Esta mañana, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una minuta proveniente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la cual se establece que ninguna persona acosadora, violentadora o deudora alimentaria podrá ocupar empleos relacionados al servicio público, así como candidaturas a cargos de elección popular.

Con 51 votos a favor de las y los legisladores capitalinos, la reforma "tres de tres" fue aprobada por unanimidad, por lo que quedan excluidos de empleos que se relacionen con servidores de la nación todos los sujetos que incurran en delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Sumado a lo que instaura la Ley, también se constituyó que respecto al artículo 38, se suspenderá el derecho a ocupar un cargo público por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal o por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

Posterior a la votación, Gabriela Quiroga Anguiano, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que dicho principio se anticipa al próximo proceso electoral en 2024, pues con ello se asegura que ninguna persona que vulnere a otro ciudadano tome posesión de candidaturas.

“La reforma constitucional Tres de Tres contra la violencia tiene la finalidad de que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya incurrido en violencia familiar, pueda tener un empleo como funcionario público o un cargo de elección popular en ninguno de los tres órdenes de Gobierno”, manifestó.

Al mismo tiempo, Ana Francis López Bayghen Patiño, diputada de MORENA, agregó que con el nuevo decreto se dejará de normalizar que los violentadores asuman espacios de toma de decisiones, por lo que la norma también actúa como una medida de sanción y prevención de los abusos en perjuicio de las mujeres.