Eurocámara aprueba primer proyecto para regular uso de Inteligencia Artificial
Pide limitar el uso de la vigilancia biométrica en tiempo real y establecer condiciones para sistemas como ChatGPT. Entraría en vigor en 2026
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La regulación de la inteligencia artificial (IA) en Europa dio un paso significativo este miércoles, cuando el Parlamento Europeo se pronunció a favor de limitar el uso de la vigilancia biométrica en tiempo real y estableció condiciones para los nuevos sistemas de IA, como ChatGPT. Esta ley tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la IA y al mismo tiempo mitigar los posibles riesgos asociados.
La Eurocámara fijó su posición con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, iniciando así las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo de la UE para acordar el texto final de la ley.
Tras el voto histórico en el Parlamento Europeo, se dará inicio a las negociaciones entre las tres instituciones europeas para alcanzar un acuerdo sobre el texto final de la ley. Si estas negociaciones concluyen este año, la normativa no entraría en vigor sino hasta 2026, aunque se busca acelerar este proceso.
"Lo que podemos hacer aquí es crear confianza y seguridad jurídica para permitir que la IA se desarrolle de manera positiva", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.
Brando Benifei, uno de los legisladores que impulsó la iniciativa, pidió un "enfoque común" para abordar los riesgos de la IA. "Necesitamos comparar notas con legisladores de todo el mundo".
Prohibición de vigilancia biométrica en tiempo real
Uno de los puntos clave en la posición adoptada por el Parlamento es la prohibición de la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos. Esto difiere de la postura defendida por la Comisión Europea y los países de la UE, que abogan por permitir dicha vigilancia solo bajo la autorización de un juez en casos muy específicos.
Sin embargo, se abrió la puerta para utilizar estos sistemas posteriormente, siempre y cuando se cuente con autorización judicial, en la persecución de "delitos graves".
La Eurocámara rechazó una enmienda más laxa propuesta por el Partido Popular Europeo que buscaba una protección menor de los derechos fundamentales. El PPE defendía el uso de estos sistemas con permiso de un juez para buscar personas desaparecidas, prevenir actos terroristas y localizar a aquellos que hayan cometido delitos que acarreen una pena mínima de tres años de prisión.
Proyecto para uso de IA: derechos fundamentales y valores
En medio del debate sobre la necesidad de regular los sistemas generadores de texto y contenido audiovisual, el Parlamento Europeo exige que los desarrolladores demuestren haber reducido los riesgos que la tecnología pueda representar para la salud, los derechos fundamentales y el sistema democrático.
Asimismo, se solicita que los usuarios que utilicen IA para generar imágenes falsas ("deep fakes") especifiquen que el contenido ha sido manipulado mediante esta tecnología. Además, se pide a los desarrolladores que expliquen de manera suficientemente detallada qué datos protegidos por derechos de autor se utilizaron para entrenar a los sistemas de IA.
La normativa establece que ciertos sistemas de IA con usos muy específicos, como aquellos que podrían influir en el resultado de elecciones, ser utilizados por entidades financieras para evaluar la solvencia crediticia de las personas o empleados por la policía de control de fronteras para predecir movimientos migratorios, serán considerados de alto riesgo. Estos sistemas solo podrán ser introducidos en el mercado si respetan los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha propuesto un pacto con las grandes empresas tecnológicas para que etiqueten de inmediato todo el contenido falso generado con inteligencia artificial. La directora general de la Asociación de Consumidores Europeos (BEUC), Ursula Pachl, destacó la importancia de las prohibiciones propuestas por el Parlamento Europeo para proteger los derechos fundamentales, como la prohibición del reconocimiento facial en espacios públicos y la categorización social por parte de las empresas.