En México, el 72 % de las personas vinculadas a proceso requieren de un defensor público, y en el caso de Coahuila el 84 % de los asuntos en materia penal son llevados por un defensor de oficio. Pero es hora de preguntarse, “¿por qué la mayor parte de los casos se encuentran aún en juzgados?” “¿Por qué no incorporamos a las defensorías públicas, diputados, senadores, la mediación? Una vez que ustedes nos han dado ya la Ley General de Medios, de Solución de Controversias, como es la mediación, ¿por qué no hacemos un esquema de atención a la gente? De ser atentos, de atender con un espíritu de servicio”, con estos planteamientos arrancó su participación el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, en el foro “Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial de la Federación” quien admitió que sí se requiere una legislación que regule las prácticas del litigio o a los litigantes.

Y expuso más cuestionamientos, por ejemplo: “¿Cuántos asuntos de esa atención que tenemos podemos mediar?” Y, por último, entonces “¿cuántos asuntos pasan a la asesoría jurídica?” “Y si echamos a andar todo el sistema de justicia, que tiene que ver con una demanda, con una contestación. Todo un proceso. Entonces, hacemos un esquema un tanto más sencillo para la gente que le va a llevar menos tiempo a través de la mediación como una solución a un conflicto”, expresó Mery Ayup

El funcionario coahuilense señaló que hay un rezago en la resolución de los procesos judiciales por temas como presupuesto, principalmente, y se acogió al principio de la austeridad republicana: “Sí le entramos”.

Por último, dejó para la reflexión del Poder Legislativo: “Celebro que sea la defensoría, que nos toque el tema de la defensoría y la colegiación, y la colegiación bienvenida. Ahora también con la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los colegios, barras y foros de abogados están ávidos de capacitarse en el espíritu de la reforma. Ya capacitamos al Poder Judicial local, a nuestras juezas, jueces, secretarios y actuarios, pero, ¿y los abogados? ¿Cuándo vamos a capacitar a los abogados para que estemos en la misma lógica de la oralidad en todas las materias?”

Esta fue la columna de la exposición de motivos en pro y en contra respecto a propuestas de regular la actividad de los litigantes.

Reunidos en Saltillo, Coahuila, abogados, representantes de defensores públicos, magistrados, diputados y senadores hablaron sobre “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”, como parte del octavo y penúltimo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

Aunque en el proyecto de dictamen no se encuentra aún la regulación de esta actividad, se planteó que sea en un transitorio donde pueda establecer algunos lineamientos.

En tanto, para el magistrado y consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, el Poder Judicial señaló dijo que muchas de las deficiencias o cúmulo de casos ante juzgadores es propiciado por los Ministerio Público, cuya labor investigadora se aleja mucho de lo que se requiere para sustentar una sentencia de condena para el delincuente.

“Lamentablemente esa ineficiencia de las fiscalías se ha atribuido históricamente al Poder Judicial de la Federación, y esto no sólo es injusto, sino que desvía la atención de los verdaderos problemas que definitivamente no se solucionan extinguiendo una institución como es el Consejo de la Judicatura Federal, que durante casi 30 años ha sido un garante de la independencia y de la carrera judicial. Nosotros, no necesitamos una reforma en los términos propuestos, lo que necesitamos es una reforma que fortalezca a organismos internos como la defensoría pública para acercar la justicia a la gente”, expuso.

Demandó contar con un presupuesto suficiente y seguro para ampliar y capacitar a la plantilla de defensores públicos y asesores jurídicos, con el fin de atender a los usuarios de primer contacto, a las personas imputadas y a los más de 74 mil servicios de asesoría gratuita.

En tanto, Taissia Cruz Parcero, magistrada de circuito y directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), expresó que en México la defensa pública y de calidad es un derecho de todas las personas; el IFDP cuenta con autonomía técnica y de gestión, laboran más de 3 mil personas, de las cuales 874 son defensoras especializadas en materia penal y 316 son asesoras jurídicas.

Señaló que de 2023 a abril de 2024 atendieron a más de 74 mil personas en asuntos penales y casi 60 mil en el área de asesoría jurídica, principalmente personas adultas mayores, con discapacidad e indígenas migrantes, así como niñas, niños, adolescentes. Además, la paridad salarial entre fiscalías y defensorías no es un principio constitucional cumplido.

“Es preocupante el posicionamiento de un discurso que erosiona la confianza de las personas en los tribunales y que tiene como efecto perverso anular el gran valor de principios constitucionales básicos como: legalidad, debido proceso, imparcialidad, separación entre jueces y acusación, presunción de inocencia, libertad persona y proporcionalidad de personas. Ninguna defensa puede ser efectiva frente a una Judicatura temerosa. Sin independencia judicial no hay defensa”, remarcó.

Pero se pronunció que con el interés de mejorar los derechos de acceso a la justicia y una adecuada defensa, se debe reformar el artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión emita una Ley General que homologue los servicios de defensa pública en materia penal y en todas las demás materias, establezca la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las Federación y las entidades federativas, garantice la autonomía técnica y se aseguren las asignaciones presupuestales para cumplir con la paridad salarial, además de tener personal suficiente y capacitado.