UAQ buscará amparo contra nuevos lineamientos de posgrado de Conahcyt

La dependencia condiciona las becas a la gratuidad en las instituciones, pero que corresponde al Estado, dice en entrevista la rectora Teresa García Gasca

Consecuencia de la ley general de ciencia

Además de la UAQ, otras instituciones de educación superior deben estar atravesando por la misma situación, dijo la rectora Teresa García Gasca (c).
UAQ

Isaac Torres Cruz

08/08/2023 22:29 Actualizado a 09/08/2023 16:04

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recurrirá a un amparo institucional contra las disposiciones de la Ley General de Ciencia que condiciona el otorgamiento de becas a través del Cona(h)cyt a sus diversos programas de posgrado calificados “no prioritarios” por esta dependencia de gobierno, señaló en entrevista Teresa García Gasca, rectora de la universidad.

El pasado 7 de agosto, la UAQ informó que perdería 23 de sus programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrados y, con ello, las y los estudiantes no podrán recibir becas de posgrado. Por lo anterior, la UAQ “procederá en términos legales por la legítima defensa de los intereses de la comunidad universitaria”.

“Tenemos que recurrir al amparo necesariamente”, dijo la rectora. “Anteriormente, investigadores de manera individual recurrieron a ampararse tras la aprobación de la Ley general de ciencia por su inconstitucionalidad y el proceso que se llevó a cabo. En este momento este es el primer acto de ejecución de la ley que afecta a la universidad y a su comunidad, por lo que tendremos que recurrir a un amparo institucional”.

Interpondrán el amparo y esperarán la resolución del juez, añadió, que esperan sea favorable y les otorgue la suspensión para que las becas continúen siendo entregadas a los y las estudiantes en lo que se resuelve esta situación.

Añadió que, si bien la UAQ se ha reunido con autoridades de Conahcyt –encabezado por Elena Álvarez-Buylla– de manera individual, es una situación que enfrentan todas las instituciones de educación superior que reciben este tipo de recursos de la institución.

Hace alrededor de un mes, la rectora alertaba ya este escenario y refirió que Conahcyt estaba condicionando las becas de posgrado a cambio de garantizar la gratuidad, lo cual, si bien está referido en las leyes generales de Educación y Educación Superior, es un mandato que corresponde al Estado y no a las instituciones.

DISCRECIONALIDAD “PRIORITARIA”.

Uno de los primeros cambios –“focos de alarma”– consecuencia de la Ley General de Ciencia, explicó, es que no existen evaluaciones de los programas de posgrado como existía en el anterior Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En el ahora Sistema Nacional de Posgrados, añadió, la evaluación y criterios para considerar un programa prioritario son discrecionales, puesto que emanan de los generados por la Junta de Gobierno de Conahcyt, estructurado por la Ley General de Ciencia –aprobada ilegalmente, sin consenso de la comunidad, etc… “El PNPC era un buen sistema que permitía que los todos los posgrados fueran hacia adelante y no se discriminaba de manera discrecional como está sucediendo ahora”.

Para buscar una explicación y ante la falta de respuestas, refirió García Gasca, la institución se puso en contacto con Conahcyt a través de Flavia Loarca –secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado de la UAQ–, donde se dio a conocer que de sus 66 programas de posgrado que estaban en el PNPC, sólo 4 estaban a nivel de investigación y 39 a nivel “profesionalizante”, incluyendo varios doctorados en ciencias.

Correo enviado a la secretaría de la UAQ por parte de Conahcyt.

Estos 43 programas entran así a un esquema de asignación de becas de disminución gradual, en el que su monto disminuye cada dos años hasta quedar en un 20%. Doce programas más fueron resueltos como “no prioritarios”, sin saber las razones; por ejemplo, no se incluyeron su maestría y doctorado en Ciencias de los Alimentos –que tenían una acreditación internacional en el PNPC–. Once programas más, dice Conahcyt no cumplieron con los criterios de número de profesores en el SNI(I) –que se incrementó de golpe–, apunta.

“Haciendo el análisis de los documentos del Conahcyt vemos que en realidad el fondo de todo es la gratuidad, puesto que nos dijeron que estos 23 programas de posgrado podrían contar con beca si no cobramos colegiaturas”.

GRATUIDAD A LA MALA.

Por otra parte, durante la puesta en marcha del Sistema Nacional de Centros Públicos, otro cambio realizado con celeridad tras la aprobación de la Ley General, la directora de Conahcyt hizo referencia a los posgrados. Dijo que las instituciones educativas “deben procurar la calidad y gratuidad en su implementación, con la intención de favorecer el interés público y la voluntad social en el quehacer del sector”.

“El fondo de todo esto es hacer válida la gratuidad de las cuotas a costa de la universidad”, señala la rectora García Gasca. Si bien ésta ha sido establecida en las leyes generales de Educación y Educación Superior, se explica e indica que le corresponde al Estado y no a las instituciones esta gratuidad y recursos, sin merma de situación financiera de instituciones.

“Esto iniciaría en algunos subsistemas de educación primero hasta llegar a las universidades autónomas, cosa que tampoco sucedió. El problema de fondo es esta condición de gratuidad que nos quieren imponer a las universidades cuando no nos corresponde a nosotros. Las universidades cobramos cuotas porque con ellas complementamos gastos de operación; en nuestro caso las cuotas de posgrado no son altas y sí muy razonables y sirve para pagar la nómina. Entonces, si dejamos de cobrar cuotas, ¿quién nos dará ese recurso?”.

Teresa García Gasca enfatiza que todavía hay cosas que no quedan claras “porque Conahcyt no nos ha dado respuesta a muchas preguntas, pero estamos en el proceso de no permitir que estas cosas pasen”. Esto es: un amparo más a la larga lista que ha coleccionado Conahcyt en ese sexenio.