Metrópoli

Leyes VS gentrificación por Airbnb son débiles y no resuelven déficit de vivienda popular, afirma especialista

La administración pasada dejó un faltante de 818 mil acciones de vivienda; la demanda actual ronda entre 48 mil solicitudes y solo se producen tres mil 333 nuevos espacios anualmente

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Rentas en colonias populares y céntricas no exceden los 250 pesos la noche.

Especial

Las nuevas regulaciones a la renta de Airbnb, así como limitar su préstamo a 50 por ciento de las noches en un año, con la finalidad de frenar la gentrificación, solamente hará que a menor oferta, los precios de este servicio sean excedentes y operen en la ilegalidad, a causa de nulidad de acuerdos con el Gobierno, así como leyes que exijan procesos transparentes y limitaciones en el proceso de alquiler, además de que las reformas aprobadas no ayudan a que los capitalinos obtengan vivienda asequible; así lo explicaron especialistas a este periódico.

Según la Reforma a la Ley de Turismo De la Ciudad de México, los precios de los inmuebles rentados en Airbnb han alcanzado montos excedentes, superiores a dos mil pesos por noche, lo que desplaza a los más pobres de sus colonias hacia las periferias y hace que se extinga la vivienda popular.

Además, se asegura que al disminuir su ocupación a 180 noches anuales, se frenaría la expulsión a causa de que los hoteleros convencionales tendrían mayores oportunidades de competir en el mercado; en caso de exceder el límite permitido, no se les renovará la licencia para prestadores de servicios Airbnb para el siguiente año.

Sin embargo, de las 26 mil viviendas destinadas a Airbnb en la capital, solamente el 39% tienen ocupación mayor a 180 noches por año; asimismo, detrás de las reformas aprobadas, no existe una Ley que transparente u obligue a los anfitriones de los alojamientos a apegarse a la normativa, ya que la jurisdicción en la que aparentemente se les exigiría registrarse en un padrón e identificarse como prestadores del servicio, aún no está disponible.

“Es un ejercicio de prueba y error, no tenemos un antecedente que nos diga que este modelo funciona, la ciudad de México se puede convertir en un conejillo de indias si eso no funciona, además, se traslada la responsabilidad al dueño del espacio, cuando esto tiene que ser responsabilidad de productos de un acuerdo de las plataformas y el Gobierno de la capital. La plataforma es el instrumento, pero es privada, se pide el registro para las rentas, pero no hay nada que obligue el registro, no queda claro, así como se hace la limitación a un número de noches, podría hacerse por polígono específico. Tendría que haber un acuerdo con el Gobierno para que la plataforma tenga sus propios candados”, dijo la experta en planeación y desarrollo urbano, Gabriela Salido.

“Lo que puede ayudar a contener la gentrificación es que se trate de viviendas de corta estancia, pero vuelven a intervenir en el espacio de lo privado a través de la plataforma digital. Los arrendatarios eligen la opción de la plataforma que les es más rentable, que la oferta a connacionales de un espacio porque hay una serie de condiciones que benefician las rentas, como el valor de la tierra, el que haya personas que paguen en moneda extranjera, entonces estas soluciones son paliativos, no solucionan de fondo”, agregó.

Además, contrario a lo que explicó la iniciativa, estudiantes, amas de casa o comerciantes nunca tendrían la oportunidad de rentar habitaciones Airbnb en alcaldías como Coyoacán y Benito Juárez a causa de su plusvalía y en consecuencia, tienen que vivir o rentar en demarcaciones lejanas o en otros estados; Crónica navegó en dicha plataforma y comprobó que estancias en colonias céntricas, como Pantitlán, Adolfo López Mateos, Jardín Balbuena, Agrícola Pantitlán, que gozan de transporte público cercano y el centro de la capital a un periodo de viaje de alrededor de 25 minutos, ofrecen alojamiento por 230, 290 y 252 pesos la noche; es decir, si bien en zonas “lujo” el costo es alto, existen otras opciones para los usuarios, en zonas populares que no afectarán su economía.

Por igual, los promoventes manifestaron que es esencial edificar vivienda popular, para que no solamente las inmobiliarias tengan el derecho de realizar obras de lujo y vivienda para la clase alta, además, para frenar el desplazamiento, los edificios de interés social nunca podrían ser prestados para ofrecerlos en la plataforma Airbnb.

