A partir de este 15 de julio, entra en vigor la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad social para la Ciudad de México, la cual tiene como finalidad brindar una vida digna y libre de pobreza a la ciudadanía, mediante políticas públicas universales de atención integral en materia de agua, vivienda, educación, salud, espacio público, medio ambiente, trabajo, cuidados, tiempo libre y acceso a internet.

Con la Ley, se crea el Sistema General del Bienestar Social, en el que confluyan todas las instancias de Gobierno para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales universales, como alimentación, salud, educación, cuidados, vivienda y sus servicios, trabajo, protección social, medio ambiente e infraestructura social; así como la formulación de un Programa Especial al inicio de cada administración, con vigencia de seis años, que oriente las políticas públicas y programas sociales de manera transparente y participativa para contribuir al logro de las metas planteadas.

La Ley fue avalada por el Congreso capitalino el pasado 16 de junio y una vez publicada, el Gobierno capitalino deberá proteger el derecho al bienestar, concebido como el pleno goce universal, indivisible, interdependiente y progresivo de los derechos humanos, económicos    sociales, culturales y ambientales de sus habitantes, con la finalidad de crear las condiciones para gozar de una vida digna, desarrollar sus capacidades, vivir libres de pobreza y alcanzar su florecimiento, pleno desarrollo y autonomía.

También, se deberán de disminuir los factores que fomentan la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la inequitativa distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre las personas, grupos sociales y ámbitos territoriales.

En ese sentido, se obliga reducir la pobreza laboral y de tiempo de las personas cuidadoras, mejorar las condiciones en que realizan ese trabajo, e impulsar la corresponsabilidad social para reconocer, redistribuir y reducir los trabajos de cuidados que históricamente han asumido las mujeres de manera desproporcionada.

Así como a revertir los procesos de exclusión y segregación socio-territorial en la Ciudad de México en la perspectiva del logro de la justicia territorial.

En cuanto a los grupos vulnerables, la Ley del Bienestar impulsará programas de mejoramiento de las condiciones de los pueblos, barrios y colonias con la participación de las comunidades y organizaciones sociales.

En suma, se diseñará e implementar políticas, programas y servicios que permitan a las personas en situación de alta dependencia y a las personas cuidadoras contar con los suficientes recursos y servicios para una protección social completa y con ello el desarrollo de una vida digna.

Otro de los puntos de la Ley tiene como finalidad organizar y coordinar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, así como desarrollar políticas públicas, para atender de manera prioritaria a las personas en situación de alta dependencia y a quienes están a cargo de su cuidado.

De igual modo, garantizar los derechos, la vida digna y libre de discriminación para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI+.

Polémicas previas a su aprobación

Desde que el jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó la iniciativa de Ley, llegó a la Comisión de Bienestar del recinto de Donceles, presidida por Alberto Martínez Urincho, de Morena, decidieron eliminar la palabra alcaldías del documento, lo que frenaría a los titulares de las demarcaciones de realizar cualquier ayuda social y pasaría a ser una facultad del Gobierno central.

En respuesta, el grupo parlamentario de Morena expresó que la modificación al dictamen únicamente se debe a evitar que las alcaldías dupliquen los programas sociales que otorga el Gobierno central como los destinados a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Luego de muchas discusiones, la Ley se votó a favor de manera unánime, incluida la oposición del PAN - PRI y PRD, ya que la oposición insistía en que Morena y sus aliados podrían tomar un sufragio en contra como una mentira de que estaban en contra de los programas sociales.

Posteriormente, el 27 de mayo, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso capitalino, aprobó que se retire la discusión de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, de la orden del día y que su debate se llevara a cabo durante el periodo extraordinario de la legislatura.

Una vez abordado dicho periodo, el 13 de junio, con 34 votos a favor y una abstención, el Congreso respaldó la expedición de la Ley; esto luego de que fueron aprobadas las modificaciones para su aprobación, con el objetivo de que las alcaldías si puedan otorgar programas sociales, con la condición de que no se dupliquen con los que otorga el Gobierno central.

Una de las reservas que se logró fue que el artículo 58, se modificó a: "la administración pública podrá articular acciones sociales de manera inmediata para atender contingencias o emergencias; los programas sociales que implementen las alcaldías deberán de coordinarse con las áreas correspondientes de Gobierno de la ciudad, con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad, con la finalidad de maximizar el impacto económico y social de los mismos".