En el penúltimo día del año, casi de noche, tras una convocatoria de urgencia del Comité de Adquisiciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, se consuman compras millonarias de productos inverosímiles: camiones, sueros, supuestos medicamentos y materiales milagrosos contra el COVID, tubos, escaleras plegables, pinzas, soldaduras, martillos, seguetas, sopladoras y un sinfín de fierros.

Tiempo límite para cotizar: “urgente”, se indica a los proveedores. Algunos alcanzan a responder: “Debido a la temporada decembrina y vacaciones, no podremos apoyarlos con el requerimiento”. ¿Urgencia por adquirir furgonetas y herramientas?...

Son las 19:00 horas del 30 de diciembre de 2021, apenas tres meses después de la llegada de Ricardo Gallardo Cardona como gobernador del estado. En menos de una hora, entre firmas presurosas de funcionarios, se aprueba el desembolso de 243 millones de pesos provenientes de partidas del INSABI, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y aportaciones liquidas estatales liberadas tan sólo un día antes -con la obligación de usarlas de emergencia-, aun cuando gran parte de los recursos habían estado disponibles desde abril, según convenios signados a nivel federal.

Once empresas beneficiadas, algunas sin historial de proveeduría y de rastro confuso. Todas, asignaciones directas, sin estudios de mercado.

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Un caso entre muchos. Forma parte de un nutrido expediente entregado a Crónica por funcionarios de la Contraloría General del estado -la cual revisa a las 79 dependencias del Ejecutivo local-, dedicados a labores de fiscalización. “Los contratos se dieron a empresas que ellos mismos pusieron. Lo peor es que durante la investigación no se encontró ningún indicio de que lo pagado haya entrado a inventarios, lo cual hace suponer un esquema de compra ficticia”, dice uno de los auditores. Tiene miedo a revelar su identidad, “porque no sabe cómo se las gastan aquellos”.

Casi al mismo tiempo de esta rauda adquisición, Gallardo alardeaba sobre diversas acciones a cien días de asumir el gobierno, arremetía contra la “herencia maldita” del pasado -frase predilecta-, se refrendaba como símbolo de cambio y enviaba un mensaje a los potosinos: “Tienen a un gobernador amigo, quien está atento a sus necesidades y defenderá su derecho a vivir mejor”.

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MAFIOCILLOS

Llegamos a esta tierra de agolpados edificios históricos, de cantera rosa y de poetas (aquí se formó y estableció el literato Ramón López Velarde y nació Francisco González Bocanegra, autor de los versos del himno nacional mexicano), atraídos por la huella triste de los migrantes, botín de redes de tráfico sobre la carretera federal 57, rumbo al norte. También, seducidos con la idea de sopesar la actuación de los organismos estatales encargados de la transparencia, en medio de la crisis del INAI. Una primera parada en San Luis, de otras por venir en distintos estados.

Encontramos un retrato sombrío, y un tanto inesperado -desde una óptica centralista- por el lapso breve de Gallardo en el poder: un año y siete meses. Sin embargo, por estas calles rosadas predomina el enojo e indignación entre ciudadanos y demás actores acreditados en la sociedad potosina. El fastidio parece generalizado: por doquier le reprochan sus ocurrencias, sus negocios furtivos, su opacidad, ostentación y farsa, aunque permea el “miedo”, palabra multiplicada en casi todos los testimonios.

Entre esa zozobra, hay sin embargo voces intrépidas…

“Ahora, quizá por conveniencia política, son aliados, pero no hay que olvidar que en la campaña rumbo al 2018 López Obrador los llamó mafiosillos”, rememora José Guadalupe González, presidente de una de las organizaciones más activas y con mayor credibilidad en la entidad: Ciudadanos Observando.

Se refiere a aquel marzo de 2018, cuando en una gira por San Luis le preguntaron al hoy presidente de la República si tenía las agallas para enfrentar a familias caciquiles como los Gallardo.

“Se roban dinero del presupuesto y reparten migajas, se roban el dinero de la gente, compran los votos, claro que vamos a enfrentarlos, cómo no voy a tener las agallas para enfrentar a mafiosillos”, respondió el tabasqueño.

Algo sabía…

“El resultado que Gallardo obtuvo en las urnas fue por una operación monumental de compra de votos, se enfocó a la gente más necesitada, apostando por una tarjeta a la que llamó La Cumplidora: según le iban a depositar 3 mil pesos a cada persona cuando él ganara, pero no traía ni chip ni nada”, describe

González Covarrubias

–¿Y no fue así?–, se le pregunta.

–¡Qué va! Cuando ganó, la gente comenzó a cuestionar lo de la tarjeta. Los Gallardo y su equipo organizaron cuadrillas en camiones repletos de despensas de 180 pesos que iban repartiendo en las calles a cambio de las tarjetas, así recogieron muchas. Hubo quien se esperó a ver si cumplían después, pero lo que hicieron fue incorporarlos a programas sociales. Eso de que llevan poco tiempo tampoco es válido: ya sabemos cómo operan, desde hace 14 años que el papá (Ricardo Gallardo Juárez) ganó en el municipio de Soledad es lo mismo, un proyecto electorero y financiero. De ser dueños de una pollería, ahora son multimillonarios. Tienen cantidad de propiedades y empresas. Manejan al gobierno como una empresa opaca, en la cual todos los demás son sus empleados.

