BúsquedaLa semana pasada, tras la publicación de la entrevista de “Crónica” con Brenda Valderrama, titulada: "Hay que desmantelar lo hecho por Álvarez-Buylla para recuperar el sistema de ciencia", la investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM publicó en su X (ex Twitter):
“Comparto con ustedes la entrevista que me costó la permanencia en el SNI. Espero la valoren. Con doble dedicatoria a la directora de Conacyt con H. A partir de hoy contaré los días que faltan para que se vaya. Porque se irá y nosotros seguiremos aquí”.
La noticia se viralizó y fue retomada por otros medios, en tanto que, a través de las redes sociales, la investigadora recibió raudales de apoyo ante la “vendetta” de Conahcyt. No obstante, esta no ha sido la única “venganza” de la institución encabezada por Elena Álvarez-Buylla.
Valderrama ha sido una de las voces más críticas de la política científica de Cona(h)cyt este sexenio, al igual que más académicos a título personal, grupos y redes de científicos, como ProCienciaMx.
Incluso algunos académicos han sido señalados de manera directa por los canales institucionales de Conahcyt, como miembros de la red Ciencia Plural y la organización legal con quien han interpuesto amparos de decenas de académicos en todo el país contra la Ley General de Ciencia, principalmente de Centros Públicos de Investigación, quienes debido a su dependencia directa del Conahcyt han evitado externar sus comentarios públicamente por miedo a represalias, como ha comprobado reiteradamente este reportero a lo largo del sexenio.
Las represalias y “vendettas” no han sido sólo una característica anecdótica, el año pasado, el investigador mexicano Luis Reyes Galindo –adscrito al Departamento de Filosofía de la Universidad de Wageningen– publicó el artículo académico “Valores y vendettas: gobernanza científica populista en México” en la revista “Social Studies of Science”.
En su artículo, Reyes Galindo expone los cambios que se han realizado en la política científica en este sexenio a través del Consejo Nacional de (ahora) Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt), y concluye que lo que está en juego es una forma de “populismo de goteo” que, a través del autoritarismo sistemático, busca imponer a la comunidad académica un modelo de “gobernanza científica populista”.
Dentro de su artículo, Reyes Galindo refiere el caso de los 31 académicos, algunos ex funcionarios de Conacyt, otros ex coordinadores y ex trabajadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que fueron acusados por la dependencia –con respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR)– para buscar encarcelarlos en un penal de máxima seguridad por “desvío de recursos públicos” y “crimen organizado”. “No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie”, diría la directora Álvarez-Buylla a la prensa una mañana de septiembre de 2021. (Se supone que la adición de la H a la institución es alusiva a “humanismo”).
"(…) Esto último podría potencialmente poner a los '31 científicos' dentro de una penitenciaría federal de alta seguridad, en lo que se leyó como una ‘vendetta’ personal contra figuras destacadas de la comunidad científica no alineada debido a la creciente oposición al nombramiento del SNI 3 por parte del Fiscal General, así como la determinación de Álvarez-Buylla de deshacer el FCCyT a cualquier precio", escribe Reyes Galindo.
El académico recuerda que el fiscal Alejandro Gertz Manero reiteró seguir empujando el caso, “mientras Conacyt bombardeaba a los miembros del SIN con correos electrónicos y videos corporativos tratando de tomar distancia de los procedimientos legales.
“La Fiscalía no actúa por voto propio (motu proprio), hubo una denuncia en particular que señalaba la posible malversación de fondos, denuncia que presentó originalmente Conacyt”, dijo en septiembre de 2021 Gabriela Dutrénit, una de las acusadas, y ex coordinadora del FCCyT. En entrevista con este reportero, la académica de la UAM enfatizó que a Álvarez-Buylla “se le fue la mano, pero la Fiscalía también tiene una responsabilidad, ellos armaron el caso”.
Las “pruebas” habrían sido insuficientes y pobres, desechadas una y otra vez por jueces federales.
“No hay palabras para expresar la perversión con la cual actuaron las autoridades para acallar a quienes se opusieron a sus caprichos”, dijo en entrevista José Franco, otro de los acusados, en mayo de 2023, tras la finalización definitiva del caso (sobreseimiento) que dejó sin efecto la denuncia de Conacyt y la FGR.
“(…) nos queda claro que estas autoridades trataron no sólo de atemorizarnos, sino de destruir nuestra vida y prestigio, probablemente para mandar una señal al resto de la comunidad: quien estuviera en desacuerdo tendría la misma suerte, el peso de la justicia manipulada por este gobierno”.
Más al principio del sexenio, antes de la fallida persecución, una de las primeras “vendettas” del Conacyt y su directora se manifestaron contra Antonio Lazcano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, notable investigador internacional y uno de los críticos de la política científica de la dependencia de gobierno.
