El Congreso de la Ciudad de México celebró la “Declaratoria de Vigencia y Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de la Ciudad de México”, instrumento jurídico con el cual se busca dar mayor prontitud a todos los casos que se resuelven en los juzgados con los que cuenta el Poder Judicial de la capital del país, es decir, que la justicia sea ágil, no costosa y transparente.

Al discutirse el dictamen, los legisladores del recinto de Donceles coincidieron en que con esta reforma se unifican los procedimientos judiciales en materia civil familiar a nivel nacional, se priorizará la justicia oral, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las partes, y el uso de la justicia digital, tecnológica y alternativa; para ello, el Congreso local deberá dotar de los recursos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del Código Nacional, así como para hacer los ajustes normativos correspondientes.

El plazo en que el Código deberá entrar en vigor, en materia civil y familiar, será del 1 de diciembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025, con la obligación de que el Congreso, en coordinación con el Poder Judicial de la Ciudad de México deberá armonizar la legislación local con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, antes de que comience a aplicarse.

Asimismo, en la tribuna se expresó que los jueces tendrán un rol activo en los casos que resuelvan, brindando a los ciudadanos certeza jurídica de lo que se está discutiendo, dando oportunidad a las personas de exponer los hechos de manera oral e inmediata.

Igualmente, se pretende que los operadores jurídicos se profesionalicen de forma tal, que adquieran habilidades y destrezas para garantizar la efectividad de los nuevos procedimientos, evitando así, una pérdida de tiempo y dinero para las personas que, por cualquier razón, se encuentran inmersos en conflictos judiciales.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece las reglas y procedimientos judiciales a seguir en asuntos civiles, como propiedad, contratos, responsabilidad civil y obligaciones en general, así como en materia sucesoria y familiar, que incluye divorcios, patria potestad, adopción y pensión alimenticia. Además, se promueven medios alternativos de solución de controversias, como el arbitraje y la mediación, y se enfatiza la implementación de juicios orales en todas las materias, tanto en juicios ordinarios como ejecutivos.