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Organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por no cumplir con la publicación de los lineamientos para reglamentar el expendio y distribución de alimentos y bebidas ultraprocesados, que debió entrar en vigor el pasado 17 de junio. La omisión de la dependencia educativa mantiene el vacío legal a través del cual se pueden seguir vendiendo productos comestibles chatarra en las escuelas, no obstante que está prohibido por la Ley General de Educación desde diciembre de 2023.
De esta forma el amparo fue presentado por El Poder del Consumidor (EPC) y La Red Por los Derechos de la Infancia (REDIM) ante el incumplimiento de los “Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional”, sobre los cuales la SEP ha mantenido opacidad acerca de su proceso, como han manifestado anteriormente miembros de estas organizaciones.
“La publicación de los lineamientos es urgente”, señala un comunicado conjunto, puesto que enfatizan que México enfrenta un grave problema de salud pública debido a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, de las cuales niñas, niños y adolescentes no están exentos: de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020, uno de cada cuatro menores vive con obesidad; en tanto, el Atlas Mundial de la Obesidad de 2023 estima que, de no actuar para el 2030, 7 millones de infantes desarrollarán este padecimiento.
Por si fuera poco, el estudio “Burden of type 2 diabetes in Mexico: past, current and future prevalence and incidence rates” prevé que el 50% de los niños nacidos a partir del 2010 desarrollara diabetes a lo largo de su vida.
De acuerdo con otro estudio –“Predicted impact of banning nonessential, energy-dense food and beverages in schools in Mexico: A microsimulation study” (“PlosMedicine”)–, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, la publicación de los lineamientos tendría un impacto directo en la salud de las infancias, el cual ya estimaron: De implementar los lineamientos se reduciría un 9% la obesidad infantil en un año.
Con base en ello, un cálculo de EPC estima que, si la SEP no emite los lineamientos el siguiente ciclo escolar, “habrá un aumento de más de medio millón de niños con obesidad el próximo año”, dijo en junio pasado Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de EPC.
Con motivo del reciente amparo, enfatizó que el panorama de los entornos escolares alimentarios es cada vez más alarmante y resulta inadmisible que 9 de cada 10 escuelas tengan como principal oferta productos chatarra que dañan la salud de las y los escolares. “Es urgente que contemos con regulaciones fuertes, libres de conflicto de interés que, además, sean diseñadas desde una visión holística para impactar favorablemente en la salud, en el cuidado al medio ambiente y en la transformación de los sistemas alimentarios, entre otros”.
MEDIDAS CAUTELARES.
EPC y la REDIM solicitaron que se tomen medidas cautelares en lo que se resuelve el amparo. Esto implica que, en tanto la SEP no publique los lineamientos actualizados, las autoridades escolares deberán evitar la venta de comida chatarra dentro de las escuelas durante el siguiente ciclo escolar 2024-2025, así como garantizar la venta de productos y alimentos frescos, naturales, locales y saludables, señala el comunicado.
“La omisión de la SEP no solo representa una violación a la ley, sino que, al permitir que se sigan vendiendo productos chatarra dentro de las escuelas, se hacen serias violaciones a sus derechos a la salud, alimentación y educación”, explica Javier Zúñiga, coordinador del área legal de El Poder del Consumidor. “Es importante que, mientras no se publiquen los lineamientos, se tomen las medidas necesarias para garantizar que las escuelas sean entornos alimentarios saludables”.
De acuerdo con las organizaciones, los lineamientos adecuados que busquen proteger a las infancias deben ser:
1) Diseñados sin conflicto de interés, con elementos de sostenibilidad y dirigidos a la garantía de derechos de la niñez. 2) Prohibir la venta y publicidad de productos chatarra empaquetados y a granel, dentro y fuera de las escuelas. 3) Disponer de alimentos saludables a precios competitivos y acceso al agua potable gratuita. 4) Delimitar los roles y responsabilidades para la vigilancia, monitoreo y sanción. 5) Favorecer las compras a la agricultura familiar, y de pequeño y medianos productores.
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