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El 22 de agosto, Presidencia emitió el comunicado “Oligarquía académica y política quieren invalidar la nueva ley Conahcyt para mantener privilegios”.
Con este comunicado, Presidencia busca responder a los cuestionamientos sobre la Ley general de ciencia y su vigencia, enmarcada por una oleada de amparos realizados por organizaciones civiles y ante la suspensión definitiva de sus efectos generales otorgada por un juez federal. Adicionalmente, Presidencia arroja señalamientos y acusaciones contra los panistas, al diputado y ex director de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
El comunicado confunde en su argumento inicial:
“Ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos diputados y senadores de la minoría legislativa de oposición en contra de la Ley General (…), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostiene la validez de esta norma ante la SCJN, ya que cumple con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019”.
Confunde puesto que la acción de inconstitucionalidad presentada por los legisladores de la oposición es por el proceso desaseado y unilateral ejecutado por el partido mayoritario en ambas cámaras, más allá del contenido de la ley. “Con la nueva ley del Conahcyt se salvaguardan las libertades de investigación, de cátedra y de expresión (…) La LGHCTI, que legisladores de oposición buscan invalidar, tiene como propósito recuperar la confianza en la capacidad (…)”, no hay referencia alguna al proceso, mismo que fue suficiente para echar abajo otras políticas del Poder Ejecutivo, como la Ley electoral y el Plan B.
La Presidencia señaló al ex diputado Santiago Creel: “Resulta cuestionable que el diputado Santiago Creel Miranda, el último día de su gestión en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, haya solicitado a la SCJN dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, con la finalidad de revertir una reforma que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca, cuyos recursos se entregan directamente, sin intermediarios, lo que implica un incremento de más 38 por ciento en la inversión para 2023, en comparación con 2017”.
De nuevo, el contenido de la acción de inconstitucionalidad de esta y otras legislación aprobadas el pasado 28 de abril, el llamado “viernes negro”, es irrelevante en el fondo –que se puede debatir–, puesto que lo importante para los magistrados y oposición es la forma, la práctica legislativa opaca realizada por Morena en las cámaras de Diputados y Senadores.
Pero la acusación que había guardado Conahcyt y Presidencia es al ex titular de la dependencia, cuando no tenía “h”.
El Poder Ejecutivo ha señalado constantemente el financiamiento de proyectos de la industria de gran capital, mismas que siguió subvencionando a través de estímulos fiscales, al menos al inicio del sexenio, como expuso “Crónica”.
Presidencia-Conahcyt refiere que “Al reasignar miles de millones de pesos —que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario— se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores. A través de los 91 fideicomisos constituidos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada”.
Romero Hicks, añade, “encabezó Conacyt de 2006 a 2011, mediante el programa Innovatec, entregó recursos públicos por un total de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico”.
Sobre la “oligarquía académica” ya se ha referido anteriormente Conahcyt, incluso a parte de “ésta” trató de encarcelarlos en un penal de máxima seguridad, en el mismo en que actualmente se encuentra Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.
Más recientemente, Conahcyt acusó a las organizaciones civiles y enfáticamente a sus coordinadores, científicos y abogados, a los que vinculó con organizaciones conservadoras y de militancia panista.
El comunicado concluye: “El derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado. Por ende, la SCJN debe confirmar la validez de la Ley General (…), en respeto a la libertad configurativa del Congreso de la Unión consagrada en el artículo 73, fracción XXIX-F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Lo primero no está en debate, lo segundo –bajo el halo del 29 de abril–, es indefendible.
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