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Dos años después de la extinción de 109 fideicomisos que administraban dinero público para proyectos trans-sexenales, de los cuales 44 eran para investigación científica y desarrollo tecnológico, la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez Buylla, reconoció ante diputados y senadores que parte de esos recursos se entregó a la Tesorería de la Federación para los "proyectos prioritarios" de este gobierno. La actual administración federal considera bajo esta categoría a la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
La respuesta de la directora de Conacyt fue expresada, en videoconferencia, la noche del jueves, durante una reunión con legisladores de las comisiones de ciencia, que duró casi cinco horas y media. Esa reunión de trabajo o comparecencia se realizó después de 10 meses de retrasos debido a cancelaciones previas de la responsable de la política científica del actual gobierno, que podrían haberle generado sanciones legales.
El 25 de mayo, después de su última cancelación, poco antes del horario del encuentro con Senadores, el líder de la Cámara Alta e integrante del Partido Morena, Ricardo Monreal, expresó que no tolerarían otro “desacato” de la directora de Conacyt. Una inconformidad más, que también reclamaba falta de respeto de la Directora de Conacyt, fue expresada ayer, al inicio de la sesión de trabajo, por el diputado del PAN y ex director de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló que en la Cámara de Diputados estaba el lugar donde se esperaba la presencia física de Álvarez-Buylla y criticó que la comparecencia se hubiera realizado por internet, en reunión virtual.
La desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología fue decidida, sin haber realizado auditorías, en contra de numerosas recomendaciones y manifestaciones públicas de académicos que explicaron que, al desaparecer los mencionados fideicomisos, se dañarían proyectos trans-anuales de investigaciones y coinversiones científicas hechas con organismos como Banco Mundial, las agencias de cooperación internacional de otros países y universidades extranjeras.
A pesar de esa oposición, los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, avalaron su desaparición y toma del dinero en octubre de 2020. Existen diferentes estimaciones, pero se calcula que el monto de dinero que obtuvo el gobierno federal al echar mano de esos fideicomisos fue de aproximadamente 45 mil millones de pesos. De ese dinero, aproximadamente 21 mil 853 millones se habrían entregado a la Federación para los llamados “proyectos prioritarios”, según se explicó el jueves por la noche.
“Parte de esos recursos fueron invertidos con esta claridad y eficiencia, y el resto de los recursos, pues regresaron a donde tenían que estar; a los recursos disponibles de la TESOFE (Tesorería de la Federación) para proyectos prioritarios a nivel del Gobierno Federal, incluyendo los de ciencia y tecnología”, fue la respuesta que dio la Directora de Conacyt cuando el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, preguntó:
“¿Cómo se han integrado al financiamiento de la ciencia los recursos que estaban en los fideicomisos?”.
La Directora de Conacyt abrió la sesión de trabajo con una exposición de 20 minutos, llamada Tres años de transformación, en la que presentó una reflexión personal sobre los antecedentes y circunstancia con los que recibió el cargo público que ocupa. La expresión “ciencia neoliberal” se repitió cíclicamente para referirse a prácticas y procesos que Álvarez Buylla interpretó como una manera de privatizar la ciencia.
El dato duro de mayor importancia, para apoyar su planteamiento, fue el hecho de que entre los años 2001 y 2018, las diferentes administraciones que encabezaron Conacyt transfirieron a empresas privadas 45 mil 700 millones de pesos, a través de programas oficiales para estimular la investigación e innovación.
Sobre este punto, dijo que se benefició a grandes empresas que no tenían vocación científica e incluso a compañías transnacionales como Monsanto, Intel, Kimberly Klark, VolksWagen y Mabe. A partir de estos datos, juzgó que “los resultados en innovación fueron ridículamente bajos”.
Esta exposición fue cuestionada por el diputado Romero Hicks, del PAN, quien indirectamente fue señalado como responsable de lo que acusó Álvarez Buylla, pues fue director de Conacyt entre los años 2006 y 2009. En este contexto, Juan Carlos Romero Hicks le hizo ver que los recursos fueron entregados mediante programas de gobierno oficiales y legales, y añadió que la expresión “ciencia neoliberal” es un término político que no aparece en fuentes bibliográficas.
La actual Directora de Conacyt respondió que “La ciencia neoliberal es la cooptada y convertida en tecnociencia, que prioriza el interés mercantil de una gran trasnacional por encima de los principios epistemológicos del conocimiento”.
Como acotación, el Presidente de la Comisión de Ciencia del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, dijo que la ciencia no admite dogmas.
“No puedo imaginarme que la vacuna contra el cáncer la descubra un neoliberal. Peor, que alguien a quien tachemos de neoliberal no cuente con recursos para continuar su investigación y descubra la vacuna más eficiente contra el COVID-19 o el siguiente hito en Inteligencia Artificial”, indicó el también moderador del encuentro.
A lo largo de cinco horas y veinte minutos se abordaron diferentes cambios que ha impulsado el actual gobierno en la normatividad y cargos directivos de las diferentes instituciones que integran el ecosistema de investigación científica y desarrollo tecnológico del país.
Acerca de los cambios impulsados al interior del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que es uno de los Centros Públicos de Investigación Conacyt y que generó gran inconformidad entre sus profesores y estudiantes por no haber tomado en cuenta las opiniones que habían sido expresadas en diferentes consultas, la actual directora de Conacyt dijo que durante muchos años, antes del cambio de director que ella impulso; el CIDE y muchos de sus académicos funcionaron como si estuvieran en una institución privada. “Algunos investigadores podían tener ingresos millonarios, utilizando el membrete para consultorías privadas”, indicó.
También dijo que muchos recursos de Conacyt se entregaron a “universidades depredadoras de bajísimo nivel” que imparten programas de posgrado en administración, finanzas, mercadotecnia y comercio internacional.
“Las becas de Conacyt se usaron como señuelos para estos negocios, que no son posgrados”
Del mismo modo argumentó para defender los cambios que ha impulsado ella y su equipo para negar estímulos económicos a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que trabajen en universidades privadas, con el razonamiento de que apoyar a científicos que trabajen en instituciones particulares es privatizar recursos públicos para la ciencia. Desde esta visión del mundo, la calidad, pertinencia o impacto social de cualquier desarrollo que se realice en instituciones privadas no generaría beneficio social.
Al concluir la reunión, la directora de Conacyt celebró el encuentro en redes sociales donde dijo que había escuchado las inquietudes de los legisladores y agregó:
“Reiteré nuestra disposición por mantener el diálogo y colaborar a favor del avance científico y tecnológico soberanos con compromiso social y ambiental. Agradezco la participación y el interés de las/los senadoras/es y diputadas/os de todos los grupos parlamentarios”.
Hasta el día de hoy no hay una sola denuncia penal por corrupción en alguno de los 44 fideicomisos para ciencia y tecnología que fueron desaparecidos y cuyo dinero no regresó directamente a las instituciones que los administraban. La mayoría de las faltas administrativas que se les han señalado han sido solventadas. Hasta octubre de 2020, lo fondos y fideicomisos para investigación dispersaban alrededor de 5 mil millones de pesos anuales y apoyaban al menos a mil 300 proyectos, donde participaban más de 3 mil investigadores.
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