En una unión que dejó de lado las diferencias partidistas, legisladores presentaron una iniciativa para despenalizar el aborto en la Ciudad de México. Con la anulación del delito de aborto del Código penal, se busca que no existan procesos legales después de haber interrumpido el embarazo, sin importar las condiciones, tiempo o circunstancias en las que haya ocurrido y se les otorga la íntegra libertad a las mujeres decidir sobre su cuerpo.

En caso de que se apruebe, ninguna mujer tendrá que ser acusada por ejercer su libertad sexual. A pesar de que, en el año 2007, se dictaminó que, en la capital, la única causal para que la interrupción del embarazo no se considere un delito, es cuando el embarazo es producto de una violación y se finiquita hasta antes de las 12 semanas, por lo que, en caso de abortar, son sometidas a señalamientos y largos procesos jurídicos que las revictimizan.

Los promoventes coincidieron en que las capitalinas tienen derecho a una vida feliz y plena, sin ser juzgadas, sometidas a las autoridades por decidir el futuro de su cuerpo. "Ninguna mujer debe de ser criminalizada por ejercer su libertad reproductiva, es nuestro cuerpo, es nuestra decisión; no hay nada más personal y político que la capacidad de decidir de las mujeres", comentó la legisladora Yuriri Ayala, quien s

Añadió que buscar un aborto seguro, legal y gratuito, no es solamente un asunto de salud pública, sino un acto de justicia social, dado que, cada vez que se le obliga a una mujer a buscar un aborto inseguro, o se le niega el acceso a este servicio, se vulnera sus derechos humanos, dignidad, integridad y libertad; la autonomía corporal no debe de ser un privilegio para unas cuantas, sino un derecho para todas. 

Con la modificación del Artículo 76, se busca suprimir la palabra aborto de los delitos culposos que se sancionarán; en la legislación vigente, la interrupción del embarazo está junto a crímenes como el homicidio, lesiones por contagio, daños, ejercicio ilegal del servicio público, evasión de presos, suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; ataques a las vías y a los medios de comunicación, delitos contra el ambiente y delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales.

Además, se pretende añadir un párrafo al Artículo 130, para imponer de seis a ocho años de prisión cuando se interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante de manera forzada, dolosa y sin consentimiento volucntario.

También, se anularía el Artículo 145 que condena con de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer que voluntariamente practique aborto o consienta que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo. Con ello, quedaría sin efecto que se le impondrán de uno a tres años de cárcel a quien hiciere abortar a una mujer con el consentimiento de esta.

Asimismo, se eliminaría que el aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. Y se cancelaría que a quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, será sujeto de cinco a ocho años de prisión.

Por igual, se invalidarían las penalizaciones a los médicos cirujanos, comadrones, parteras, enfermeros o practicantes que causen aborto o aborto forzado. En la legislación actual, a estas se les suspenden en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta.

Por último, se elimina que la única justificación para abortar sea un embarazo resultado de una violación o de una inseminación artificial; también, que la interrupción del embarazo sea justificada porque la mujer corra peligro de afectación grave a su salud; o que a juicio de los médicos especialistas, exista la razón suficiente para diagnosticar que le producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, que pongan en riesgo su sobrevivencia.

Vestidos con prendas verdes, color que distingue a la lucha por la despenalización del aborto, legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se posaron en las escalinatas del recinto de Donceles para alzar la porra a favor de las todas las mujeres que han sido penalizadas y juzgadas por decidir sobre su cuerpo.

"¡Alerta! Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo; hermana escucha, esta es tu lucha", gritaron.

Ahí se encontraba Patricia López, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexual y Reproductivos en México (ddser), quien, en entrevista con Crónica, explicó que en el 2024, el movimiento feminista cuenta con los suficientes argumentos para decir que le aborto es un derecho humano y un acceso a la salud de todas las mujeres con capacidad de gestar.

"No es un tema que debe de estar en los Códigos penales porque no es un delito decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra maternidad. Hay suficiente evidencia científica para demostrar que le aborto no causa ningún tipo de daño a las personas, al contrario, llevar un embarazo forzado al término, eso sí puede causar un montón de situaciones, de hecho es considerado tortura cuando se lleva a cabo un embarazo forzado a término".

"En la Ciudad de México, desde que se despenalizó, no existe ninguna muerte relacionada con aborto, en cambio, en los lugares donde está penalizado, existe un montón de complicaciones de salud, económicas para las personas que gestan".

"Está el delito en la Constitución, a excepción de algunas causales que nos permiten una interrupción del embarazo, lo que esta iniciativa que se propone es que ya no exista ningún delito relacionado al tema de decidor sobre nuestros cuerpos y sea un tema de la Ley de Acceso a la Salud, donde se verán términos de servicios, acceso, plazo, semanas protocolos, no es un tema a la ligera, hay una planeación para probar que no es un tema de inseguridad, de ni criminalizar, sin o que hay que garantizar el acceso a la salud".