La tesis básica las tres ministras que se opusieron a reabrir el debate sobre la reforma judicial parten de un principio que, hasta ahora, era invariablemente válido: la constitución no es impugnable y, una vez aprobada la reforma judicial, esos preceptos ya son parte de la Carta Magna.

Particularmente, la ministra Yasmín Esquivel, la primera en hablar en el pleno, evidenció que los precedentes de la SCJN indican que la solicitud de llevar la reforma ya aprobada a debate es improcedente. La Constitución no es impugnable, partiendo de la idea de que las normas emitidas por el Poder Reformador no se encuentran sujetas a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional, sentenció. La ministra indicó que, por tanto, la petición de los solicitantes rebasa las atribuciones de la Corte y no puede presentarse como una acción “para velar por la autonomía e independencia del PJF”.

Esquivel hizo una reflexión durante su intervención: los jueces y magistrados que se inconformaron con la reforma y solicitan que la Corte la revierta, se ostentan como expertos en derecho y, sin embargo, realizaron su solicitud basados en normas que en realidad no brindan a la Corte analizar una reforma constitucional.

El ministro ponente notó este error y decidió corregírselos, lo que a juicio de Esquivel resulta injustificable. “Mal haríamos en variar el apoyo jurídico que expresamente señalaron en su escrito, por el riesgo que significa modificarlo que con voluntad plena quisieron plantear como profesionales del Derecho”, expresó.

Comentó que la solicitud de los inconformes se presentó antes de la promulgación de la reforma judicial y su pretensión consiste en declarar su nulidad; por lo que debe declararse improcedente al haberse consumado el hecho.