De cara a los foros Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial de la Federación, organizados por Morena en la Cámara de Diputados, magistrados y jueces arrancaron la víspera con un análisis en paralelo en el que abordaron las implicaciones de la iniciativa que desmantela al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) e incluye la creación del Tribunal de Disciplina justamente para sentar en el banquillo a juzgadores cuya conducta no se adapte a un eventual nuevo orden constitucional.

Este primer autoanálisis “La Reforma Judicial a Debate” fue transmitido por el Canal Justicia TV en el que participó el reconocido magistrado de Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, y la jueza de Distrito, Juana Fuentes Velázquez, en el que plantearon la necesidad de que el dictamen que ya se construye se establezca con claridad el diseño y los alcances de este tribunal disciplinario, dado que los actualmente no se actúa contra la independencia de cómo se resuelven los asuntos.

Por ello se preguntaron: ¿”Qué pasará con los asuntos en curso y la independencia judicial, así como la creación de un Tribunal Disciplinario?”

Gómez Fierro señaló que la conformación de este tribunal no es el problema, pero sí el diseño y sus alcances.

“La iniciativa, por ejemplo, refiere que tendría posibilidad de revisar la actuación de las y los ministros de la Corte, que es un órgano de última instancia. Es decir, dicho tribunal quedaría por encima de todo. Hoy no se puede sancionar a un juez por cómo resuelve, es parte de la independencia judicial, pero eso no significa discrecionalidad. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya sanciona conductas contrarias a la función jurisdiccional”, puntualizó el magistrado.

La jueza de Distrito también se refirió a este apartado de la iniciativa presidencial de reforma a la Constitución mexicana.

Enfatizó en que este tribunal de vigilancia y sanción para las personas juzgadoras debe ser creado con facultades y definir de manera clara sus funciones, pues consideró como grave que la decisión del juez pase por un tamiz de alguien que no sea experto en derecho.

“Hoy ya se puede revisar o anular una decisión que no sea correcta. Es lo que hacen los Tribunales y hasta la Suprema Corte. Si no se definen funciones para ese tribunal puede impactar las decisiones de las y los jueces. Hoy ya se cuenta con mecanismos que sancionan conductas que van más allá de los principios de juzgadores. Sería peligroso crear un tribunal que mantenga a las y los jueces inmersos en incertidumbre sobre su actuación”, expuso la jueza.

Ambos operadores de la justicia mexicana también se pronunciaron sobre el impacto de la elección por voto de las personas juzgadoras, que -dijeron- no es el método adecuado

Juan Pablo Gómez Fierro afirmó que el personaje electo no responderá a la ley, sino al votante.

“Un sistema de elección popular difícilmente derivaría en un sistema de justicia de calidad. Además, se afectará no solo a los más de 50 mil trabajadores del PJF, sino a las y los justiciables”.

El magistrado añadió que el PJF, más allá de los asuntos mediáticos, todos los días atiende muchos otros que impactan la vida de las personas como el pago de pensiones, derecho a la salud, obtención de medicamentos, protección a menores de edad, y demás temas de corte social.

Ejemplifico que en el área de su jurisdicción, el Tribunal Colegiado, se resuelven alrededor de 200 asuntos al mes, por lo que dejar todo en manos de personas que no tengan la destreza necesaria podría resultar en problemas mayores.

Juana Fuentes Velázquez, titular del Decimoprimer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México, resaltó que se debe entender que el PJF es parte de la solución y no del problema, además ha respondido para mantener la paz social.

“La propuesta de elegir a las personas juzgadoras a través del voto, como se hace en Bolivia, no serviría para México, y como hoy se puede ver, en aquel país ya tienen problemas derivados de ese método. La propuesta de reforma “no cura la enfermedad; no es la destrucción del que juzga la solución al problema. Es relevante que la sociedad y, en este caso los legisladores, conozcan lo que en realidad hace el PJF”.