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Dieciséis profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que laboraron más de 30 años en la institución y que en 2019 aceptaron firmar un acuerdo de jubilación voluntaria para facilitar la renovación de la planta docente, denunciaron que un año y medio después de que desocuparon sus plazas la rectoría se retractó de lo pactado en el Acuerdo de Rectoría 14-2018 e incumplió con los pagos que ofreció como un acuerdo jubilatorio vitalicio.
“Es una falta de respeto y una crueldad humana hacer esto a quienes han dedicado toda una vida a fortalecer y defender a la UAM”, expresó en entrevista para los lectores de Crónica la profesora Vida Valero Borrás, quien fue Coordinadora del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la UAM-Azcapotzalco.
Desde una perspectiva similar habla el profesor Alberto Arroyo Picard, del Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa: “Este maltrato a los jubilados no corresponde a los valores que se impulsan dentro de la universidad y es un ejemplo ético pésimo, de las autoridades de la Universidad hacia los alumnos que se están formando”.
El conflicto con profesores surgió con el rector Eduardo Peñalosa Castro y ahora está en manos del nuevo rector José Antonio de los Reyes Heredia.
Arroyo Picard y Valero Borrás, explicaron que el Acuerdo 14-2018 que creó la rectoría general de la UAM se llamaba Programa Temporal de Renovación de la Planta Académica y consistió en ofrecer a un grupo de 50 profesores que tuviera más de 70 años de edad y más de 30 años de trabajo en la UAM un estímulo de 25 mil pesos mensuales que se les pagaría adicional a la pensión oficial que les paga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“El estímulo económico nos permitiría compensar los ingresos que perderíamos al jubilarnos pues al trabajar recibíamos ingresos por antigüedad, becas y estímulos por investigación. Hay que considerar que muchos de los que aceptamos retirarnos habíamos entrado a trabajar a la UAM entre 1974 y 1978”, apunta Vida Valero.
En abril de 2021, los profesores que habían aceptado jubilarse fueron citados a una reunión por videoconferencia Zoom con el entonces rector, Eduardo Peñalosa, donde se les anunció el fin del Acuerdo 14-2018, con la explicación de que la Universidad carecía de fondos para seguirlo cubriendo los estímulos económicos ofrecidos, por lo que habían creado un nuevo plan llamado Acuerdo 10-2021 en el que les ofreció un finiquito de un millón 250 mil pesos pesos por profesor, derogando el compromiso anterior. Esa propuesta fue aceptada por algunos profesores, pero otros 17 decidieron buscar protección legal. Desafortunadamente uno de ellos falleció y sólo 16 siguen en resistencia.
“El rector nos dijo que no tenía recursos para seguirnos pagando y aquí hay algo importante que se debe aclarar. Desde que se presentó el acuerdo original sabíamos que el dinero provendría de recursos propios de la Universidad, no del subsidio que le entrega el gobierno federal, es por eso que no se puede argumentar que la falta de recursos es resultado de la Ley de Austeridad. Lo que la rectoría no ha demostrado es que carezca de recurso propios pues incluso aparecen en el presupuesto de la Universidad de 2021 y el cumplir con los acuerdos que tenía con los jubilados significaba el 2.9% de los recursos propios declarados”, detalla el profesor Arroyo Picard.
Los afectados investigaron y lograron audiencias en la Secretaría de Hacienda para averiguar si el deconocimiento de su convenio se había generado por una instrucción de esa dependencia, pero Hacienda negó cualquier vínculo con los Acuerdos emitidos por la rectoría, por lo cual los profesores solicitaron la protección de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El destino de la demanda.
Los profesores han llevado su caso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que reconoció que se trata de un conflicto laboral que justifica su intervención, pero el equipo jurídico de la Universidad interpuso una demanda de amparo en contra de la Junta, con el argumento de que el problema con los jubilados es administrativo y no laboral. Aclarar a cuál de los dos ámbitos pertenece la demanda definirá si la Universidad deberá acatar o no los laudos que emita la Junta de Conciliación.
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