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La polémica en torno a los cultivos transgénicos, enfáticamente en el maíz, su discusión unilateral y dirigida desde Conacyt –cuyo trasfondo es el activismo ideológico de su directora, Elena Álvarez-Buylla–, el populismo nacionalista del que se ha servido para alimentarlo se toparon con un golpe de realidad (comercial), ante las declaraciones del negociador jefe de comercio agrícola de la Representante Comercial de Estados Unidos, Doug McKalip.
México “rechazó 14 muestras distintas de productos agrícolas que se le presentaron y no aportaron ninguna justificación”, dijo a la agencia Reuters. “Queremos asegurarnos de que hagan la ciencia, muestren su trabajo y tomen decisiones basadas en evaluaciones de riesgo”, añadió respecto al veto presidencial a la importación de maíz transgénico, que fue sustituido con uno más relajado.
Antes de cumplirse el plazo que el gobierno estadunidense dio para que México diera sus fundamentos científicos ante la medida, la Secretaría de Economía se adelantó y dio a conocer la publicación de un decreto más “laxo” en el Diario Oficial de la Federación.
“Ha sido una situación preocupante porque pone de manifiesto que se están tomando decisiones sin sustento científico” en el gobierno mexicano, señala Agustín López Munguía, uno de los investigadores más destacados del Instituto de Biotecnología de la UNAM y ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes por sus investigaciones en biotecnología aplicada a alimentos.
En entrevista, el científico señala los aspectos “absurdos” del “Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado”, uno de los cuales puede tomar de ejemplo a las tortillas transgénicas que llegaron a Taco Bell en EU, hace un par de décadas.
El científico apuntó que el gobierno mexicano ha dejado a un lado la evidencia científica y las regulaciones de organismos sanitarios del país y de otros más para tomar decisiones con “otros criterios” en el caso del maíz. Esto contrasta con el veto a las grasas trans en la producción de alimentos en el país, añadió, de la cual no hay duda que son dañinas para la salud. “En cambio, no hay ni una instancia que se haya pronunciado por el riesgo en el consumo de maíz transgénico. ¿Por qué una decisión se toma escuchando las instancias adecuadas para ello y en otras no?”.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se topó ante las exigencias del estadunidense que ha exigido dar evidencia de cuáles son los riesgos que llevaron a tal decreto. “Simplemente no los hay”.
Por su parte, las academias de ciencias y medicina estadunidenses, añade, han documentado cientos de pruebas que desestiman los riesgos del consumo de plantas modificadas genéticamente. En México, el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) hizo un estudio similar publicado en “Transgénicos. Grandes beneficios, ausencia de daños y mitos”, libro encabezado por Francisco Bolívar Zapata, científico fundamental para la obtención de “insulina transgénica” que ha beneficiado a personas en todo el mundo.
“Se trata de un documento que recoge mil 800 estudios de instancias públicas privadas, laboratorios… donde queda claro que no hay este riesgo. Más aún, tenemos 30 años de consumo de maíz modificado genéticamente sin que hasta la fecha exista algo que permita alarmar o llamar la atención. No ha habido brote ni problema que tenga origen en el consumo del maíz transgénico”.
“La mayor preocupación es que estemos tomando decisiones sin sustento científico”, enfatiza el científico, “lo cual traerá consecuencias algunas directas –como dejar de importar entre 10 y 15 millones de toneladas de maíz, con impactos en la economía y la industria alimentaria–, pero más que eso es generar una política en la toma de decisiones que no escuche las evidencias científicas”.
–¿Esto se debe a que el debate no ha sido científico ni académico, sino político?
–Es un tema que se debatió ampliamente a principios de siglo y llegamos a la conclusión de plasmar en leyes de bioseguridad los mecanismos mediante los cuales los países iban a garantizar la evaluación del riesgo de cada producto elaborado a través de estas nuevas herramientas tecnológicas, sin perder la enorme oportunidad y beneficios que tienen.
Tenemos una ley de bioseguridad como en otros países, que debemos utilizar para asegurarnos de que no existe un riesgo para la población en los nuevos desarrollos. Es el caso del maíz y sus modificaciones. Ya son una veintena de países que los producen 200 millones de hectáreas sembradas en países industrializados y en vías de desarrollo. Mientras, nosotros estamos con estas decisiones al margen de las evaluaciones que, eventualmente, habríamos tenido que hacer para tomar una decisión de este tamaño.
El Decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla (…) “En cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto”.
–Es decir que ¿no hay problema en el consumo de animales que han sido alimentados con maíz transgénico?
