Entra en vigor la “Ley Paola” para tipificar el delito de transfeminicidio en CDMX
Quien cometa este delito enfrentará de 35 a 70 años de prisión; además, la Fiscalía capitalina debe de evitar en todo momento los prejuicios y estereotipos de género
COMUNIDAD LGBT+
La Ciudad de México es el segundo estado, después de Nayarit, en aprobar la tipificación del delito de transfeminicidio.
A partir de este 23 de agosto, entró en vigor la “Ley Paola”, la cual tipifica el delito de transfeminicidio, además de diversas reformas de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia transmisógina, con la finalidad de que dicho delito sea reconocido, perseguido, visibilizado y castigado con penas de 30 a 70 años de cárcel.
La Ley fue aprobada el pasado 17 de julio con 45 votos a favor en el Congreso de la Ciudad de México y contempla las modificaciones al Código Civil, del Código Penal, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Víctimas buscan identificar los casos de transfeminicidio, constituir una herramienta para la correcta identificación de sus causales y ayudar a garantizar el acceso a la justicia sin revictimización, que puede operar por la criminalización de las actividades que desarrollen como trabajadoras sexuales o tan solo por la identidad de género.
La modificación de la Ley tiene su origen en la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos a la entonces Procuraduría General de Justicia, institución que demostró falta de diligencia y de aplicación de perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación del transfeminicidio de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans asesinada en 2016.
En lo que refiere al Código Penal, se propone agregar un capítulo VII, en materia de transfeminicidio, donde se establezca que comete este delito quien, por razón de identidad o expresión de género prive de la vida a una mujer trans. Además, quien cometa este delito enfrentaría de 35 a 70 años de prisión.
“Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género autopercibida; expresión de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima”, se lee en el cambio al Artículo.
La reforma al Código Civil plantea que, para las actas de defunción de las personas transgénero, en caso de que sus familiares se nieguen a realizar el trámite o pudieren vulnerar su identidad o expresión de género, el documento podrá ser tramitado por una persona que pertenezca a la familia social de la persona transgénero, en términos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. En este sentido, la modificación a esta Ley establece el concepto de familia social —personas transgénero sin vínculos sanguinarios que hayan convivido y que fueron cercanas a la víctima—.
Hacia ello, la modificación al Artículo 18 dice: “para las actas de defunción de las personas transgénero, en caso de que sus familiares se negaren a realizar el trámite o pudieren vulnerar su identidad o expresión de género, dicha acta podrá ser tramitada por una persona que pertenezca a la familia social de la persona transgénero, en términos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México”.
Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) debe de evitar en todo momento los prejuicios y estereotipos de género o de sumisión, así como de roles tradicionales asociados a factores sociales, culturales o laborales, como la forma de vestir, la expresión verbal o corporal, la condición socioeconómica o étnica, las preferencias sexuales, identidad o expresión de género o las actividades a que se dedique la mujer, sea víctima o inculpada.
Cuando exista el delito, las autoridades deben de aplicar estrictamente en la acreditación de los delitos que sean en contra de la comunidad LGBTTTI, con especial atención en el delito de transfeminicidio, el Protocolo de Actuación para la Atención a las personas de la Comunidad LGBT+.
Con todo, la Fiscalía capitalina deberá generar datos estadísticos e informes trimestrales sobre los delitos que sean en contra de la comunidad LGBTTTI, respetando en la generación de dichos datos la identidad o expresión de género real o percibida de la víctima.
La Ciudad de México es el segundo estado, después de Nayarit, en aprobar la tipificación del delito de transfeminicidio.
"La Ciudad no vela por las afectadas"
Respecto a la tipificación del delito, la activista y promotora de la Ley, Natalia Lein, expresó que, como sobreviviente de intento de transfeminicidio, cree en una justicia que no solamente castigue, sino en normas que repare, acompañe a las víctimas y escuche a los grupos vulnerables y reprochó que el Gobierno de la Ciudad de México no vela por las afectadas, además de tener instituciones rebasadas e inoperante por ayudar a las personas LGBT.
“Nosotros hemos tenido que labrar la justicia con nuestras historias de discriminación y desigualdad estructural, somos semilla y florecemos en campo florido. Somos personas que todos los días tenemos que dar cuenta a un mundo que aún no entiende nuestras identidades y que arrebata nuestras vidas; es importante la tipificación porque visibiliza una manera específica en que las mujeres trans morimos, en los cuartos de hoteles, en el espacio público, por arma blanca o de fuego, a manos de nuestras parejas y olvido de nuestras familias, pero no en el corazón de otras hermanas trans”.
"A pesar de que es importante la tipificación, esta ciudad de se ha quedado corta y le debe una deuda histórica a las personas trans. No ha tenido los esfuerzos para garantizar la no repetición a las mujeres trans; la ciudad ha pensado que el sistema penal se puede robustecer, pero no ha garantizado cómo acompañar a las víctimas con una comisión ejecutiva de atención a víctimas rebasada que no nos escucha a las personas LGBT, así como al resto de las personas que hemos sido silenciadas”.
Asimismo, exigió que el Gobierno debe de garantizar condiciones de salud, educación, vivienda y de seguridad a la comunidad LGBT. “En este país que es de derechos, libertades y seguridad, nos siguen matando”, sostuvo.
Exigen a Batres destituir al comisionado de Atención a Víctimas
En seguida, tomó el micrófono Kenia Cuevas, amiga de Paola Buenrostro, mujer transgénero que celebró las reformas, pero recordó que hace ocho años, cuando ocurrió la muerte de su compañera, este día era impensable. Además, acusó que el Ministerio Público, cuando buscó justicia por su amiga, se burló al decirle “cómo te pones así por una puta de la esquina”, aún sigue en funciones en la Fiscalía capitalina en la alcaldía Cuauhtémoc.
“La justicia no es que me entreguen el asesino, es que nunca más, ninguna otra mujer viva la revictimización que viví en ese Ministerio Público, por ser una mujer trans trabajadora sexual. Llevo dos años y medio en juicio con la Comisión de Atención a Víctimas, que el comisionado es una persona vil, que revictimiza y le exhorto al jefe de Gobierno ponga atención en la Comisión; el comisionado abandona a las víctimas, violentador, a pesar de que les gané el juicio, no la han podido ejecutar. Ya lo multaron, empezó el proceso de destitución y todavía se burla de las víctimas.
Frente a Batres, Kenia le exigió que separe al comisionado de su cargo; “esta persona se jacta de ser amigo de la presidenta electa. El discurso que tiene ella, se viene abajo con el comisionado”, dijo Cuevas.
“Los albergues, espacios para las personas trans lo hemos hecho nosotras, somos contribuyentes, lo mínimo es que las instituciones nos sepan atender, algo que no le ha querido meter este Gobierno. Cuando me cobran impuestos en el SAT, no me discriminan, sí me dicen señorita, hasta edecanes tiene para que te acompañen a hacer un trámite. Me pregunto ¿Por qué en las Fiscalías no tenemos a alguien que nos acompañe cuando asesinan a una de nuestras mujeres? Nos somos congruentes, nos engañan diciéndonos que la educación y la salud en este país es gratuita Díganme ¿A quién le ha salido gratis? Absolutamente a nadie”, finalizó enérgicamente.