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La ciencia, tecnología e innovación son pilares para el desarrollo de los países, ya que, gracias a la generación de conocimiento, la humanidad ha podido enfrentar retos como la generación de vacunas para contener la COVID19 y el uso de tecnologías de telecomunicación que nos permitieron mantener la comunicación durante el aislamiento ocasionado por la pandemia. La generación de conocimiento contribuye a enfrentar los desafíos de la humanidad, a promover la inclusión social, así como la construcción de una agenda de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, con la aprobación de la actual Ley General de Humanidades Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) la política científica en México está sufriendo un retroceso en muchos aspectos, no sólo en la inversión necesaria para la generación de ciencia, tecnología e innovación, sino para la generación de nuevos científicos mexicanos.
En ese sentido, el actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT) clasifica con menor relevancia a los posgrados de universidades, instituciones de educación superior o centros públicos de investigación de acuerdo con una Agenda Nacional. Derivado de ello, un gran número de estudiantes de posgrado (maestrías y doctorados) se han quedado sin becas, lo que implica que en un futuro México dependa del desarrollo en materia científica que se desarrolla en otros países, como lo sucedido en la población mexicana para el acceso a las vacunas con nuevas tecnologías.
Por lo anteriormente expuesto es necesario que las coaliciones políticas como Frente Amplio por México y Juntos Haremos Historia se involucren de manera activa en la elaboración de una política científica que ayude a México a alcanzar los niveles de desarrollo para volver al país más competitivo y autónomo en materia científica.
Por otra parte, actualmente en el Alto Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran dos acciones de inconstitucionalidad acreditadas por el treinta y tres por ciento de los integrantes de ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura.
Es importante destacar que las acciones de inconstitucionalidad son los juicios por el que la Corte resuelve si una norma transgrede la Constitución con el objetivo de preservar el orden Constitucional. En el caso de la aprobación de la Ley en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación según ambos mecanismos de inconstitucionalidad existieron violaciones en los procesos legislativos parecidos a los que se suscitaron en la aprobación del “Plan B” que pretendía acotar las facultades del INE.
Es interesante, resaltar que en el caso del “Plan B”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas dichas reformas. Al igual que en la inconstitucionalidad en materia electoral, los mecanismos de inconstitucionalidad en contra de la LGHCTI fueron adjudicados al Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea para su resolución.
En ese sentido, cabe destacar la necesidad de que dicha resolución sea atendida de manera prioritaria, ya que se están llevando a cabo reformas de fondo y forma que van en concordancia con la nueva ley, como: la suspensión en el pago de becas para alumnos de posgrado de distintas Universidades Autónomas de Querétaro, Guerrero, Sonora, México y Veracruz e Instituciones de Educación Superior, así como la reconfiguración del Sistema Nacional de Investigación y armonización normativa de los Centros Públicos de Investigación.
Bajo el criterio de cómo se desarrollan las dos acciones de inconstitucionalidad, es necesario el cierre del proceso de instrucción de los dos mecanismos en el Alto Tribunal, para que a la brevedad elabore la resolución y se dictamine en el pleno de la corte. En ese mismo sentido, es necesario que, con los juicios de amparo existentes sobre el mismo tema, los jueces respectivos deberían de dictar medidas cautelares para detener las modificaciones que el nuevo CONAHCYT está realizando, en tanto se resuelve las acciones de inconstitucionalidad.
Adicionalmente, es primordial que el caso se resuelva antes de la elaboración del presupuesto del año 2024 destinado a ciencia, tecnología e innovación, ya que éste se definirá en términos de la ley vigente, lo que aumentará el grado de complejidad en el resarcimiento de los daños por las posibles violaciones constitucionales y en los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.
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