La marcha ciudadana y la reforma electoral

Después de presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral (desde el 28 de abril), el presidente AMLO dejó transcurrir unos meses para ver si con las presiones al impresentable líder del PRI, por medio de la no menos impresentable gobernadora de Campeche, conseguía el apoyo de ese partido para aprobarla. Parecía que el apoyo priista a la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, precisamente a partir de la iniciativa de una diputada de ese partido, era un ensayo en esa ruta, por lo que el presidente y su partido ya saboreaban la inminente (para ellos) aprobación de la reforma electoral.

Pero dos hechos cambiaron la situación. Al parecer el presidente del PRI, que logró librar por unas semanas el proceso de desafuero como diputado en su contra gracias a su apoyo a la extensión de la presencia militar, entendió (o su partido le hizo ver) que, más allá de su situación personal ante la justicia, la aprobación de la reforma electoral, tal como la plantea la iniciativa presidencial, colocaría al país en un camino sin retorno al autoritarismo y a la consolidación de Morena como partido hegemónico para las siguientes décadas.

El segundo hecho fue la marcha del 13 de noviembre, en la que decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos, no los diez o doce mil que estimó el gobierno de la Ciudad o los cincuenta o sesenta mil que estimó AMLO, que cimbró al centro de la Ciudad de México bajo el planteamiento de “El INE no se toca”. Esa marcha además cimbró el ego presidencial. AMLO no puede creer que más de doscientos mil ciudadanos (en una estimación prudente) se movilizaron contra su proyecto de reforma electoral. No puede entender que a pesar de sus insultos y descalificaciones antes de la marcha, tantos ciudadanos se decidieran a movilizarse libremente, mexicanos de diversas clases sociales y de todas las edades hayan desafiado su absurda idea de que la marcha era una movilización en contra del proceso de transformación y en contra de él, que tiene una aceptación de más del 70%, como le gusta repetir en sus mañaneras.

AMLO se prodigó en más insultos después de la marcha, pero al parecer esa porción de la ciudadanía ya perdió el miedo a movilizarse en contra del autoritarismo y la pretensión presidencial de que sus propuestas deben ser aceptadas sin chistar. Los miles de ciudadanos que llenaron Reforma y el monumento a la Revolución habitan una ciudad que desde hace más de medio siglo ha sido un bastión de la lucha contra el autoritarismo y no se dejarán doblegar por el intento de construir un nuevo régimen autoritario. Para todos ha resultado evidente que su intento de minimizar la marcha es para no reconocer que efectivamente salieron a la calle muchos más de los cien mil mexicanos que en septiembre de 2020 retó a que marcharan en su contra, ante lo cual él renunciaría de inmediato a la presidencia.

Pero también en decenas de ciudades se desplegó la protesta y eso le dolió mucho al presidente. Por eso, después de los insultos y las descalificaciones a la marcha opositora, convocó a una marcha el 27 de este mismo mes para supuestamente celebrar sus cuatro años de gobierno. Se trata de una marcha convocada desde el poder, con todos los recursos gubernamentales para satisfacer su ego.

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Además, anunció que si no se aprueba la reforma constitucional ya tenía su plan B, que, con total desconocimiento de la Constitución, propuso que mediante la reforma de las leyes reglamentarias se podrían obtener los mismos resultados: la elección ciudadana de los consejeros del INEC que propone y de los magistrados del TEPJF que sí propone mantener, así como la eliminación de los diputados de representación proporcional. Además de su completa ignorancia de la Constitución, AMLO comprueba que ni siquiera ha leído la iniciativa que redactaron para él Pablo Gómez y Horacio Duarte, porque en ella se plantea más bien la eliminación de los legisladores de mayoría y su sustitución por legisladores de representación proporcional. Esto también se comprueba con su afirmación de que su iniciativa no propone eliminar al INE sino fortalecerlo, cuando en realidad la exposición de motivos de dicho documento dice claramente en su página 10 que se propone “suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)”. Que además de la elección popular de sus consejeros se caracterizaría por no tener una estructura distrital permanente para lo cual la iniciativa no ofrece pistas de cómo se organizarían las elecciones en todo el país con ese INEC.

Después de un par de días que algunos de sus propios correligionarios, como Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, le enmendaron la plana al hacerle notar que esas modificaciones requieren forzosamente una reforma constitucional, finalmente balbuceó que el plan B incluiría algunas otras modificaciones a la legislación secundaria, dirigidas en lo fundamental a recortarle el presupuesto al INE y debilitarlo precisamente cuando el organismo electoral se prepara para hacer frente a las elecciones del año 2024. Su afán de destruir al INE no parece tener límites y cada día lo hace más evidente, poniendo en riesgo la próxima elección presidencial.

Para completar el panorama, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dice que su partido y sus aliados irán por los cuatro consejeros electorales que se deben renovar a más tardar el 3 de abril de 2023, que no negociarán con nadie y que están dispuestos a llegar hasta el momento de la insaculación por la SCJN. Esto significa que harán todo lo posible por controlar la integración del Comité Técnico que evalúa a los aspirantes y decide cómo se integran las quintetas que la Jucopo debe someter al pleno. AMLO y su partido están decididos a controlar la organización de las elecciones de 2024. ¿Lo permitiremos?

* Académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM.