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En caso de aprobarse la Ley general de ciencia de Conacyt, el futuro de los Centros Públicos de Investigación (CPI) pinta poco halagüeño, señaló Fausta Gantús, académica del Instituto Mora. Para Martín Aluja, del Inecol, con el cambio de régimen laboral de sus investigadores se estaría “de facto” destruyendo el sistema de ciencia que representa, el segundo más importante después de la UNAM.
Los académicos participaron en una de las Mesas de diálogo sobre la Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, organizada por la Asamblea Permanente y Sindicato de Personal Académico del CIDE, uno de los 26 CPIs de México.
Ambos enfatizaron que hablan a título personal, no obstante, su voz es también la de muchos colegas, dijo la académica, quien enfatizó que las personas participantes de estas mesas “no somos opositoras a la ley ni al gobierno”. Añadió que, si bien la iniciativa del Ejecutivo elaborada por Conacyt tiene algunos aspectos positivos, a muchos colegas les preocupa señalamientos que han externado reiteradamente. Semanas atrás, grupos de académicos del Instituto Mora, El Colegio de la Frontera Norte y el CIDE han manifestado algunas de estas preocupaciones.
“Hay que dejar en claro que cuando se hacen críticas de aspectos no se trata de personas haciendo una oposición sistemática y total a la iniciativa (…)”. Aquí algunas de las expuestas por la académica que significan un retroceso para los investigadores de los CPI:
Afectación de los derechos laborales, incertidumbre a las condiciones de cargo y permanencia misma; pérdida de la libertad de investigación y cátedra, en especial porque los investigadores se volverán empleados de confianza; supeditación de la ciencia a una agenda nacional cuyo interés se define en términos en términos políticos de la administración en turno; la centralización y control de la generación de conocimiento convirtiendo a los CPI al servicio del gobierno; la intervención de las fuerzas armadas en la planeación de la toma de decisiones sobre el ejercicio y desarrollo de la ciencia. “Pérdida de autonomía de los CPI y tutela de las funciones por parte de Conacyt, que se convierte en una especie de súper institución”. Estos, agregó, ejemplifican algunos de los problemas y riesgos que se desprenden de la iniciativa, pero la académica se detuvo particularmente a analizar el último punto: ¿por qué el interés de concentrar funciones y poderes de los CPI en Conacyt?
Uno de los argumentos que se esgrimen es la reducción de presupuesto, eficientar recursos económicos, humanos…, sin embargo, “me atrevo a sugerir que tras esta pretensión de unificar y concentrar los CPI hay una de dos posibilidades”.
Por un lado, dijo, está la intención de crear un contrapeso a la UNAM, después de ésta la red de los CPI es la segunda fuerza de investigación y generación de conocimiento más grande del país. “La unificación bajo el mando del Conacyt convertiría a esta red en una súper institución, ¿es acaso grave? No si fuera independiente, autónoma, desligada de intereses del poder Ejecutivo nacional, pero no lo es, sigue los lineamientos gubernamentales. La investigación exige libertad para su desarrollo”. La segunda opción es más dramática: destruir el sistema de CPI. Aluja retomaría este punto más adelante.
EMPLEADOS DE CONFIANZA
Durante su participación en la mesa “Perspectivas desde los CPIs” del encuentro organizado por los académicos del CIDE, Violeta Gleaves –académica del Centro de investigaciones biológicas del Noroeste (CIBNOR)– expuso que, si bien las autoridades federales califican su iniciativa como progresista y cuidadosa de los derechos humanos, no lo es desde el punto de vista laboral, al menos para los académicos de los CPI, también conocidos como Centros Conacyt.
La iniciativa cambia su figura laboral del Apartado A al Apartado B en el Artículo 123 de la Constitución. El primero, permite el derecho a huelga y la negociación de los derechos laborales, además de contar con un capítulo para describir actividades académicas que desempeñan los científicos y científicas del país. La iniciativa cambia esa figura en los investigadores de los CPI al Apartado B, que se rige por la Ley federal del trabajo al servicio del estado, aprobada en 2019, bajo la cual las condiciones laborales no se negocian y los investigadores son considerados personal de confianza, lo que “de facto” vulnera su estabilidad laboral, dijo la académica del CIBNOR.
“No me imagino como empleado de confianza sujeto a un apartado de la ley laboral donde puedo ser despedido porque no soy leal a la autoridad del momento”, dijo por su parte Aluja. Este cambio en la ley, enfatizó, “debería encender las alarmas de todos los integrantes de los CPI y nos debería de catapultar para tratar de hablar con los diputados, principalmente con el partido hegemónico, para explicar lo que representa. Para mí este cambio implica ‘de facto’ la aniquilación el sistema científico y tecnológico del país”.
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