Él lo ha vivido: fue incorporado al programa federal de protección de periodistas y defensores de derechos humanos tras ser amenazado de muerte por Gallardo papá, cuando este era edil de la capital. “Me clausuró mis negocios, aparecían hombres armados afuera de mi casa, me seguían, el mensaje era que si no le bajaba me cortarían la cabeza, como hampones”. Hasta la embajada de Canadá intervino ofreciéndole asilo político.

¿La razón? En 2017 José Guadalupe había sido uno de los principales promotores de la investigación en la cual se reveló el nombre fantasmal de Sandra Sánchez Ruiz como la proveedora de medicamentos predilecta del gobierno local. “Nos negaron las facturas, después de un año de luchar contra el inservible órgano de transparencia las conseguimos, habían sido hechas al vapor, le pagaron 62 millones en dos días, era un fraude, esa tal Sandra jamás se presentó, su dirección pertenecía al área del ayuntamiento, quisieron despistar abriendo una farmacita”.

EL BOTÍN

La explotación del presupuesto de salud. De nuevo salud… Así fue también en 2014, cuando la UIF acusó ante la FGR a Gallardo Cardona -y le congeló diversas cuentas- por uso de recursos de procedencia ilícita, millones de pesos destinados a la atención médica de los trabajadores del municipio de Soledad desviados a una clínica de nombre Wong, desde la cual se dispersaban a empresas de él y su familia. Estuvo preso durante 2015, pero salió libre vía un amparo. Jamás fue exonerado y el proceso sigue abierto.

En esas triangulaciones estuvieron vinculados los doctores Juan Carlos Jiménez Rivera y Juan Carlos Negrete Ayala, quienes hoy ocupan cargos directivos (director de Planeación y de Atención Médica, respectivamente) en los servicios de salud del estado.

La Secretaría del Ramo opera al año 4 mil 700 millones de pesos…

Otra vez salud y otra vez el miedo.

“Los Gallardo siempre han sido asociados aquí con cuestiones ilícitas, por eso las campañas de terror contra la prensa y cualquiera que esté en su contra han tenido impacto. Se ha desarticulado cualquier intento de oposición verbal y periodística, y mucho influye la cuestión del terror infundado”, relata Oscar G. Chávez, historiador sanluisino.

DESASTRE

Los archivos compartidos a este diario desmenuzan derroches e irregularidades en otros frentes, como en el Colegio de Bachilleres del estado y la Feria Nacional Potosina.

Durante 2022 se detectaron en Cobach más de seis millones de pesos en compras anómalas y servicios fingidos, la mayoría realizados por empresas de reciente creación, originarias de Soledad de Graciano Sánchez, bastión del gobernador. Un ejemplo, la sustitución de dos empresas dedicadas durante muchos años a prestar dinero a maestros y trabajadores de la institución por otra con porcentajes más altos de intereses, cuyos hilos apuntan, otra vez, al territorio de los Gallardo.

“Sabemos que la prestadora es de Gallardo Juárez”, acusa uno de los auditores.

La Auditoría Financiera abocada a fiscalizar cerca de 900 millones de pesos en ese año revela un exceso de adjudicaciones directas, contratos inexistentes, trabajos sin certeza de haber sido realizados o insumos sin evidencia de haber ingresado a almacén.

Además, compras de papelería a empresas dedicadas a la construcción, servicios de limpieza supuestamente ejecutados por compañías de computación y mantenimiento al sistema de aire acondicionado realizado por madereras. En algunos contratos se falsean direcciones y nombres de quienes facturan.

“En el segundo año de revisión, que correspondería a la primera cuenta pública de Gallardo, encontré un desastre financiero, una operación como de mafias, donde todo es negocio; los que ganan contratos son los conocidos de ellos, muchas empresas nuevas creadas entre el lapso que es nombrado gobernador electo y su ascenso al poder. No hay cumplimiento de normas de auditoría ni programas operativos o sectoriales”, dice uno de los fiscalizadores de la Contraloría General.

El presupuesto general de San Luis Potosí es de alrededor de 70 mil millones de pesos anuales. El 80 por ciento proviene de participaciones federales y está ya etiquetado para las diversas dependencias. Sin embargo, el presupuesto se ha concentrado en una gran bolsa manejada por la Secretaría de Finanzas, dirigida por Salvador González, uno de los principales operadores del gobernador, y los boquetes institucionales cada vez son más.

Pero más allá de los números está la realidad. Más allá de las inconsistencias asoma el agobio, pese al cerco del miedo.

-¿Miedo a qué? -se le pregunta a Juan José Rodríguez, uno de los periodistas más reconocidos en el estado.

-Miedo a una auditoría manipulada, a campañas de desprestigio, a un levantón. No sé qué tan malos sean los Gallardo, pero cómo le sacan beneficio a esa fama de malos que tienen…