Tras reiteradas críticas y exposición del endeble marco conceptual de los rasgos de política pública populista a la que hace referencia Reyes Galindo, se sumó la publicación de una carta de Lazcano en la prestigiosa revista “Science”, uno de los mayores escaparates de la comunidad científica internacional.
El artículo “Quo vadis, Mexican science?” (¿A dónde vas, ciencia mexicana?) exponía el panorama de recortes y manifestaciones de la comunidad científica contra las decisiones tomadas hasta entonces por Conacyt, mucho antes de los cambios ilegales en el Sistema Nacional de Investigadores, mucho antes de la aprobación ilegal de la Ley General de Ciencia, mucho antes de la designación ilegal del director del CIDE, mucho antes de la acusación de los 31, mucho antes.
La respuesta del Conacyt ante el disentimiento de Lazcano fue solicitar su remoción de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores SNI, “por dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias”. En su comunicado 77, Conacyt incluso lo manifestó de manera elocuente: "El Dr. Lazcano fue notificado de la pérdida de su calidad como miembro de la Comisión Dictaminadora a la que pertenecía por incumplir con sus deberes y fallarle así a la comunidad y al pueblo de México".
El nombramiento honorario, como en todos los miembros de las comisiones, era otorgado por miembros de la misma comunidad. Tiempo después, mediante un proceso jurídico que mantuvo el biólogo, obtuvo un amparo y se reintegró a la comisión.
Las consecuencias por disentir en este gobierno en el sector científico y académico han ocurrido desde los albores del sexenio. Entre las primeras “vendettas” destaca una casi de tipo personal, cuando Beatriz Xoconostle –conocida por su investigación biotecnológica en el Cinvestav– renunció sin mayor detalle a la dirección del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), uno de los Centros Públicos de Investigación. El encono y “rivalidad científica” entre Álvarez-Buylla y Xoconostle tiene registros documentales de los debates que sostuvieron sobre organismos transgénicos.
Al principio se desconocían los motivos, Xoconostle se negó a hablar del tema –este reportero la buscó sin respuesta en más de una ocasión–, pero con el paso de los años trascendió que había sido la dirección de Conacyt quien pidió su renuncia.
“Ahora sufre el CIDE, pero ya ocurrió en el CICY cuando se pidió su renuncia a su directora, Beatriz Xoconostle, que pasó un poco desapercibida, pero significó un atentado gravísimo contra la autonomía de la institución y contra la integridad de la investigadora”, dijo Martín Aluja a este reportero en una entrevista en diciembre de 2021. El ex director del Inecol, Premio Nacional de Ciencias y uno de los científicos más respetados en el sector agrónomo ha sido uno de los pocos que ha podido levantar la voz en los CPI, del que hacen eco muchos, pero su temor por represalias es mayor.
Como mencionó Aluja, otro de los casos que quedarán documentados en esta estrategia y política de “vendettas” es el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que mantiene a sus dos ex directores alejados de reflectores y "sin comentarios", cuyas “vendettas” contra todo un corpus académico provocó la renuncia y migración de sus académicos a otras instituciones. Tras una elección ilegal de su director, José Romero, que podría tener consecuencias legales finalizado este sexenio, la cacería de brujas provocó la más grande desmantelación académica que se haya visto en la historia reciente de los CPI.
Desde Palacio Nacional la misma Álvarez-Buylla arrojó acusaciones contra académicos y ex miembros del CIDE, acusándolos de formar parte de una “red de intereses creados” que ponía a la cabeza a Sergio López Ayllón, ex director que renunció antes de terminar su periodo. Dicha “vendetta” quedó en amenaza y a Álvarez-Buylla y a Conahcyt les salió el tiro por la culata: tras acusar la implicación del INAI y mediante recursos de transparencia, quedó expuesto que la directora acusó con mentiras –o sin pruebas– a los señalados.
Todo el escenario de estigmatización, venganzas y estrategia política populista como la que ha empleado Conahcyt son consistentes con las que ha implementado el gobierno federal desde la Presidencia misma, señala Luis Reyes Galindo en el citado artículo.
“(…) las tendencias populistas pueden implicar un distanciamiento de las opiniones de los investigadores y pueden retratarlos investigadores como ‘élites alienadas del mundo’, debilitando así las voces científicas, académicas e intelectuales que pueden confrontar las afirmaciones populistas”.
El académico finaliza señalando que su texto busca contextualizar los agravios contra las comunidades académicas mexicanas “en lo que propongo es una forma de 'populismo de goteo' que, en efecto, ha resultado en la imposición de un modelo de gobernanza científica populista".
Quedan algunas semanas para que culmine gestión Álvarez-Buylla y el actual Cona(h)cyt, pero los problemas administrativos, al menos, no cesan por los actuales problemas en la convocatoria 2023 del SNI, sin embargo, no hay mal que dure cien años, recordó Brenda Valderrama un día después del citado “tuit”:
“Sonrían. Ya solo faltan 246 días para que se vayan de Conacyt” (para cuando leas esto, lector, faltarán aún menos días).
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