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El Conacyt de Elena Álvarez-Buylla en esta administración agregó oficialmente la “h” de humanidades a su nombre con el cambio de la ley que rige el sistema de ciencia. La Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, fue la culminación de varios intentos por cambiar la legislación y estructura del Conacyt, características de una ley orgánica, mas no de una Ley General.
“Crónica” suma a su recuento del sexenio del Conacyt con “h” el tema más álgido de esta administración en el sector, la Ley general de humanidades, ciencia y Tecnología, aprobada sin consenso de la comunidad académica, con un proceso legislativo ilegítimo y de la cual se han buscado amparar investigadores nacionales, principalmente de los Centros Públicos de Investigación (CPI).
El Conacyt “del pueblo” que agregó una “h” de “humanidades” y buscó encarcelar científicos en un penal de máxima seguridad, que vulneró la estabilidad laboral de muchos científicos, y que asumió como propio el desarrollo de una vacuna diseñada con “tecnología neoliberal”, logró imponer una ley sin consenso y que provocó el rechazo de académicos de universidades, centros de investigación e instituciones de educación superior.
Actualmente, la ley es objeto del análisis de dos controversias de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –expediente 126/2023 y su acumulada 128/2023– por el deseado proceso de aprobación (antecedido por una simulación de parlamento abierto); no obstante, a lo largo de su elaboración diversos sectores de la comunidad científica externaron su preocupación por los cambios que implicaría en aspectos como la libertad de investigación, la concentración de poder, financiamiento y ausencia de órganos de representación participativa de la comunidad –aunque sí incorporó a las fuerzas armadas en su junta directiva.
Tras su aprobación, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería y la Academia Nacional de Medicina externaron su preocupación; una carta de inconformidad en Change.org acumuló 15 mil firmas; en mayo generó la movilización y marchas en diversas entidades del país y un paro de 24 horas. El tema también fue objeto de una publicación en la prestigiosa revista Science. No obstante, desde meses antes, diversos grupos –entre ellos uno de directores de instituciones de la UNAM– hicieron público la falta de consenso y discusión de la ley, por más que Conacyt indicó lo contrario.
Tras su aprobación, las organizaciones de científicos Ciencia Plural Mx y Uniendo Caminos impulsaron alrededor de 40 amparos –10 científicos por cada uno– en todo el país, que obtuvieron de un juez federal una suspensión definitiva contra los efectos de la ley. No obstante, la llamada por algunos sectores como “Ley Buylla” –y que tuvo como antecedente una impopular iniciativa presentada al inicio del gobierno por la legisladora Ana Lilia Rivera– ha seguido operando y haciendo cambios al interior de Conahcyt desde su aprobación.
Lo que no queda claro es cómo operará esta legislación con la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación o si es finalmente declarada inconstitucional por la SCJN. Lo que se avecina podría ser un “vacío legal”, señala en entrevista Gabriela Dutrénit, investigadora de la UAM Xochimilco, especialista en política de ciencia y miembro del grupo ProCienciaMx.
Si la SCJN resuelve su inconstitucionalidad, señala, no queda claro qué sucederá. “Conahcyt ya no va a existir, tendremos una Secretaría, la cual no aparece en la ley general. Quiere decir que habrá que empezar con otra legislación y, en el supuesto caso de que la SCJN no acepte su inconstitucionalidad, volvería a revisarse la ley porque hubo un cambio”.
Para grupos como ProCienciaMx –surgida en 2019 a raíz de la inconformidad por las políticas públicas de Conacyt; cuenta con más de 600 miembros de diversas instituciones del país – y otros inconformes con la Ley General, revisar la legislación es una ventana de oportunidad. “La Ley requiere de la aprobación de una mayoría simple y la pueden aprobar de manera sencilla, por lo que es importante que el próximo gobierno abra la posibilidad de incorporar cambios –como en temas presupuestales o de financiamiento”.
La académica, ex coordinadora del extinto Foro Consultivo Científico y Tecnológico, enfatiza que la ley es un retroceso en relación con lo que existía en la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, que se fue actualizando a lo largo de los últimos 20 años. “Pero la Ley General que la abrogó es un retroceso brutal en términos de la concepción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico, social y ambiental”, explica la académica,
La profesora de la UAM recuerda que la actual Ley General significa un retroceso en la gobernanza del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en todo el marco institucional, puesto que es centralista y excluye la participación pública. Si el retroceso fuera en el tiempo, añade, la política científica, tecnológica y de innovación habría regresado a lo que existía en la década de los noventa, a los años anteriores a la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002.
No obstante, la transición de gobierno y la creación de una Secretaría de Ciencia –como lo anunció Claudia Sheinbaum al nombrar a su futura titular: Rosaura Ruiz–, abre una ventana para que se realicen mejoras a la legislación, añade Dutrénit. “Con pequeñas modificaciones se avanzaría mucho y con el establecimiento de políticas públicas todavía más. Para ello, el próximo gobierno y las comunidades científicas deben mantener diálogo, como el mostrado hasta ahora”.
Dutrénit externa su optimismo ante el cambio de gobierno y los mensajes de Claudia Sheinbaum y Rosaura Ruiz en el sector. “Este fue un sexenio muy difícil para el sector de CTI, tanto para el área científica tecnológica como para la innovación: no hubo apoyo en esta área y las empresas siguieron su rumbo, pero de espaldas al gobierno; se desaprovechó una oportunidad que se fue creando, una que tiene que volcarse en desarrollo del país. Espero que todo eso se tome en cuenta en este nuevo gobierno”.
Sea como sea, con esta administración ha concluido la historia de Conacyt –que algunos entrevistados para esta serie consideran la peor (leer en las próximas entregas)–, lo cual permite avizorar un escenario más prometedor.
“Conacyt tuvo otras instituciones que le antecedieron –dice Dutrénit–, por lo que su creación (1970) fue un salto en ese ascenso. En este caso, veámoslo así, la creación de una Secretaría de Ciencia es un salto. Esperemos que sea para ir más adelante, no para declinar”.
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