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A la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) se le olvidó el análisis de la revisión de inconstitucionalidad de la Ley General de Ciencia, lo que ha dado pauta a que jueces de distrito hayan realizado resoluciones y dictado sentencia negativa en amparos promovidos por investigadores nacionales.
Por ello, la red de científicos Ciencia Plural Mx y la organización de activismo legal Uniendo Caminos entregaron a la Oficialía de Partes de la SCJN una “excitativa de justicia” para pedir que el tribunal máximo delibere y ponga de nuevo en su agenda la inconstitucionalidad de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en el paquete del llamado “viernes negro”, hace un año, el 28 de abril.
Días después, legisladores de la oposición interpusieron los recursos para declarar la inconstitucionalidad de la legislación debido al desaseado proceso, que llegó a prácticas delirantes de parte de los partidos con mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado.
“Ha pasado más de un año y no se ha resuelto este tema”, señaló Rodrigo Cervantes en entrevista a las afueras de la SCJN, entre el desfile, música y verbena de diferentes sectores laborales que “marchaban” en torno a una concentración en el zócalo capitalino este 1 de mayo, con motivo del Día de Trabajo.
El abogado de Uniendo Caminos explicó que la Suprema Corte no ha puesto el interés necesario al tema que afecta a investigadores de todo el país. “Ha pasado ya mucho tiempo, por lo cual incluso jueces de distrito han hecho caso omiso de un acuerdo previo que evita la emisión de resoluciones antes de resolver la inconstitucionalidad. Ya hay casos de sentencia que están afectando a los investigadores”, agregó.
Se desconoce por qué la Corte ha dejado de lado está discusión, en tanto que es de interés y relevancia para el gremio científico de todo el país. “Es por ello que promovemos este recurso, para que el tema se vuelva de nuevo parte de su mesa de trabajo”.
Tras el “viernes negro” y la puesta en vigor de la Ley General de Ciencia promovida por Cona(h)cyt, el pasado 8 mayo, se interpusieron amparos por diferentes grupos de científicos, entre ellos los de Ciencia Plural Mx y Uniendo Caminos; poco antes se habían promovido dichas acciones de inconstitucionalidad, 126 y 128, por parte de legisladores.
En agosto del año pasado, se deliberó un acuerdo por la SCJN en torno a los diversos amparos promovidos en diversos juzgados de distrito del país, “donde se ordena que no se dicten sentencias y se espere a que la SCJN resuelva las acciones de inconstitucionalidad y genere los criterios para finalizar el proceso”, señala Juan Martínez, miembro de Ciencia Plural Mx.
Agregó que, ante el incumplimiento de lo anterior, algunos de los amparos interpuestos por estas organizaciones fueron sobreseídos por no reconocerse interés jurídico a las personas. “Esto generó a su vez que se dictaran sentencias a pesar del acuerdo de que se esperara la resolución de la Suprema Corte. Esto es preocupante porque entonces cuando se dicta una sentencia negativa, son afectados los derechos de los amparados, debido a que su caso fue dictaminado, lo que limita la capa de derechos que tuvieron”.
Es por ello que se buscará impugnar estas sentencias basados en la existencia de este acuerdo y que se decidió a su vez entregar la excitativa de justicia, con base en los artículos 8 y 17: “para que el órgano jurídico, en este caso la SCJN, resuelva y tener derecho a la justicia pronta, completa y justa sin sesgos”, añadió Martínez.
Enfatizó que los jueces se han excedido en los tiempos impuestos por ellos mismos para resolver este tema, por lo que, de seguir avanzando los ordenamientos generará confusión en caso de que la ley sea revertida posteriormente. Es decir, si se declara efectivamente la inconstitucionalidad de la ley, habrá un caos con todas las medidas que Conhacyt aprueba día a día en temas de becas, reglamentos, SNI, Centros Públicos de Investigación y todos los cambios en el sistema que ha llevado a cabo de manera unilateral gracias a la verticalidad y a la concentración de poder y decisiones tomadas a partir de lo establecido por la Ley General de Ciencia.
El ecólogo enfatiza que, a pesar de lo que algunos jueces argumentan, este es un tema muy relevante para el país porque afecta a todas las universidades públicas y privadas, a los tecnológicos, a los centros de investigación y todas las entidades del país dedicadas a la investigación. “Por ello, es importante tener la certeza jurídica y terminar con esta ambigüedad en el futuro inmediato”.
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