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El 6 de agosto de 2014 tuvo lugar el mayor desastre ambiental causado por la actividad minera en México, cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la mina Buenavista del Cobre, a cargo de Grupo México, en Cananea, Sonora.
La UNAM fue convocada por la Semarnat para hacer una evaluación ambiental con recursos del fideicomiso Río Sonora y se conformó un grupo interdisciplinario de con investigadores y profesores de diferentes instituciones de la Universidad, que llevó a cabo un muestreo de los daños.
“En términos de la Ley de responsabilidad ambiental los resultados que se presentaron por parte de la UNAM constituyeron datos que, de manera clara y manifiesta, demuestran la existencia de daños al estado base de los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las condiciones físicas, químicas o biológicas en los ríos Bacanuchi y Sonora”, señaló Marisa Mazari, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente en Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, durante el encuentro “8 años de impunidad ante el derrame del Río Sonora”.
Se aportaron elementos necesarios y suficientes para acreditar el daño ambiental y el nexo causal entre las afectaciones entre los ecosistemas y el derrame y se identificaron las acciones necesarias para contrarrestar el daño y el seguimiento necesario.
“A ocho años, las comunidades afectadas continúan luchando por recibir atención de salud, acceso agua limpia, así como la toma de medidas necesarias para restaurar los ecosistemas y la limpieza del río. Todo esto a contracorriente del sistema de justicia de las autoridades locales y federales, así como Grupo México, empresa responsable del daño ambiental. Queda una deuda pendiente con los pobladore de la zona”, añadió la coordinadora del seminario, el cual ha advertido constantemente, junto con muchos especialistas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la inviabilidad medioambiental, social y económica de la actividad minera en nuestro país, que apenas aporta 3% del Producto Interno Bruto, de acuerdo al INEGI.
Ante el derrumbe de la mina El El Pinabete, en Coahuila, Crónica visibiliza la exposición de motivos expuestos en el SUSMAI de por qué la minería no tiene utilidad pública para México ni relevancia económica en comparación con la depredación ambiental e impacto social, muchas veces, irreparable.
AGENDA EXTRACTIVISTA.
En un encuentro en abril, con motivo de la publicación del libro “Así se ve la minería en México”, el SUSMAI recordó que la proliferación de proyectos mineros ha arrasado con los paisajes, los ecosistemas y las cuencas hidrológicas, ha destruido las actividades económicas locales, ha detonado conflictos sociales debido a la violación constante de derechos y al despojo de tierras y recursos de las comunidades.
“En distintos casos ha dado pie a situaciones de violencia e ingobernabilidad sin que los nuevos empleos, mejores servicios y la calidad de vida prometida para las poblaciones locales lleguen a concretarse. Además, las aportaciones fiscales de esta actividad no solo son menores, sino que resultan irrisorias frente a las enormes ganancias que las empresas reciben y los graves pasivos ambientales que dejan”.
En la “Agenda Ambiental 2018”, dirigida a candidatos y los tomadores de decisiones de los gobiernos entrantes –y que fue soslayada– advertía ya que los aportes de la minería al desarrollo local son inexistentes. “Según Fundar, en el 76% de los municipios con producción de oro y en el 87% con producción de plata, el nivel de pobreza de la población es mayor al promedio nacional. Por cada mil dólares obtenidos por las corporaciones mineras, las comunidades afectadas por la minería recibieron, por medio de sus gobiernos estatales y municipales 15 centavos. Tales son los montos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), que representaron el 0.015% del total del valor de la producción minera metálica en 2014”.
Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas. De acuerdo con informes de la Cuenta Pública 2019, las aportaciones fiscales de la minería representan solamente 0.56% de la recaudación total que el gobierno mexicano obtuvo en 2018 y 0.52% en 2019.
Entre las propuestas de la “Agenda Ambiental”, ninguna aplicada, se encuentra firmar una moratoria para no dar nuevas concesiones y caducidad para las que se encuentran en curso, promover una Ley Minera ciudadana y acorde a los derechos humanos, un impuesto ecológico en los estados, la solución de los (hasta entonces) 120 conflictos mineros, estudios integrales sobre la huella ecológica, acceso público a la información, investigación sobre minería (financiada por Conacyt) y el establecimiento de observatorios ciudadanos para evitar impunidad como en el caso del Río Sonora… como en todos los casos.
Permiso para depredar
De acuerdo con “Así se ve la minería en México”, el problema esencial de la minería está en su laxa regulación. Hasta ahora la actual Ley Minera, enfatiza, no contempla ninguna restricción.
Entre las mínimas restricciones y prohibiciones que debería de considerar esta práctica se encuentran:
En Áreas Naturales Protegidas, sitios RAMSAR y territorios designados como prioritarios para la conservación por la Conabio; la minería submarina, ya que, al acceder a materiales del fondo marino, en contacto con el agua, liberan elementos potencialmente tóxicos (…); sitios arqueológicos y lugares sagrados para las comunidades y pueblos.
También se debe prohibir en zonas cercanas a poblados, zonas de alta sismicidad, zonas de recarga hídrica y cercanas a cuerpos de agua.
Si bien, no son los únicos y existen otros artículos que podrían ser discutidos y también modificados, los aquí referidos suscitan el consenso tanto de numerosos pueblos y comunidades afectados por la actividad minera, como de organizaciones de la sociedad civil y una parte importante de la comunidad de académicos y académicas cuyo trabajo se centra en estos temas”.
Para no continuar destruyendo extensos territorios del país, resulta fundamental regular la actividad minera, enfatiza, “ya que en los últimos años ha quedado a merced únicamente de las reglas del mercado”.
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