ONU alerta sobre el alto riesgo de colapso del Estado de Derecho venezolano
Denuncia la reactivación de la maquinaria represiva para "desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas" al Gobierno de Maduro
informe
Una mujer llora mientras sostiene una fotografía durante una manifestación y recolección de insumos para familiares presos en Caracas.
La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela advirtió este viernes sobre el elevado riesgo de desintegración del Estado de derecho en el país, tras documentar el agravamiento de la represión del gobierno de Nicolás Maduro desde las elecciones del 28 de julio.
"Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión", declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según Valiñas, el objetivo de este plan es "desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro".
El informe presentado este viernes señala que las recientes violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, son una continuación de los abusos que en el pasado han sido calificados como crímenes de lesa humanidad.
Detenciones arbitrarias y torturas documentadas
La Misión informó que durante la campaña electoral entre el 4 y el 25 de julio, se registraron al menos 121 detenciones arbitrarias de personas que participaron en actos de campaña de la oposición. "Estas detenciones fueron seguidas de actos de tortura y desapariciones forzadas de corta duración", explicó Valiñas.
El informe describe métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia venezolanos, como "puñetazos, golpes con planchas de madera, bates envueltos en espuma, descargas eléctricas y asfixia con bolsas de plástico".
A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de estallidos de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país.
En estas manifestaciones, 25 personas murieron, en su mayoría por disparos de armas de fuego. Aunque la Misión no tiene evidencia suficiente para atribuir directamente la autoría de las muertes, se ha documentado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional disparando contra manifestantes.
Respuesta internacional
La comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad, según Valiñas, para detener esta persecución y asegurar que "las violaciones y delitos cometidos no queden impunes". Además, señaló que es necesario "dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia".
Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con firmeza las denuncias presentadas en el informe, calificándolo de "grotesca burla escrita".
Según Yáñez, la violencia postelectoral fue generada por la "derecha fascista de Venezuela", que empleó bandas criminales para atacar a personas y destruir instituciones públicas. "No fueron protestas pacíficas", sostuvo el diplomático, instando a los países a rechazar el informe de la Misión.
Reacciones de la región
Ecuador, en representación de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala y Uruguay, condenó la represión del gobierno venezolano y expresó su preocupación por la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.
Los países representados también solicitaron que los menores detenidos sean tratados de acuerdo a las normas internacionales y pidieron la "verificación imparcial de los resultados electorales".
Finalmente, Ecuador y los países que lo respaldan mostraron su apoyo a la renovación del mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que está próximo a expirar.