Un Estado democrático debe distanciarse de cualquier práctica o guiño a un Estado criminal; no son tiempos fáciles para las familias de personas desaparecidas que al salir a buscar a sus seres queridos están siendo asesinadas. Es el caso reciente del feminicidio de Esmeralda Gallardo, ocurrido el 4 de octubre de 2022 en la colonia Villa Frontera en la ciudad de Puebla, Puebla. Esmeralda buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, desaparecida el 13 de enero de 2021 a sus 22 años.

Con poco más de 30 días de distancia fue cometido otro feminicidio en contra de la madre Rosario Lilián Rodríguez Barraza en el municipio de Elota Sinaloa precisamente el 30 de agosto de 2022, que se conmemora el día internacional contra la Desaparición Forzada de personas, un golpe simbólico al corazón de las familias, sus colectividades y el movimiento de derechos humanos en general.

En 2022 en México, la impunidad ha establecido un laberinto de asesinatos, tiempo en el que han dañado a decenas de familias que buscan a sus seres queridos, arrebatando la vida de madres y padres principalmente. Hay varios elementos a tomar en cuenta, en tanto crímenes asociados a las desapariciones de sus hijas e hijos, el primero es que son asesinatos de víctimas, por tanto el Estado tiene una doble responsabilidad sobre ellas, primero en la búsqueda y localización de sus familiares y garantizar el acceso a la justicia para establecer acciones tendientes a la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas haciendo un análisis de contexto para comprender el riesgo o amenazas a las cuales las familias están expuestas antes, durante o posterior a la desaparición y, por otro lado, garantizar la vida y seguridad a las familias en una participación segura al salir a buscar a sus seres queridos, siendo que es el Estado mismo quien han propiciado las búsquedas generalizadas como un negocio y mercado desbordado, más que una atención real y legítima sobre el único resultado eficaz: encontrar a las personas desaparecidas y devolverlas a casa.

En cualquier caso queda demostrado la incapacidad del Estado para garantizar la vida y seguridad de las familias y su entorno colectivo, así como establecer los mecanismos necesarios para sus cuidados continuos y permanentes dando respuesta a las amenazas directas. El no hacerlo incurre en graves omisiones y responsabilidades incluso ante instancias internacionales donde ha signado su compromiso sobre los derechos humanos y el ejercicio de una democracia real y plena, garantizando la vida de todas las personas.

Las condenas son extensivas desde todas las colectividades y familiares de pesonas desaparecidas que se sienten interpeladas, ofendidas e indignadas por estos crímenes a lo largo del territorio nacional, decenas de estas firmas llegaron para sumar y acuerpar una lucha y un llamado a la opinión pública al poner sendos comunicados desde la universidad, pero dejando de ser potestad de nuestro espacio al ser una condena colectiva como sociedad y acompañando estas exigencias desde Guatemala, Honduras, Colombia, Argentina y España por otras firmas solidarias.

Desde luego la incertidumbre y el miedo están presentes y vulneran además a las comunidades universitarias que acompañamos a las familias, las madres, hermanas, esposas, padres, hermanos y esposos se preguntan ¿dónde será la siguiente trágica noticia? Y no, no se puede ser “positivo” y no pensar que la vulnerabilidad acecha a quienes salen forzadamente y por amor a buscar todos los días a sus seres queridos, no dejarán de hacerlo, le toca al Estado, sus insituciones, sus gobiernos en todos los niveles y lugares detener esta barbarie, esta agresión que nos lacera como sociedad.

La memoria no es una palabra hueca, sirve también para dar cuenta de la magnitud de los crímenes de lesa humanidad que nos daña como sociedad y como nación y valga este recordatorio para indignarnos y levantar la voz, para exigir los derechos propios y de las y los más vulnerables, pero sobretodo para arrebatarles a estas entidades criminales, paramilitares, a nuestras niñas, niños y jóvenes. Ellas y ellos merecen otro futuro, nosotras y nosotros también lo merecemos, no es con la demagogia o por decreto que la paz llegará a nuestro país, no es con buenos deseos ni tampoco con puestas en escena, no es la reconciliación antes que la verdad y la justicia, incluso la memoria se alimenta de éstas hasta encontrar a las personas desaparecidas.

Desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa y particularmente desde el Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina hacemos un llamado urgente a condenar estos hechos no sólo desde las coyunturas y pasar a otras agendas, es importante dar seguimiento puntual a cada amenaza y dar cuenta de que ningún riesgo debe ser invisibilizado o normalizado. Nos sentimos ofendidos y lastimados como comunidad universitaria y como acompañantes de las y los familiares en sus exigencias y en su lucha.

Abrazamos a los deudos de Esmeralda Gallardo y de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, a sus colectivos y a todas y todos quienes buscan a sus seres queridos en México. No están solas y solos, ¡Hasta Encontrarles! No olvidamos.

*Coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, Proyecto de la Rectoría de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana

proyectodesaparicionf@cua.uam.mx