La Fiscalía General de Justicia de Sonora es acusada de fabricar pruebas y detener ilegalmente a dos hermanos; de acuerdo con familiares y allegados de Joaquín Alberto "N" y Claudia "N" (quienes están encarcelados) la dependencia, encabezada por Gustavo Rómulo Salas Chávez, y el Procurador del Adulto Mayor, Armando Álvarez Nájera, hizo “acusaciones completamente falsas” para lograr la detención.

La acusación en contra de los hermanos se basa en la supuesta denuncia por secuestro de Gerald Frederik Roslee, un ciudadano estadounidense que falleció en diciembre de 2022. Según testimonios de amigos y familiares de Roslee, éste siempre mantuvo una relación cercana y cordial con Joaquín Alberto "N", y ambos solían ser vistos juntos en los lugares más concurridos de Álamos.

Investigaciones realizadas por la defensa de los acusados, encabezada por el penalista Antonio López del despacho Jurídico Bearr, revelan que Roslee padecía de una embolia y se encontraba incapacitado para firmar una denuncia en las fechas señaladas por la Fiscalía. Además, se comprobó que la firma en la denuncia fue falsificada.

La evidencia encontrada por el despacho jurídico señala que la relación entre ambos era de amistad y no de hostilidad, lo que contradice la versión de la Fiscalía.

La detención de los hermanos se llevó a cabo el 5 de julio de 2023 sin una orden de aprehensión. Los agentes de la Fiscalía estatal detuvieron a Joaquín Alberto "N" y a Claudia "N" en Álamos, Sonora, y posteriormente los trasladaron a Navojoa, Sonora, donde les mostraron la orden de aprehensión.

El jurista Antonio López señaló que la detención de Claudia "N" fue una medida de presión para obligar a su hermano a entregar dinero o propiedades a cambio de su libertad.

La comunidad de Álamos, incluyendo algunos ciudadanos estadounidenses, expresaron su descontento con la Fiscalía y la Procuraduría del Adulto Mayor. Los residentes aseguran que Roslee y Joaquín Alberto "N" eran amigos y que la acusación de secuestro es completamente falsa.

Además, la asesoría jurídica comprobó que el supuesto testigo que la Fiscalía utilizó para inculpar a los hermanos nunca hizo ninguna declaración en contra de ellos.

"Esta situación deja ver que el marco de la legalidad fue vulnerado y que hay dos personas privadas de la libertad con pruebas fabricadas, violando la fiscalía la presunción de inocencia", señaló Antonio López, asesor jurídico del despacho jurídico Bearr que representa a los acusados.

Los familiares de los hermanos presentaron videos y testimonios que evidencian el intento del Procurador del Adulto Mayor, Armando Álvarez Nájera, de comprar testimonios falsos con el apoyo del Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Ante la falta de justicia en el sistema judicial mexicano, los familiares de los hermanos anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para garantizar sus derechos humanos.

El Fiscal General Gustavo Rómulo Salas Chávez está involucrado en otros temas como la fabricación de una acusación de secuestro contra Ana Lorena Delgadillo, quien representaba a víctimas de desaparición. Y también, podría estar relacionado en el caso News Divine, donde murieron 8 jóvenes y 4 menores de edad en una discoteca en la Ciudad de México.

La comunidad de Álamos exige justicia para Joaquín Alberto "N" y Claudia "N", y cuestiona la actuación de la Fiscalía de Sonora, encabezada por un funcionario con un historial de corrupción y abuso de poder.