INVI promueve la gentrificación

No obstante, institutos que aparentemente tienen el objetivo de brindar a los capitalinos vulnerables vivienda popular, también ha incurrido en obras irregulares que impulsan la gentrificación, como el inmueble en la calle Managua 714, de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde vecinos de las calles colindantes, manifestaron a Crónica que se construirá un predio de ocho pisos con 56 departamentos, en condiciones negligentes, ya que el número de niveles proyectados violan la ley de uso de suelo en la zona.

Al solicitar mediante transparencia el dictamen del polígono de actuación privado, el certificado de uso de suelo vigente y las licencias y autorizaciones hacia el predio de Managua 714, no se localiza información procedente sobre permisos otorgados a favor del inmueble citado.

El déficit de vivienda popular no se ha erradicado

Aunque la reforma explica que las acciones de vivienda popular se impulsarán y con la reducción de las rentas Airbnb se dará paso a que más hogares sean destinados a familias vulnerables y menos a turistas, según datos de la Secretaría de Vivienda, la administración pasada dejó un faltante de 818 mil acciones de vivienda, dado que la demanda actual de hogares, ronda de 45 a 48 mil unidades y la capital solamente produce tres mil 333 nuevos espacios habitacionales anualmente. Por más que en el sexenio se realizaron 112 mil acciones de vivienda, solamente 12 mil pertenecen a la adquisición de créditos de vivienda y las escrituraciones anuales no llegan a dos mil.

“El tema de vivienda popular es mucho más complejo y hay que darle de una manera integral, todos estos (Airbnb) son ofertas limitadas que no resuelven a profundidad el problema de la vivienda de interés social y más cuando solamente se ha tratado de resolver con el Instituto de Vivienda, capacidad de producción limitada. La administración pasada trató de hacer un acuerdo público-privado, pero seguían atendiendo a un sector de la población con un nivel adquisitivo superior, hoy no hay una solución clara que atienda al déficit de vivienda popular”, explicó Salido.

“Choca” con el derecho a la propiedad privada

Con todo, la iniciativa subraya que no se pretende violar la propiedad privada, sin embargo, la reforma “choca” con este derecho, el cual explica que todas las personas tienen derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Este derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

Aunque los Gobiernos tienen facultades para regular las actividades comerciales, dicha regulación no debe traspasar el límite de proporcionalidad ni afectar el núcleo esencial del derecho de la propiedad, lo que incluye la libertad de disposición y uso del inmueble.

Por igual, la economista Lourdes Sánchez compartió que al reducir la disponibilidad de habitaciones, provocaría el encarecimiento de la vivienda, dado que existe mayor necesidad y menos alojamiento disponible, lo que solamente traería beneficios a los dueños y extranjeros, los primeros al tener la posibilidad de subir a su gusto los precios de las rentas sin un “tope”, y los segundos al no estar sujetos a impuestos que afecten su economía. En suma, resaltó que los legisladores que apoyaron la reforma no contemplaron que resultaría benéfico topar el costo de los Airbnb, antes de prohibirlos la mitad del año.

La ley de la oferta y la demanda es un principio económico y matemático que describe la relación entre la oferta y la demanda de un producto o servicio en un mercado competitivo; cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio aumenta y cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio disminuye.

"Los predios, por ejemplo de la Roma, son muy caros, pero también implica que haya mayor seguridad, que las calles estén mejor alumbradas, eso le cuesta a las finanzas públicas, porque los extranjeros —muchos de los cuales viven en esa zona— no pagan un impuesto como los mexicanos, por ejemplo el ISR. Las rentas en esas zonas se encarecen porque ellos ganan en dólares; se necesita otra iniciativa, antes de la que se aprobó, tendrían que haber modificado los precios de los Airbnb, ya lo hicieron con las rentas de departamentos comunes, pero se les olvidaron los Airbnb, que realmente provocan la gentrificación. No va a resultar porque los dueños prefieren que les paguen 40 mil pesos de renta, en lugar de 20, sin problema, pueden operar sin registrarse en el padrón, nada los obliga, está la Ley, pero no se cumple, entonces a partir de esto operarán ilegalmente".

Medidas injustificadas y anticompetitivas: Airbnb

La plataforma Aribnb calificó como “injustificadas y anticompetitivas” las medidas aprobadas en la capital para limitar la cantidad de veces al año que se puede alquilar un inmueble mediante dicho portal.

“La nueva restricción al 50% de las noches al año es una medida injustificada con efectos anticompetitivos que probablemente terminará afectando a miles de familias y anfitriones que habitan en la capital del país”, denunció en un comunicado.

La compañía argumentó que las medidas irán “reduciendo las opciones de alojamientos para quienes visiten la Ciudad, en ocasiones en beneficio del turismo tradicional”.