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Las externalidades negativas y el agua
Las primeras conceptualizaciones teóricas formales, en relación con los derechos de propiedad y costos de transacción en la economía, datan de la década de los sesenta del siglo pasado cuando en el intercambio económico se asume que una buena definición de los primeros genera certidumbre, pero implica costos que no se contemplaban necesariamente dentro del análisis económico, esto es los costos de transacción.
Ronald Harry Coase (1910-2013) -economista británico y Profesor Emérito de economía de la Universidad de Chicago- fue el primero en analizar estos dos conceptos fundamentales de forma más amplia. Sus trabajos han sido un referente en el estudio de la economía, pero no sólo eso, también los vinculó al concepto de externalidades positivas o negativas, por lo que abarca también la parte social. Sus aportaciones en este campo lo hicieron merecedor de ser reconocido como el padre de la Nueva Economía Institucional y distinguido con el Premio Nobel de Economía en 1991 a edad de los ochenta años.
Estos temas son tratados de manera muy precisa en su texto “El Problema del Costo Social” (publicado en The Journal of Law and Economics, en 1960), que es uno de los más citados no sólo en el campo de la economía institucional, sino en otras disciplinas de las ciencias sociales. En este texto explica detalladamente las implicaciones que generan las diversas situaciones conflictivas entre agentes económicos, lo que le permitió descubrir los errores en que incurría la teoría económica convencional en la resolución de conflictos sociales derivados de las externalidades, ya que al ser negativas genera costos de transacción que tienen que ser asumidos o transferidos a los afectados.
Los costos de transacción son diversos, pero de forma sencilla podemos decir que se presentan en la elaboración de un contrato que puede implicar horas de trabajo por el pago a un abogado, negociarlo, mantener su buen funcionamiento, y en un momento dado, defenderlo o negociar cualquier ajuste, lo que implica una serie de costos con el fin de que si una de las partes no lo cumple no afecte a la contraparte. También la búsqueda de información para cerrar un negocio genera costos que deben contemplarse, pero los costos pueden ser muchos más amplios a medida que el número de actores es mayor.
Los costos de transacción están presentes en cualquier organización, ya sea del orden político, económico o social y, en algunas ocasiones, éstos no son considerados como parte del buen funcionamiento de la organización.
Ronald H. Coase considera que toda organización tiene costos de transacción, y dentro de éstas, considera al gobierno como una super empresa, pero de una clase muy especial, que también incurre en costos de transacción y algunas veces muy altos, debido a la gran maquinaria administrativa que representa (Coase, 1960: 17). Pero argumenta que si las externalidades se manifiestan en beneficios sociales, en este caso son positivas, los altos costos de transacción se justifican. En el caso de que esta maquinaria administrativa funcione mal, las externalidades serán negativas y los costos de transacción serán asumidos por la ciudadanía.
Estos planteamientos resultan pertinentes traerlos a nuestro entorno institucional. En nuestro país, todos los partidos que han llegado a gobernar, lo primero que hacen es imponer su sello personal a través de programas sociales específicos, logos particulares, políticas públicas de corto plazo, funcionarios improvisados caracterizados por la figura del compadrazgo, entre otros, que implican fuertes costos de transacción que no se reflejan necesariamente en externalidades sociales positivas y los costos de transacción deben de ser asumidos por la ciudadanía.
Podríamos decir que es un hábito o inercia que se repite gobierno tras gobierno y el actual no se escapa, a pesar de la austeridad republicana que presume. Hemos visto cambio de logotipo de gobierno, modificación de los nombres de programas sociales pero con la misma esencia, sustitución de personal sin experiencia o compadrazgo, pero no la eliminación de los costos de transacción a terceros que genera una mala gestión. Nuestro país está lleno de estos ejemplos, pero tomemos el caso del agua.
En la década de los años sesenta del siglo pasado, la baja presión del abasto de agua a los hogares en una ciudad que crecía demográficamente como la Ciudad de México, hizo que las familias financiaran de su presupuesto familiar tinacos o cisternas, transfiriendo esta externalidad negativa de la mala gestión al usuario. Actualmente, esa mala gestión del agua y sus externalidades negativas son asumidas por muchas familias que se ven obligadas a comprar pipas y dependiendo la zona, esperar el servicio de pipa y ni qué decir del gasto en agua embotellada. En cualquiera de las tres situaciones, representa dinero que tiene que desembolsar la familia o tiempo para esperar la pipa, afectando principalmente las actividades de las mujeres, que son las que prácticamente se ocupan de asegurar el suministro del recurso en los hogares. ¿Se ha puesto a cuantificar el gobierno de la capital del país conjuntamente con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México sobre las externalidades negativas de su mala gestión? ¿Se ha puesto a pensar la ciudadanía cómo les afecta esta externalidad negativa? Seguramente no y eso es un problema mayor.
*Profesora Investigadora adscrita al Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I.
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