disminuir el financiamiento a los partidos políticos, a cambiar la forma de elegir a diputados y senadores, así como reducir su número, todo ello con el supuesto objetivo de ahorrar recursos, esas diversas propuestas en realidad son simples distractores para hacer atractiva la iniciativa presidencial a los ojos de la ciudadanía. El verdadero interés presidencial es barrer o arrasar, como el propio AMLO lo dijo desde hace más de un año, con el actual INE, con los OPLEs y con el actual TEPJF, y sustituirlos por una nueva institucionalidad que pueda ser controlada desde el principio por el propio presidente y su partido.
Desde el inicio de su gobierno y particularmente durante el proceso electoral de 2021, la consulta popular y la revocación de mandato, el presidente ha atacado al INE y lo ha culpado de los supuestos fraudes del pasado reciente (pero nunca recuerda el fraude de 1988, en el que su buen amigo y funcionario estrella Manuel Bartlett tuvo un papel protagónico) y de tener un ánimo contrario a él y a su gobierno. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se dice: “Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado, por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato”. A lo cual se añade el supuesto elevado costo de estas instituciones electorales, que tiene su máxima expresión en los sueldos de sus funcionarios, como AMLO recuerda frecuentemente.
Por supuesto, que ni la exposición de motivos ni el propio AMLO en sus conferencias diarias explican cómo es posible que esas instituciones no objetivas, no independientes y no imparciales, hayan podido organizar las elecciones de 2018, de las cuales emergió el actual gobierno, y cómo se han podido realizar las elecciones locales que han conducido a que el partido del presidente y sus aliados tengan hoy la mayoría absoluta de gubernaturas y de congresos locales. Por el contrario, el propio presidente ha atribuido su triunfo de 2018 a que el presidente Peña Nieto no metió las manos, por lo cual le ha agradecido públicamente varias veces.
La iniciativa presidencial propone desaparecer al INE y sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (menos mal que no le añade “del Bienestar”), que absorbería tanto las actuales atribuciones del INE como las de los OPLEs, los cuales entonces desaparecerían. De hecho, la iniciativa desaparecería también la división del país en distritos, debido a que propone que los diputados sean electos por medio de listas de candidatos en cada entidad federativa. Por lo tanto, el INEC sería la institución única en materia de organización de elecciones tanto locales como federales.
Por el lado de la institución jurisdiccional, la iniciativa propone mantener y fortalecer al actual TEPJF, que absorbería las atribuciones de los tribunales locales, los cuales por tanto desaparecerían. Con esto, el TEPJF sería la autoridad jurisdiccional única en el país.
Con estas dos medidas, de acuerdo a la iniciativa, se produciría un gran ahorro de recursos, que es un objetivo que corre a lo largo de toda la propuesta. Pero también se produciría una total centralización de las tareas de organización de las elecciones y de resolución de controversias en torno a ellas.
Veamos ahora el método que se propone para nombrar a los integrantes de sus órganos de dirección. Los consejeros del INEC y los magistrados del TEPJF serían electos por voto ciudadano de entre las propuestas que harían los tres poderes. Cada poder propondría 20 candidatos a consejeros y 10 a magistrados, los cuales harían campañas electorales por todo el país para convencer a la ciudadanía. A pesar de que la iniciativa plantea que estaría prohibido que los partidos hicieran campaña a favor o en contra de algún candidato, resulta obvio que los candidatos favoritos del presidente y su partido recibirían todos los apoyos para ganar. José Woldenberg ha planteado que un escenario extremo, bastante probable, es que todos los ganadores pudieran provenir de las propuestas presidenciales, lo que le daría todo el control del INEC y del TEPJF. Otro escenario posible es que ganara una combinación de las propuestas del presidente y las de su coalición gobernante. El mito presidencial de que consejeros y magistrados provengan del voto popular en realidad encubre el objetivo de controlar las instituciones electorales, lo que conduciría inevitablemente a un régimen autoritario.
*Académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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