–Es absurdo, es lo que hemos dicho por años. Partamos de la base de que estas medidas son para proteger al consumidor, su salud. Entonces por qué permitir la alimentación de animales que después se comerán las personas, si tuvieran algo dañino ¿en qué momento se “purifican” esos elementos “tóxicos” en este maíz para que ya no sea un riesgo, no tiene sentido.
Tampoco están pensando en la absoluta facilidad con la que un maíz importado animales o industria pase a la cadena alimentaria directa humana, apunta y para ello un ejemplo que se remonta al año 2000, cuando la empresa Aventis desarrolló un maíz modificado llamado Starlink.
Después de una evaluación de las autoridades sanitarias de EU, rememora López Mungía, se comprobó que la proteína que lo hacía resistente a insectos era resistente también a la degradación térmica y tenía cierto riesgo de que, al no ser digerida rápidamente por los humanos, pudiera generar problemas de alergia.
“Entonces la EPA (Agencia de Protección Ambiental) la autorizó sólo para consumo animal, no humano. En dos o tres años, y con todos los ambientalistas encima para que se cumplieran estos ordenamientos, el Starlink obviamente ya se había metido en la cadena alimentaria humana. Llegó hasta la cadena de comida Taco bell y fue un gran escándalo. Aunque no pasó nada, demuestra lo absurdo de una medida que destina maíz a puercos y gallinas, pero no a humanos. Es muy fácil que un maíz prohibido llegue a la cadena alimentaria”.
El científico recordó un estudio publicado por la ahora directora de Conacyt, donde registró que el 90 por ciento de las tortillas que examinó en su estudio contenían maíz transgénico, en tanto que los productos derivados de éste, como harinas, botanas, cereales… contenían cerca de un 80 por ciento de transgenes.
“Se toma esta medida con el decreto, pero se olvida que ya existe un tránsito de este maíz transgénico. Esto no justifica que haya vivales que les sale más barato meter maíz amarillo, mezclarlo y hacer así las tortillas. Lo que señalo es que regular esta medida es imposible”.
Por otra parte, recuerda, se busca eliminar el uso del herbicida glifosato, sin embargo, el maíz que se siga exportando tendrá presencia de éste. “Es un poco como taparle el ojo al macho, porque seguiremos consumiendo eso que, de acuerdo con el fundamento del decreto, va a afectar la salud de los consumidores”.
DECISIONES EMOCIONALES.
Un ejemplo más que se utiliza para mostrar la importancia de la evidencia científica en la toma de decisiones en sectores como el agrícola, es el caso de Sri Lanka, recuerda el científico, que buscó llevar a cabo una agricultura totalmente orgánica sin una buena planeación, que llevó a una caída en la producción de alimentos, una crisis económica y política que no se ha logrado saldar. Todo por tomar “decisiones emocionales”.
“Si tomo una decisión que traerá un enfrentamiento político”, dice López Mungía respecto al desencuentro comercial actual, “lo mínimo es tener elementos que permitan defenderla. En el caso de las grasas trans no había duda, pero cuando no los tengo, parece ser algo que proviene más de un activismo, una militancia, un fundamentalismo que vienen desde Conacyt y permean muy bien este ambiente de ‘regreso a lo tradicional’ con el que se basan las decisiones que se toman en materia de ciencia agrícola”. Populismo, le dicen.
Detrás está Conacyt, añade, que ha impulsado una política de cero uso de biotecnología moderna en la agricultura, “lo cual contrasta brutalmente con el hecho de que fue ésta la que nos permitió obtener vacunas en la pandemia. Es neurótico porque, por un lado, tenemos un uso en la industria farmacéutica, pero no en la agricultura”.
El científico miembro de la Academia de Ciencias de Morelos puntualiza que en la actualidad Conacyt ha sido una institución que ha tomado parte en el tema y no un espacio donde se discutan todas las posibilidades en busca de resolver problemas como la seguridad alimentaria.
“En el caso del glifosato, por ejemplo, Conacyt no fue la instancia que reunió a la academia para discutir los pros y contras, sino que simplemente se exhibieron riesgos, sin tomar contraparte y las evidencias de inocuidad y el contraste; no se pudo en la balanza y se llegó a una conclusión como en otros países. Esto tampoco justifica el uso indiscriminado de ningún agroquímico”.
El científico recordó que, de acuerdo con la OMS, el nivel de riesgo glifosato es igual que el de la carne y es menor que la del alcohol. “Si la preocupación fuera la salud de los mexicanos habría que tomar cartas en el asunto de riesgos más importantes que existen en nuestra dieta”.
Decisiones basadas en evidencia científica y no en las emociones, ahí está la aspiración.
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