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La Ley General de Educación Superior –aprobada en abril pasado con metas tan loables como alcanzar la cobertura universal con equidad y excelencia– implica retos mayúsculos que requieren la voluntad y la participación de los distintos actores que integran el sector, indicó el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Como invitado en la cuarta sesión de la Cátedra Institucional El quehacer universitario, señaló que se han abierto ventanas de oportunidad para el diseño y la construcción consensuada de mecanismos e instrumentos que propicien una operación más eficiente y eficaz del sistema de enseñanza que respondan a las circunstancias que se enfrentan como sector, pero sin alterar las conquistas históricas de las instituciones, irrenunciables por definición, contenidas en la noción de la autonomía universitaria.
De acuerdo con doctor De los Reyes Heredia ante el escenario de la pandemia la educación mexicana tuvo transformaciones que no había experimentado y que modificaron sus dinámicas, en donde la hoy reconocida responsabilidad del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la enseñanza superior y tener un número mayor de estudiantes se da en un contexto presupuestal restrictivo, hecho que es altamente preocupante.
El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato (UG), impartió la conferencia Oportunidades y retos derivados de la Ley General de Educación Superior con la participación del doctor Romualdo López Zárate, del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco como moderador.
El doctor Guerrero Agripino hizo énfasis en que esa normativa sólo es un punto de partida, ya que las grandes transformaciones no se logran por decreto o legislación.
No hay normativa perfecta, pero puede haber marcos idóneos de regulación. “Si hablamos de estado de derecho debemos poner a la vista el orden jurídico, que es el marco legislativo y el diseño de políticas que permitan su aplicación, y es ahí en donde se debe trabajar ahora”.
El rector manifestó que la Ley hace un reconocimiento a la autonomía universitaria y a la comunidad, pues se puede encontrar casi en todos sus apartados, lo cual representa legislativamente un antecedente de suma relevancia para las instituciones de educación superior autónomas de México. También hay la aceptación de la instrucción como un derecho humano, contenido en el artículo tercero constitucional.
La enseñanza en el país no puede desvincularse de su modelo de Estado, en este caso democrático y se debe tener una visión más integradora y holística mediante mayores esfuerzos vinculantes entre la educación media y la superior.
“Tenemos que ver que lo que está en la Ley sea coincidente con la legislación de Ciencia, tecnología e innovación y no ir por caminos diferentes, porque hablamos de un mismo concepto de enseñanza y desarrollo científico”.
La constitución y el marco legislativo establece el reconocimiento del trabajo académico en el que el estudiante se ubica al centro y no se debe soslayar el reconocimiento que se hace en el sector educativo por parte de la comunidad docente-investigadora, expresó Guerrero Agripino.
“Para esta nación es estratégico darle ese lugar de alta responsabilidad a quienes se dedican a la instrucción en el momento de diseñar políticas institucionales”.
El titular de la UG mencionó que si bien la Ley instaura la gratuidad de las instituciones públicas de educación superior y en sus artículos transitorios establece la creación de un fondo especial en el presupuesto del próximo año, éste hasta el momento no existe, por lo que es un aspecto pendiente.
Para el doctor en Derecho Penal, el reto es enorme para “quienes tenemos el privilegio de estar y pertenecer a una universidad pública y no podemos desvincular la autonomía con la responsabilidad”.
En la actividad realizada de manera virtual estuvieron presentes las doctoras Norma Rondero López, secretaria general de la UAM; Esther Morales Franco, representante del comité organizador de la Cátedra Institucional El quehacer universitario, y Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de la UG, entre otros académicos de ambas instituciones.
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