Las extorsiones y amenazas a comerciantes y transportistas de Acapulco se agravan a pesar de la presencia de que el Gobierno Federal envió 25 mil soldados al puerto guerrerense, tras las denuncias de que este importante centro turístico sigue bajo fuerte presencia de grupos criminales que buscan controlar sus operaciones y mercado de venta de drogas en la región. Esta crisis de inseguridad se suma a la falta de ayuda de las autoridades federales, estatales y municipales, que no han logrado auxiliar de manera íntegra a los acapulqueños que resultaron afectados por el impacto del huracán Otis el pasado 25 de octubre.

Información que destaca la agencia Associated Press, señala que la principal cámara empresarial de Acapulco informó que las amenazas y ataques de grupos delictivos han provocado que alrededor del 90% del transporte público de la ciudad hayan dejado de operar, afectando el principal medio de transporte del puerto. La cámara señaló que la violencia obligó a los negocios a cerrar temprano el jueves y viernes, y este sábado se vieron algunos negocios cerrar un poco más tarde.

Los grupos del crimen organizado se burlan de las autoridades, ya que cometen todo tipo de delitos a plena luz del día, provocando que 90% del transporte público haya dejado de ofrecer servicio, señaló Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Acapulco.

Martínez Sidney aparentemente se refería a los ataques a camiones y camiones de pasajeros de propiedad y operación privada en los últimos días. Medios locales publicaron que al menos tres unidades fueron incendiadas, como represalia por la negativa a pagar extorsiones.

A la situación de inseguridad se suma la devastación causada por el huracán de categoría 5 que azotó el puerto y que según cifras del Gobierno Federal, ha dejado sólo 52 muertos y 32 desaparecidos, además de haber dañado en su mayoría la infraestructura hotelera.