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Antes de 2018, el sector científico distaba de la perfección, pero había condiciones para la libertad académica, evaluación, la existencia de órganos de consulta autónomos, claridad en asignación de recursos, entre otros. No obstante, las acciones que se han llevado a cabo por este gobierno y la dirección de Cona(h)cyt a cargo de Elena Álvarez-Buylla compromete los logros obtenidos en la historia reciente del sector, refiere señala el reporte “México social a revisión”, realizado por expertos de diferentes áreas como salud, educación, sociedad y ciencia.
El informe realizado por la organización Signos Vitales concluye, en lo concerniente a ciencia y tecnología, que la reversión a partir de 2018 incluye prácticas unilaterales que impone la dirección del Conacyt (Conahcyt), limitando así la capacidad del sector, pues debilitan el sistema científico y contribuyen a desconectar los centros de investigación de las universidades y el sector productivo.
“Estos actos ponen en riesgo los logros del pasado, limitan la incorporación de jóvenes a la academia, atentan contra el acceso a los beneficios de la Ciencia, Tecnología e Investigación y dificultan la difusión del conocimiento, especialmente en niñas, niños y jóvenes”, concluye el informe.
Durante la presentación del documento, realizado vía remota el pasado lunes, Brenda Valderrama, una de las mayores expertas en política científica en México, ahondó en algunos de los puntos que han marcado la administración de Álvarez-Buylla al frente del sector y frente al desplome de la inversión en este sector, como en la educación superior.
Respecto a la última década, el presupuesto del sector científico ha tenido un incremento real del 17%, señaló la investigadora de la UNAM, sin embargo, no ha sido para beneficio del Ramo 38, donde se encuentra Conacyt y los Centros Públicos de Investigación, que por otra parte ha bajado 32% en términos reales.
“La situación presupuestaria de la ciencia está en franco retroceso: este año se destinarían alrededor de 148 mil millones de pesos, si bien tiene un incremento del 9%, es engañoso”. Explicó que después del gasto en Servicios personales (contrataciones), Transferencia de gasto de inversión y Servicios generales, hay un rubro más que no existía hasta el año pasado: Inversiones financieras, el cual sólo beneficia a la Secretaría de Energía con recursos de 10 mil millones de pesos. “Casi la mitad del incremento del presupuesto de ciencia en el país se transferirán directamente a la CFE, por lo que no hay garantía de que se destinen para ningún proyecto de desarrollo científico”.
Además del presupuesto, agregó, se redujo también la operación de programas de Conacyt, que hace 10 años manejaba 11 programas presupuestarios y ahora sólo 3. Dos de ellos son el programa de becas de posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cuales ocupan la mayor parte del presupuesto “y tienen además gravísimos problemas financieros”.
El SNI, recordó, tiene un sobregiro de más de mil 500 millones de pesos, en tanto que el programa de becas ha sido subejercido. “Se están transfiriendo los recursos a los investigadores a través de un movimiento interno de Conacyt (…), en tanto los números de las becas se han maquillado para hacer parecer que se mantiene constante, cuando que han disminuido casi el 20%”.
La deficiencia presupuestal también ha afectado la inversión en proyectos de investigación: en 2013 se invertían 20 mil millones de pesos al año, en tanto que este año sólo mil millones, “cuya mayoría se reparten discrecionalmente”. A esto se debe añadir la pérdida neta que dejó la desaparición de los fideicomisos, apuntó. “Fueron más de 23 mil millones de pesos que desaparecieron y nunca se les pudo hallar rastro, sólo tenemos declaraciones de la directora de Conacyt diciendo que eran para los megaproyectos”.
El escenario es preocupante, añadió, si se agrega que universidades además enfrentan la desacreditación de sus programas de posgrado, alrededor de mil, por parte de esta dependencia que busca que sean las mismas universidades las que resuelvan este conflicto presupuestario, “lo cual es impensable”.
Enfatizó además que la forma en cómo se ha administrado el Conacyt “ha sido extremadamente personal” y si bien es muy probable que haya cambios en la próxima administración, “quede quien quede enfrentará un reto mayúsculo, no sólo resarcir tema presupuestario, recuperar la confianza de la Secretaría de Hacienda para lograr asignar los recursos necesarios, sino también la confianza de la comunidad académica”.
Como ejemplo, mencionó que los cambios derivados de la Ley General de Ciencia que quitó estímulos económicos a investigadores de universidades privadas generó al menos 700 amparos que, tarde o temprano, serán resueltos a favor de los demandantes, “creándole al Conacyt un pasivo de más de mil millones de pesos y además retroactivo, lo cual es un problema gravísimo en la administración pública”.
Otra resolución que tendrá consecuencias es que, a partir del año pasado, se relajaron los criterios para ingreso al SNI, lo que generó un pico extraordinario de ingresos con un impacto de más de 750 millones de pesos.
Además, se creó un fondo de retiro que tendrá un impacto presupuestario desconocido. “No tenemos datos del número de participantes, pero pueden ser varios cientos y tendrán un impacto en el presupuesto”.
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