Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero se reunieron frente al edificio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con el objetivo de que el Gobierno Federal esclarezca las carpetas de investigación y reinicie los expedientes que las autoridades emitieron respecto a la presunta muerte de los jóvenes en el año 2014.

Con motivo del noveno aniversario de presunto crimen, los inconformes vandalizaron las entradas del organismo ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, escribiendo los mensajes "Nos faltan 43", "Ni perdón ni olvido", "Para el estado ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito"; de igual manera expusieron las fotografías de los hombres que probablemente fueron violentados por un grupo delictivo.

Los guerrerenses reclamaron que en ese entonces, el CNI tenía conocimiento de que el alcalde en turno de Iguala, José Luis Abarca, mantenía nexos con células delictivas que amedrentaban a los habitantes de la región, acciones que según los padres, califican al organismo como negligente.

Los normalistas arribaron en camiones que tenían colocados en sus ventanas diversos carteles que nombraban Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, colegio al que estaban inscritos los 43 normalistas. Al descender de las unidades, comenzaron a lanzar petardos hacia el patio central del CNI.

A pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) agendó una reunión con Luisa María Alcalde, titular de la institución, junto a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración, los manifestantes reclamaron qu ela información proporcionada por las autoridades no ayuda a que se defina el paradero de los estudiantes que fueron desalojados de un camión en una autopista de Guerrero.

Otro de los reclamos de los manifestantes expone que las autoridades de aquel momento tenían conocimiento del ataque hacia las víctimas, sin embargo, se abstuvieron de inculpar o buscar a los responsables de la desaparición.