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Académicos y personas relacionadas con el sector hicieron un “enfático exhorto” para detener la iniciativa de ley general de ciencia elaborada por el Conacyt, “por considerarla antidemocrática y excluyente”.
“Se trata de una propuesta que restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años”.
De acuerdo con una carta pública, firmada por cerca de dos mil 400 personas del sector científico y académico, la iniciativa “afecta drásticamente a diversas comunidades y al país en su conjunto”. Entre los firmantes se encuentran académicos de la UNAM, IPN, UAM, universidades estatales, universidades privadas, Centros Públicos de Investigación y centros de investigación. Adicionalmente, el exhorto firmado fue enviado a los y las legisladoras presidentes de las comisiones de educación y ciencia de las cámaras de Diputados y Senadores.
A continuación, la carta enumera 7 puntos específicos: 1) La eliminación de toda autonomía de los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt), la vulnerabilidad de su personal académico “y su libertad de investigación”. Un reflejo de ello es lo que ha ocurrido paradigmáticamente con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y lo que se gesta ya en otros CPIs, como el INAOE y el Inecol.
Dos: Afectaciones a los investigadores e investigadoras de ciencia básica y de frontera, quienes estarán limitados por una agenda gubernamental, definida por la Junta de Gobierno de Conacyt, para poder acceder a financiamiento para sus proyectos.
Tres: A investigadores e investigadoras que laboran en universidades privadas, a quienes se les discrimina “al negarles el derecho a ser tratados de forma semejante a cualquier académico dedicado a la investigación”. Un ejemplo paradigmático de lo anterior han sido los cambios recientes (cinco a lo largo del sexenio) del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual eliminó la percepción económica a los investigadores de universidades privadas.
Cuatro: Afectará a estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras, cuya carrera científica se verá obstaculizada por una propuesta que reduce el presupuesto para apoyos y becas; que les acota la libertad académica para escoger temas de investigación, limita los espacios para la movilidad nacional e internacional, y que dificulta su inserción laboral al transformar y deformar el programa de cátedras.
Cinco: Afectará a todas las comunidades del sector de ciencia, tecnología e innovación, que verán limitada su libertad para buscar, generar y transmitir conocimientos y no tendrán espacios para “ejercer su derecho democrático a expresar opiniones, puntos de vista, evidencia y propuestas novedosas”.
Seis: Afectará a ls empresas innovadoras, que quedan marginadas del apoyo del Estado a sus proyectos, “lo que las coloca en una desventaja ante competidores internacionales que sí reciben recursos en sus países”.
Finalmente, añade, afectará a “la sociedad mexicana en su conjunto que no podrá contar con un modelo de desarrollo científico, tecnológico y de innovación de vanguardia, acorde a los retos ambientales, económicos, sociales que el país requiere atender en el mediano y largo plazo”.
“OTROS DATOS”.
Por otra parte, Conacyt hizo público un comunicado ante las críticas que ha recibido su propuesta por parte de legisladores y de grupos de científicos, como ProCienciaMx y la Academia de Ciencias de Morelos, entre otras. “Es un regreso al pasado” y “excluyente y discriminatoria” han argumentado respectivamente bajo detenidos análisis de la iniciativa aprobada por el Presidente.
En sus “otros datos” Conacyt señala que la iniciativa no acota o limita la labor científica, como refiere el punto uno y dos de la lista anterior:
“Es importante aclarar que esta iniciativa no determina lo que es o no ciencia, ni lo que puede o no hacer la comunidad científica mexicana; tampoco restringe la libertad de investigación de las personas que quieran realizar actividades en la materia financiadas con sus propios recursos. Lo que sí establece esta iniciativa es el marco para promover que las (…) ciencias sean herramientas para el desarrollo integral de la nación y el bienestar del pueblo de México”.
En el caso de los CPI, agrega el comunicado 342, no los convierte en organismos al servicio del gobierno, sino que “armoniza su marco normativo como centros estatales financiados con recursos de todas las y los mexicanos, sin que ello conlleve generar un pensamiento único en el quehacer interno”, dice Conacyt. No obstante, a lo largo del sexenio, Conacyt ha impuesto directoras y directores en los CPIs muchos de los cuales no cuentan ni con el perfil requerido ni con la aprobación de su comunidad. De nuevo, los casos del CIDE, el Inecol, el CICY o el INAOE contradicen aquello sobre el “pensamiento único en el quehacer interno”.
Por otra parte, ante las críticas que ha recibido Conacyt por ostentar la participación de la comunidad científica en la elaboración de la iniciativa, cuando que fue una siimulación, la dependencia insistió –como lo hizo en su comparecencia ante diputados y senadores meses atrás– que llevó a cabo una “consulta amplia y constante” en la cual “no excluyó a nadie”.
No obstante, académicos han referido que si bien la consulta se hizo ante la comunidad, sus opiniones no se ven reflejadas en la iniciativa.
Un aspecto más que ha sido ampliamente criticado en la iniciativa es la nula intención de asignar un monto específico presupuestal al sector, el cual ha venido en picada desde el final del sexenio anterior. La actual iniciativa anula la pretensión –jamás alcanzada ni siquiera a la mitad– del financiemiento del 1% del PIB nacional.
Ante la imposición de los Pronaces como único mecanismo de financiemiento y la extinción de los fideicomisos –de los cuales no se ha establecido ningún mecanismo que lo subsane–, los científicos y científicas de este país tendrán que buscar nuevas formas de financiamiento de sus proyectos.
“Cabe destacar que esta iniciativa prohíbe la constitución de fidecomisos y figuras análogas que, hasta 2020, generaban dependencia entre la operación del sector y el financiamiento de proyectos, mediante múltiples fondos que se manejaron con opacidad y de forma arbitraria; mismos que permitieron transferencias millonarias a grandes empresas nacionales y trasnacionales, asociaciones civiles y universidades privadas que no requerían apoyo por parte del Estado y no dieron los resultados esperados, simulando el fomento la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”. Esos recursos ahora están en los megaproyectos del Estado, como el Tren Maya.
La carta de académicos a legiladores y población general finaliza solicitando al Poder Legislativo que “se detenga esta iniciativa y se abran espacios reales de participación en los que se incluyan para su discusión las demás iniciativas que se han presentado al poder legislativo (…) La comunidad académica tiene mucho que decir para lograrlo. Abramos el diálogo”.
Por otra parte, Conacyt invita a todo interesado a conocer su iniciativa en https://bit.ly/3jSiC7K.
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